Mujeres, entre la sobrecarga y el retroceso laboral | Lía Limón García

Durante la pandemia, junto con el cierre de la actividad económica cerraron escuelas y centros de cuidado infantil, forzando a las madres y padres —con mayor frecuencia a ellas— a asumir una triple jornada laboral: el cuidado y asistencia escolar de los hijos, trabajo doméstico y su trabajo remunerado desde casa.

En el acuerdo que publica el gobierno hace unos días donde anuncia el reinicio de actividades económicas paulatinamente a partir del 1 de junio, no se habla del regreso a la escuela ni de la reapertura de centros de cuidado infantil. De hecho las autoridades educativas han anunciado que éste se dará hasta agosto que inicie el nuevo ciclo escolar. Por lo que se refiere a las estancias, de entre las poco más de 4 mil que seguían operando en marzo de este año —independientemente de las del IMSS, ISSSTE y DIF— un número importante ya no reabrirán sus puertas por no haber podido soportar financieramente un cierre de meses sin apoyo gubernamental.

Es entendible que el gobierno quiera evitar contagios y que considere a las escuelas como un foco de infección. Sin embargo, hasta hoy no han hecho ningún planteamiento de cómo atender la crisis de cuidados a la que se enfrentan principalmente las madres que han sido llamadas a reincorporarse a sus labores en unos días.

Veamos datos para dimensionar el problema. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019 del INEGI, la población económicamente activa es de 54.9 millones, de los cuales 21.5millones son mujeres y representan el 39.1% de la fuerza laboral y de éstas 15.8 millones son madres trabajadoras, es decir, el 72.9% de la población femenina económicamente activa en el país. A ello se suma que una de cada cuatro madres son jefas de hogar.

Cuando reinicien las actividades económicas sin servicio de cuidado infantil y sin escuelas, millones de mujeres tendrán que asumir el costo y algunas incluso se verán forzadas a abandonar su trabajo remunerado por no tener opciones de cuidado, en detrimento de sus ingresos, desarrollo profesional y empoderamiento económico. Las madres de hogares monoparentales y las que viven en condiciones marginadas serán las más afectadas pues no tienen la opción de elegir, y muchas tendrán que poner en riesgo la seguridad de sus hijos dejándolos solos.

Reiniciar las actividades económicas requiere reabrir escuelas o dar alternativas de políticas públicas por parte del gobierno, así como un cambio en la cultura empresarial. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre las medidas para atender el impacto del coronavirus se etiquetaron 3.5 billones de dólares al cuidado infantil para ayudar a proveedores de estos servicios que atienden a hijos de trabajadores esenciales. Aunado a ello, recientemente un par de senadoras propusieron incluir en el próximo paquete de medidas de apoyo un plan de 50 billones de dólares para rescatar los servicios de cuidado infantil. Las empresas también deben impulsar medidas, como una mayor flexibilidad en el regreso al trabajo que permita a madres y padres atender ambas tareas de manera exitosa, al menos en tanto se reanudan los servicios de cuidado y escuelas.

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Sicarios contra sicarios | Héctor De Mauleón

En Tercera Persona

En solo unas horas del pasado 26 de mayo, ocho personas perdieron la vida en calles de Tijuana. Fueron halladas en contenedores, o las encontraron en la vía pública cubiertas con lonas y cobijas, o las ataron con cuerdas antes de tirarlas, o les dispararon en el tórax, la cabeza, la espalda.

Así cerraba un día más en Tijuana, uno de los cinco municipios del país con más altos niveles de violencia en los últimos 12 meses; un lugar donde se comete 75% de los homicidios que ocurren en Baja California: una ciudad en la que, de un mes a otro, las ejecuciones crecieron 31.4% según conteo de Lantia Consultores.

Tijuana encabezó, en 2019, la lista de ciudades mexicanas con mayor número de homicidios. Ese año se cometieron en sus calles 2,185. Más que en ninguna otra. En 2018 rebasó también los dos mil asesinatos.

A lo largo de su historia, Tijuana solo ha pasado de mil homicidios al año en dos ocasiones: en 2009 (1,118) y en 2010 (1,256). En esos años, El Chapo Guzmán envió a su gente a apoderarse de dicho paso fronterizo, aprovechando los descalabros que el Cártel de Tijuana había sufrido a lo largo de la década —el golpe más reciente lo constituía la detención en 2008 de Eduardo Arellano Félix.

Fueron los años en que aparecía gente colgando de los puentes, con los testículos en la boca: los años del siniestro Teodoro García Simental, El Teo o El Tres Letras, y del más siniestro aún Santiago Meza López, El Pozolero, albañil que, según su propia confesión, acabó disolviendo en ácido más de 300 cuerpos.

