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JEFE MILITAR IMPIDIÓ INSPECCIÓN A INSTALACIONES A SU CARGO

El Heraldo de Chihuahua

David Piñón Balderrama

Chihuahua, Chihuahua.- El comandante de la V Zona Militar, general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa, impidió una inspección judicial a las instalaciones a su cargo, autorizada por los juzgados federales dentro de la causa penal 49/2012, dentro de la cual el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez acusó de tortura, homicidios y violaciones de derechos humanos a altos mandos castrenses que participaron en la llamada Operación Chihuahua entre 2008 y 2009 para el combate al narcotráfico.

 

El general comandante de la V Zona Militar es hermano del director de Banjército y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, uno más de los generales que el teniente coronel ha pedido que sean citados a declarar ante el Juzgado Segundo de Distrito de Chihuahua, que extendieron citatorios para el mes de agosto al ex secretario Guillermo Galván y al ex jefe militar en la plaza local, Felipe de Jesús Espitia.

 

Tanto Demetrio Gaytán como Antonio González Barrera, ambos altos mandos actualmente en la Secretaría de la Defensa Nacional, son requeridos por la defensa de José Julián Juárez Ramírez, encabezada por los abogados Víctor Tadeo y Yajaira Balderrama.

 

La negativa de la inspección alegada por Gaytán Ochoa, asentada en el expediente penal, argumenta que sólo el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, puede autorizar el ingreso a las instalaciones militares, razón por la que ordenó que se evitara la diligencia judicial, orientada a evidenciar el destino de armas y drogas que aseguran los soldados en los operativos.

 

El teniente coronel José Julián Juárez, ex comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) de Ojinaga, se ha quejado dentro de la misma causa penal que el Ministerio Público Militar de la V Zona Militar, sin ser parte en el juicio, ha pedido información a los juzgados segundo y décimo de distrito en Chihuahua, igual que lo ha hecho personal del Juzgado de la III Región Militar, con base en Mazatlán, Sinaloa, que tampoco es parte del proceso que se sigue.

 

La negativa para la inspección militar asentada en autos forma parte de las diligencias que se siguen en torno a investigaciones sobre abusos del Ejército en Ojinaga, donde decenas de militares fueron acusados de desapariciones y asesinatos de personas, algunas ligadas al crimen organizado.

 

El caso Ojinaga, entre otros relacionados con el Ejército Mexicano, se lleva en juzgados de distrito por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en enero pasado determinó que los soldados sean enjuiciados en cortes civiles, luego de que se mantuviera por tres años a cargo de la justicia militar.

 

MILITARES DENUNCIAN ABUSOS

 

Otra causa penal relacionada, radicada en el Juzgado Décimo de Distrito, la 53/2012, comenzó por acusaciones de los militares detenidos en contra de altos mandos del Ejército. Ésta fue abierta en contra de Juárez Ramírez y otros elementos militares que estuvieron en la plaza de Ojinaga entre 2008 y 2009.

 

El 19 de agosto de 2009 fueron detenidos el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la Guarnición Militar de Ojinaga y el teniente coronel Juárez Ramírez, comandante de la Compañía de Infantería en la misma plaza, así como 29 elementos del Ejército, en un operativo encabezado por el general brigadier David Velarde Sigüenza, director de la Policía Judicial Ministerial.

 

Las primeras acusaciones en contra de los militares fueron por tener drogas y acopiar armas, pero luego se agregaron otros supuestos delitos, como la tortura y asesinato de narcotraficantes o sospechosos de realizar actividades ilícitas, además de la desaparición forzada de personas en Ojinaga.

 

Todos los militares están actualmente recluidos en la prisión militar de la Tercera Región en Mazatlán, Sinaloa, desde donde se defienden y acusan a los mandos castrenses de ordenar los asesinatos en Ojinaga, dentro de la estrategia implementada contra el narcotráfico en la llamada Operación Chihuahua.

 

Son esas acusaciones por las que están citados a declarar los generales Guillermo Galván Galván y Felipe de Jesús Espitia, además de que los defensores de los militares encarcelados buscan que comparezcan ante los juzgados de distrito Demetrio Gaytán Ochoa y Antonio González Barreda, quien fuera comandante de la XI Región Militar en esos tiempos y ahora es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.