La llegada de Margarita a la Corte | Periodistas El Universal

Bajo Reserva

La llegada de Margarita a la Corte

La designación de Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dicen, fue recibida con cierta tranquilidad en el máximo tribunal del país. Después de la inédita renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, a quien se le señala por presuntos movimientos bancarios internacionales, el Poder Judicial busca lavar la cara y esperaba una persona, un relevo con una trayectoria intachable. Al interior de la Corte, nos explican, hicieron una evaluación muy favorable de la terna y ahora de la llegada de doña Margarita a la Sala Superior. Desde la trinchera del Poder Ejecutivo, nos hacen ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene oportunidad de colocar un ministro más en la SCJN, el sucesor de Fernando Franco, quien concluirá su periodo en diciembre del año 2021. Así están las cosas al interior del máximo tribunal, encabezado por el ministro Arturo Zaldívar, que en unos días estará completo con sus 11 integrantes.

Tache en transparencia en la 4T

En materia de transparencia el gobierno de la 4T termina su primer año de gestión con calificación menos cero: las dependencias del gabinete Presidencial se han destacado por contestar los pedimentos de información de los ciudadanos con la clásica y ligera respuesta de que no existe la información. El colmo, nos señalan, es una respuesta que dio la Secretaría de Bienestar, a cargo de María Luisa Albores, a un solicitante que osó pedir la lista de los beneficiarios del programa “Sembrando vida”. La dependencia, además de la respuesta de cajón, y hasta cierto punto ofensiva, agregó que no contaba con la información, porque los beneficiarios “no son empleados” de la Secretaría. Esa respuesta raya en una profunda ignorancia o de plano se están burlando a lo descarado de los solicitantes, nos comentan.

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No desestimar las denuncias | Editorial El Universal

En cuestión de horas, el caso creció en redes sociales, pero fue hasta que los medios tradicionales de información retomaron la supuesta desaparición de Laura Karen Espíndola tras abordar un taxi de la Ciudad de México, que se detonó lo que constituyó todo un caso de bomba mediática, dado que las condiciones subyacentes —una acentuada sensibilización por el poderoso movimiento feminista que ha venido tomando mayor fuerza, unido al reciente asesinato de Abril Pérez Sagaón, luego de que esta denunciara ser objeto de violencia, asedio y amenazas en su contra por parte de su expareja—, hicieron a todo un país estar al pendiente de su situación, hasta que se notificó su retorno a casa sin ningún maltrato.

Ciertamente la desaparición de la joven hizo disponer y movilizar una serie de recursos que podrían haberse encauzado a otros fines o búsquedas, pero también queda como buen ejemplo de lo que debe ser la respuesta de las autoridades y la sociedad ante la alerta emitida por una familia ante la desaparición de una de sus integrantes. En este sentido, no hay que dejar de actuar tal y como se hizo en ese momento.

Este tipo de situaciones ocurren en todo el mundo, infinidad de casos se dan en los que la supuesta víctima miente para encubrir otra circunstancia en la que ha estado metido. Numerosos son los incidentes de desaparecidos que mueven a toda una sociedad y que más tarde se revela que no hubo tal peligro o riesgo. Fue el caso de Frida Sofía, la supuesta niña atrapada entre los escombros del Colegio Rébsamen tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 —y que más tarde se supo que nunca existió, luego de que su caso llamara la atención de todo el país e incluso más allá de nuestras fronteras—, que puso en el foco de atención el poder que alcanza un rumor a través de las redes sociales cuando actúan en sinergia con los medios tradicionales de información.

En el sentido opuesto, hacer pública la información disponible en casos de desapariciones también ha servido para llegar a una pronta resolución de los sucesos, como lo fue el de una bebé robada en abril pasado a las afueras del Hospital General y que pudo resolverse en solo 5 días gracias a la participación de la ciudadanía que se interesó en su búsqueda.

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De la desubicación de un Nobel | Óscar Mario Beteta

En Petit Comité

El atrevimiento teórico de Vargas Llosa no tiene sustento. Desconoce las formas de gobierno y las diferencias entre dictadura y tiranía

En 1990, el escritor Mario Vargas Llosa, quien fracasó rotundamente como político, “definió” al sistema político mexicano como una “dictadura perfecta” y esa expresión, recreada por muchos, se quedó como una herramienta para “explicar” la forma como se gobernaba el país.