Después de un periodo de calma, 2016 se convirtió de pronto en el año más violento en diez años. Ese repunte coincidió con la aparición, desde el año 2015, de narcomantas que anunciaban la llegada a la ciudad del Cártel Jalisco Nueva Generación: el llamado “cártel del sexenio” (tuvo una expansión brutal en el de Peña Nieto) se iba apoderando de puertos del Pacífico y el Golfo. Ahora lanzaba a sus sicarios en pos de la frontera.

En poco tiempo, para hacerle frente al Chapo, los enviados del CJNG pactaron con lo que quedaba del cártel de los Arellano. El nuevo grupo, el Cártel Tijuana Nueva Generación, tomó posesión de la ciudad fronteriza, y luego se extendió a Tecate, Mexicali y Ensenada.

En agosto de 2019, un “olor a químicos” llegó de noche hasta el cuartel en donde dormían soldados de la Segunda Zona Militar. Supieron de inmediato que en algún lugar cercano se estaban cocinando drogas sintéticas, y fueron a buscarlas.

A cuatro kilómetros hallaron un narcolaboratorio en el que decomisaron seis toneladas de metanfetaminas.

Un mes después, un hombre que fue a visitar la propiedad abandonada donde su padre había muerto, halló utensilios y objetos sospechosos. Pidió auxilio a las autoridades, quienes constataron que se trataba de un laboratorio para producir cristal.

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Otro anillo al dedo equivocado | Ricardo Raphael

Política Zoom

Aseguró la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que ni ella ni la dependencia que encabeza tienen que ver con la intentona de golpe de Estado que el Instituto Nacional de Normalización y Certificación quiso propinar a la autoridad electoral del país.

En un comunicado fechado el día de ayer, la Secretaría de Economía advirtió que no se responsabiliza por la actuación de ese Instituto que, sin tener facultades constitucionales para ello, quiere “establecer un sistema de gestión de la calidad … de la organización electoral.”

Si bien dicho Instituto se fundó como asociación civil, sus titulares responden a la línea demando de la Secretaría y por tanto, quien lo dirige debió haber consultado con la oficina de Graciela Márquez, antes de proponer esta barbaridad.

Advierte el refrán que los patos no deben tirarle a las escopetas y pues el Instituto Nacional de Normalización y Certificación no es quién para colocarse como alguacil de los procesos electorales.

Dice el proyecto propuesto de norma que los órganos electorales “necesitan demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, las cuales proporcionen resultados confiables, transparentes, libres y justos, que cumplan con los requisitos electorales” (PRUY-NMX-CC-S4001-IMNC-2019). Una consulta para analizar el proyecto fue publicada el 26 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

La norma comentada pretende, “aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas, y otras partes interesadas, por medio de la implementación eficaz de gestión de la calidad electoral …”

¿Qué tiene que hacer la política del gobierno federal, enfocada a la calidad en los productos y servicios, mezclándose con los asuntos electorales?

Esta frase del texto publicado en el Diario Oficial es para no olvidarse: “el término ‘producto’ aplica solamente al servicio electoral brindado por el organismo electoral.”

Es decir que, de acuerdo con el proyecto de norma, el Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece ‘productos’ cuya calidad debe ser normada por una asociación civil dependiente de la Secretaría de Economía. ¿Así o más absurdo?

Cabe equivocarse y pensar que se trató de una torpeza menor de los titulares de ese Instituto dedicado a la normalización y certificación y también que, por un mero desorden burocrático, este asunto salió de la Secretaría de Economía sin que su titular se enterara.

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Salud pública: un tema de seguridad nacional | Daniel Cabeza de Vaca Hernández

En los últimos meses se ha discutido sobre la descoordinación entre los Estados y la Federación en la atención de la pandemia generada por el Covid-19. Seguramente pocos ponemos atención en los mandatos constitucionales y legales que existen para la solución de estos temas emergentes, pero, además se ha hecho evidente la falta de una legislación que ordene y articule los esfuerzos que hacen nuestras autoridades.

Aún en la emergencia, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les mandata, respetando la estructura jerárquica federada, por lo que es necesario que no solo observemos críticamente cómo se está atendiendo el problema de salud pública, sino que se requiere revisar el marco jurídico que regula la atención al fenómeno por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, y la posible participación de la sociedad civil organizada. No acatar esas leyes puede generar a las autoridades responsabilidades que en un futuro le sean reclamadas.

En nuestro país, existen por lo menos tres áreas jurídicas especializadas en donde algo se regula el tema: a) las finanzas públicas, b) la salud pública y c) la seguridad nacional. Los tres son contextos regulatorios distintos, pero complementarios que privilegian la coordinación; el primero, la Ley de Coordinación Fiscal; el segundo, la Ley General de Salud; y el tercero, la Ley de Seguridad Nacional.

En este espacio, solo me abocaré al último de ellos; la Ley de Seguridad Nacional, que ha sido cuestionada por académicos e integrantes de la sociedad civil organizada, pero es la única ley que se refiere indirectamente al problema de salud pública que enfrentamos, pudiendo considerarlo como una amenaza a la seguridad nacional y, particularmente, como afectación a la unidad y estabilidad nacional.

Es de resaltar la gran participación de la Fuerza Armada Permanente, como el principal recurso que está utilizando el Estado mexicano para atender a la población y enfrentar a la pandemia. El ejército y la armada de México están participando activamente en coadyuvar con las autoridades civiles en la atención directa de carácter médico a través de sus centros de salud, en el control y distribución de todo el equipo, material médico y medicinas, así como la adecuación y el resguardo de instalaciones estratégicas como pudieran ser clínicas y hospitales de atención especializada del Covid-19. Todo ese gran apoyo que nos dan a los mexicanos, requiere de un marco normativo que les de seguridad en su intervención. Las acciones que están realizando, son excepcionales y diferentes a sus funciones ordinarias que regulan sus leyes y reglamentos.

Después de la adecuada declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, sería oportuno retomar la discusión sobre la forma de regular las amenazas a la seguridad interior del país y la coordinación para enfrentarlas, normando la participación de los poderes legislativos y judiciales de ambos niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada; esta legislación podría reglamentar la forma de coordinación entre las autoridades locales y federales. El Congreso de la Unión, debe legislar, con profesionalismo y responsabilidad en este tema. Las autoridades están obligadas a respetar el principio de legalidad y el legislativo debe dotarlos de ese andamiaje normativo. Adicionalmente se tendrá que evaluar la congruencia y la homologación con otras normatividades especializadas, como son las de protección civil.

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Edil promueve charla “provida” y, en medio de escándalo, corre a funcionaria | Corresponsales de El Universal

Kiosko

Edil promueve charla “provida” y, en medio de escándalo, corre a funcionaria

Nos cuentan que tremendo lío se dio en la capital oaxaqueña luego de que el gobierno municipal promovió una charla con expositores que se oponen al aborto hasta en casos de violación, por lo que más de 80 organizaciones exigieron la cancelación del mismo, al considerar que violenta los derechos de las mujeres, y dado que la OMS calcula que durante la pandemia habrá más de 7 millones de embarazos no deseados. El tema escaló tanto, nos cuentan, que en lugar de plática, Jaquelina Escamilla, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, transmitió desde la cuenta oficial de la dependencia y denunció que el edil Oswaldo García (Morena) la destituyó, pero no por la charla antiderechos, sino porque la acusó de no querer salir al aire, lo que se suma a hostigamiento en su contra, luego de que hace unos días tuvo de ponente a la senadora Citlalli Hernández (Morena), quien habló precisamente sobre el derecho a decidir. ¡Qué tal!

En el ring, empresarios y diputados

Nos platican que en Baja California se desató una gran bronca entre la Coparmex Mexicali y el Congreso local, luego de que los diputados aprobaron nuevos impuestos, así como la creación de una certificación sanitaria que tendrá costo y servirá para que los negocios puedan operar. De este modo, nos explican, al ver afectados sus intereses, los empresarios comenzaron con dimes y diretes, entre ellos destacó el líder local de la Confederación, el panista Ernesto Elorduy Blackaller, quien en redes sociales de la organización lanzó la campaña “Adopta a un diputado”, en referencia al “adopta a una mascota”. Pero ahí no acabó el pleito, nos dicen, pues en respuesta la diputada Montserrat Caballero (Morena) le mandó decir a don Elorduy que le tomaba la palabra, para después acusar que se acabaron los tiempos en los que los diputados tenían que pedirle permiso a los empresarios para todo. ¡Auch!

Pandemia, olla exprés de los alcaldes

Y donde las cosas no están mejor, nos dicen, es en Baja California Sur, debido a que los alcaldes no dejan de tropezar frente a la pandemia. Para empezar, nos explican, en Los Cabos, mientras doña Armida Castro (Morena) presume la entrega de 44 mil despensas, ciudadanos acusan que hay colonias donde no se ha parado, e incluso, para subsistir han tenido que recurrir al “trueque” de electrodomésticos por comida. Además, nos dicen, los ediles de Comondú y Mulegé, Walter Valenzuela (Morena), y Felipe Prado (NA), son señalados de no concientizar sobre la sana distancia. Y la cereza del pastel, nos aseguran, sería el munícipe de La Paz, Rubén Muñoz (Morena), debido a que acumula un adeudo en las quincenas de cientos de burócratas. Ni para dónde hacerse.