Por décadas, a nadie le importó que el Nobel de Literatura tuviera razón, sino que su percepción sirviera para desacreditar a México. Hoy, con más méritos, retoma su idea:

“México comenzaba a salir de esa dictadura perfecta (…) y me temo muchísimo que el populismo que parece realmente la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta”.

Empero, su atrevimiento teórico no tiene sustento. Desconoce las formas de gobierno y las diferencias entre dictadura y tiranía.

Esta, fue caracterizada desde el Siglo IV en Grecia, se mantiene inalterable desde entonces, la han referido todos los politólogos y se identifica por la toma violenta del poder, que ejerce un solo hombre, quien pasa por encima de leyes e instituciones, dispone de los bienes de los ciudadanos, a quienes “gobierna” con un puñal en el pecho, y aspira siempre a perpetuarse. Su límite suele ser el tiranicidio.

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Alto al fuego | Alejandro Hope

Plata o Plomo

Ayer, el diario Reforma escogió para su primera plana un encabezado atemorizador: Ofrece la Policía acuerdo a sicarios.

Las notas que lo acompañan, basadas en un audio filtrado de una reunión entre funcionarios de diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, espantan aún más: sugieren que las autoridades capitalinas se preparan a poner en marcha alguna forma de pax narca o a implementar algo parecido a la idea de abrazos, no balazos.

En la entrada de uno de los artículos se señala lo siguiente: “El eje central del plan es el acercamiento con criminales para negociar su salida de grupos delictivos. Contempla ofrecer servicios de salud y beneficios, como protección a los implicados en delitos de alto impacto.”

El asunto es más complicado.

Hasta donde he averiguado, el programa conocido como Alto al Fuego está tratando de replicar una intervención muy exitosa, lanzada en 1996 en Boston y luego copiada en muchas otras zonas urbanas alrededor del mundo, para prevenir la violencia letal entre grupos delictivos.

Esta modalidad de intervención, conocida genéricamente como estrategia de reducción de violencia grupal (GVRS por sus siglas en inglés) parte de un análisis minucioso de inteligencia que permite identificar a los grupos e individuos generadores de violencia en un espacio urbano.

Una vez identificados esos grupos e individuos (que nunca pasan de algunos cientos), se generan expedientes sobre cada uno de ellos, con información que sirva de posible palanca para modificar su comportamiento (si tienen antecedentes penales, si existe orden de aprehensión en su contra, si son beneficiarios de algún tipo de libertad condicionada, etc).

A la vez, se prepara un paquete de servicios sociales (servicios médicos, atención psicológica, capacitación laboral, etc.) que pueda servir de incentivo a esos individuos para abandonar la violencia.

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La amiga de AMLO que va al SAT | Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular

Aunque AMLO declaró el miércoles que ni daba línea ni tenía favorita en la terna de mujeres que envió al Senado para sustituir en la Corte al dimitente ministro Eduardo Medina Mora, la designación senatorial de Margarita Ríos-Farjat con una abrumadora mayoría de 94 de los 122 votos emitidos, reflejó la fuerza de un cabildeo que se intensificó la mañana de ayer desde el Palacio Nacional, acaso con la amable advertencia a los senadores electores de lo inútil y costoso que sería meterse en líos con el SAT, organismo que hasta ayer dirigió la nueva ministra.

Desde antes de que ocupara la titularidad del Servicio de Administración Tributaria al inicio de este gobierno, Ríos-Farjat era una fuerte carta de López Obrador para postular por un asiento en la Corte, pero la influencia del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, la colocó al frente del organismo fiscalizador aun contra los deseos de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de la 4T que acabó por perder la batalla contra la poderosa dupla y renunció al cargo.

Así, las vicisitudes y necesidades de la política regresaron los reflectores a quien fuera la primera carta de AMLO para ocuparse del SAT: Rosalinda López Hernández, la actual administradora general de Auditoría Fiscal del organismo, contadora pública egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con maestría en auditoría económica, financiera y contable por la Universidad Autónoma de Madrid.

El mal desempeño económico del año provocó una importante caída de la recaudación fiscal (IVA, IEPD e ISR). Para septiembre de 2019, el gobierno esperaba haber captado dos billones de pesos y solo recaudó 1.3 billones.

El gobierno, por lo tanto, está urgido de mejorar la recaudación y, a ojos de AMLO, López Hernández no solo le garantiza conocimiento y experiencia contra la evasión, sino una línea de confianza sustentada no solo en ser parte del mismo proyecto político sino también en una añeja amistad personal.

No se olvide que la hoy administradora general de Auditoría Fiscal del SAT es hermana del actual gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, hijos ambos del notario Payambé López Falconi, viejo amigo de AMLO desde los tiempos compartidos en La Chontalpa y Macuspana, según le conté aquí el pasado 25 de julio de 2018 (https://bit.ly/34Uluor). Rosalinda López Hernández es además esposa de otro aliado gobernador morenista, el de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

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¿Hasta cuándo? | Alejandra Barrales

México sigue siendo un lugar en el que las niñas, adolescentes y mujeres tienen que pelear para que se les crea cuando dicen temer por su vida, para que en el sistema judicial se les reconozca como sujetos de derechos.

Una evidencia es el reciente feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien el 7 de noviembre pasado, cuando su marido fue dejado en libertad tras haberla agredido brutalmente con un bate de beisbol mientras dormía, clamó ante un juez “temo por mi vida”; pero su voz no tuvo eco, no logró la empatía del administrador de justicia y 18 días después le fue arrebatada la vida.

Abril regresó el 25 de noviembre a la Ciudad de México para la realización de una prueba psicológica, debido a que había solicitado la revisión de la decisión del juez. Iba rumbo al aeropuerto para regresar a Monterrey, donde vivía desde que huyó de su marido Juan Carlos García cuando, frente a sus dos hijos menores de edad que viajaban en el asiento trasero, recibió dos tiros, uno en la cabeza y otro en el cuello, que fueron realizados desde una motocicleta en movimiento, presumiblemente por un tirador profesional.

Juan Carlos, hermano de Abril, afirma, “mi hermana había sufrido durante toda su vida de casada un constante acoso y una violencia que fue escalando año con año y me consta”.

La cadena de errores jurídicos y periciales que permitieron le fuera arrebatada la vida a una mujer que durante toda su vida de casada fue víctima de violencia familiar, evidenciaron que en la administración de justicia la aplicación de la perspectiva de género sigue siendo letra muerta, pese a que constitucionalmente es una obligación.

En las resoluciones de los impartidores de justicia prevalecen estereotipos y prejuicios como el que la violencia familiar es un asunto de lo privado y que los agresores no tienen la intención de matar.

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¿Terroristas en México? | Andrew Selee

Hace unos días, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista en medios que su gobierno estaba próximo a designar a las bandas criminales en México ligadas al narcotráfico internacional como “grupos terroristas”, una categorización que da algunos poderes extra a autoridades estadounidenses para intervenir en las finanzas de estos grupos y de usar otras estrategias legales contra sus colaboradores. En México hubo señales de alarma, tanto de parte del gobierno mexicano como de analistas independientes.

Vamos a empezar por lo primero. Los narcos no son terroristas. Usan el terror, sin duda, y merecen una respuesta mucho más coordinada y enérgica de parte de los dos gobiernos, de la que estamos viendo en este momento. Pero los grupos terroristas, por definición, son los que usan el terror para lograr fines políticos o ideológicos. Los grupos criminales en México (que son, en realidad, transnacionales, pero tienen su base y liderazgo en México) usan el terror para perseguir fines económicos y mercantiles. Se dedican a hacerse ricos a través de la producción, transporte y venta de drogas, así como otras actividades ilícitas, que van desde el robo de gasolina hasta la extorsión y el secuestro (dependiendo del grupo).

Sin embargo, habría una ventaja clara en designarlos terroristas, que es que el gobierno de los Estados Unidos tendría más facultades para intervenir sus finanzas y de perseguir a sus colaboradores cercanos. Esto no está mal. Y no tendría un impacto directo en la soberanía de México, ya que estas acciones tomarían lugar en territorio estadounidense.

Pero llamar terroristas a quienes no lo son podría tener algunas otras consecuencias negativas. Primero y antes que nada, la confusión conceptual se presta a un diagnóstico de la situación y el diseño de respuestas equivocado. Si bien parte de lo que se tiene que perseguir con estos grupos es degradar sus operaciones financieras y logísticas, también se tiene que crear un entramado legal en México —de policías y tribunales efectivos— que haga difícil que operen con impunidad. Y se tiene que tratar a los consumidores de las drogas, que son los mayores financiadores de estos grupos, como un problema de salud, no solamente como colaboradores de una empresa criminal.

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Diputada guinda construye carretera ¡que va a su casa! | Corresponsales de El Universal

Kiosko

Diputada guinda construye carretera ¡que va a su casa!

Quien de pronto acaparó los reflectores… pero para mal, nos aseguran, fue la diputada federal por Zacatecas María de Jesús García Guardado (Morena), luego de que se ventilara que, con recursos públicos, mandó construir una carretera que conduce exclusivamente a su casa, ubicada en la comunidad El Álamo en el municipio de Loreto. El tema, nos dicen, fue puesto en la mesa por el alcalde petista José Luis Figueroa, debido a un reclamo de los ejidatarios de Santa Rosa, quienes denuncian que ese camino está dentro de sus terrenos y que no fueron consultados para su construcción, e incluso afirman que ya levantaron denuncias, pues doña Marichuy habría cometido abuso de poder y usurpación de funciones con una falsa obtención de firmas ejidales para la construcción del kilómetro de carretera. Por cierto, nos recuerdan que la morenista obtuvo su curul pluri por medio de una tómbola. Muy carita le salió la rifa a la 4T.

Secretario hace campaña rumbo al 24

Apenas lleva un año el gobierno morenista de Veracruz, nos señalan, y al parecer algunos secretarios estatales ya se animaron a iniciar sus “campañas” rumbo a 2024. Para ejemplo, nos indican, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien adonde quiera que va, sobre todo en eventos públicos, siempre lleva porra. Para sus detractores, nos señalan, las intenciones de don Zenyazen para promover su imagen han sido muy evidentes, al grado de que durante su última comparecencia ante el Congreso local sus huestes hasta lo destaparon como candidato a un cargo de elección popular. Hay quienes ni sabiendo historia corrigen las malas prácticas políticas del pasado, se escuchó por ahí.

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Trascendió

QUE ayer funcionarios de la SCT, encabezados por Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, y de la Secretaría de Marina, liderados por Rosendo Jesús Escalante, jefe del Estado Mayor de la Armada, sostuvieron reuniones simultáneas, el primero con la Comisión de Gobernación para frenar las reformas que darán el control total de los puertos a la Semar, y los segundos con el coordinador de Morena, Mario Delgado, para pedir que se apruebe la reforma.

El diputado está a dos fuegos en medio de las dos dependencias, pero hay interés de que sea aprobada el próximo martes.

QUE siguiendo con las actividades de la FIL en Guadalajara, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que la violencia política de género ya debería ser una causa suficiente de nulidad de una elección en México, durante la presentación del libro Procedimiento especial sancionador y faltas electorales, coordinado por la magistrada María del Carmen Carreón Castro.

En otro foro de la misma feria, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña consideró que los jueces deben tener prudencia, valentía pero, sobre todo, autoridad moral, porque de lo contrario no pierden ellos, sino la sociedad.

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Lo de la camioneta vale madre | Joaquín López-Dóriga

En el Senado tiraron la ventana por la casa. Florestán

En Privado

El punto de la discusión con el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanza en ocasiones niveles que se mueven en el absurdo.

El fin de semana hubo críticas porque al visitar la fábrica de armas en Oriental, Puebla, llegó en una camioneta Suburban negra y no el Jetta blanco.

Primero, no es una novedad que el Presidente se desplace en ese vehículo en sus giras, lo utiliza hace mucho tiempo y me parece muy bien; segundo, claro que lleva otra con personal de seguridad, en lo que estoy totalmente de acuerdo, como con que una patrulla por delante y otra atrás, agregaría una ambulancia, para ya no entrar en más aspectos de seguridad y logística.

Pero llegar al punto de discutir, o criticar, si usa un auto compacto o una camioneta, es parte de los extremos a los que hemos llegado.

En primer lugar, la seguridad del Presidente de la República es un asunto fundamental de Estado, que él lo haga a su manera porque dice que lo cuida el pueblo bueno, es otra cosa, pero de que hay seguridad, la hay, y eso no demerita la democracia, ni la ideología, ni la cercanía con la gente. La seguridad es un elemento esencial de la estabilidad y serenidad de un país.

¿Que en el pasado hubo excesos? Sí. Los hay en todos los cuerpos de seguridad de estadistas. De Washington a Moscú, de Londres a Nueva Delhi, de La Habana a Caracas, de Beijing a el Vaticano, porque la responsabilidad es una: la seguridad del personaje. ¿No ven cómo traen a Evo Morales? ¡Esa escolta no la tiene ni López Obrador!

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