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Vamos a acabar con la corrupción… ayudados por Bartlett | Carlos Loret de Mola

Historias de Reportero

El presidente acusó corrupción del pasado para justificar la decisión del director Manuel Bartlett y la secretaria Rocío Nahle de recuperar la discrecionalidad para consentir a la contaminante (y cara) generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad contra las energías renovables. Escuchamos una argumentación que suena conocida: que si son empresarios abusivos, que si son contratos leoninos, que si es para poner orden porque hubo corrupción, corrupción, corrupción…

Un breve comparativo.

Opción A: la corrupción que acusa López Obrador. No hay duda que venimos de un régimen priista brutalmente corrupto, que rompió todos los récords y límites. Sin embargo, en particular para la asignación de estos contratos de energías limpias se realizaron tres subastas con reglas públicas y criterios de adjudicación que no fueron objetados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Subastas de Largo Plazo, las subastas fueron abiertas, los participantes pudieron revisar el algoritmo que seleccionó las ofertas ganadoras y se dieron en eventos públicos que contaron con la participación de decenas de empresas nacionales e internacionales. Entre las 3 subastas hubo casi 1,000 ofertas y sólo 90 fueron adjudicadas. Quizá lo más sintomático de todo: no hubo ni una sola queja de corrupción por parte de las empresas perdedoras. De hecho, los resultados fueron avalados por el Instituto Politécnico Nacional y por Transparencia Mexicana. A esto se atribuye que se obtuvieron precios entre los más baratos del mundo (menos de 20 dólares/MWh en la última subasta) que se traducen en recibos de luz más baratos para los mexicanos. Lo anterior, sin considerar que antes de la reforma energética hubo contratos legados, autoconsumos y productores independientes de energía.

Opción B: la no corrupción de López Obrador: el “golpe eléctrico” del famoso Acuerdo para remonopolizar la generación de energía eléctrica se dio en lo oscurito, por sorpresa, en viernes en la noche, sin participación de nadie, apostando por la generación con carbón porque así lo cabildea un poderoso senador de Morena y deja todo… ¡en manos de Bartlett!

¿Dónde habrá más corrupción? ¿A o B?

Lo que hemos visto con el famoso Acuerdo —el “golpe eléctrico” — es que se toma como pretexto la autoridad moral contra la corrupción y como cortina de humo la pandemia para pasar por encima de la ley y seguir avanzando el plan de renacionalización del sector eléctrico, que sistemáticamente ha ido dando pasos de manera muy planeada desde el inicio del gobierno federal actual.

La numeralia es abundante: el sector eléctrico requiere inversiones por 5 mil millones de dólares, y CFE sólo puede proveer 1,500. ¿De dónde saldrá la diferencia en un momento de crisis en las finanzas públicas?

Si el gobierno quería reforzar a CFE —una gran idea, a la que tenía todo el derecho— sin agraviar a la inversión privada, pudo haber buscado mejorar en aquellas actividades en las que mantiene el monopolio: la transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica. Y vaya que hay de dónde cortar: se sigue desperdiciando mucha energía en el camino, por no hablar de los recibos de luz inexplicables, un problema que se ha vuelto más notorio en la pandemia, con recibos de luz carísimos que llegan a negocios… cerrados.

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Trascendió

Que como se preveía, la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, terminó en descalificaciones y sombrerazos virtuales y la bancada del PAN en el Senado de hecho anunció que lo denunciará por “violencia política y de género”. Resulta que el funcionario calificó las críticas opositoras de “fabricadas” y “perseguir intereses políticos”, mientras que a la legisladora Alejandra Reynoso no solo le reprochó desconocer el tema sanitario, sino que le diagnosticó “déficit de atención”.

Que después de la exitosa convocatoria que logró la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, para un foro sobre covid-19 en América Latina, el líder de Morena, Mario Delgado, no se quiso quedar atrás y citó mañana a un seminario a distancia sobre la respuesta de los gobiernos ante la pandemia, con la participación de los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Ernesto Samper, de Colombia.

Que la aparición con muletas del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no se debe a que se haya chingado la rodilla, como se gusta aventurar ahora, sino que, en sus palabras, resurgió una lesión de cuando era extremo volador del futbol y acabó en el quirófano, episodio que le hizo ver que lo suyo, lo suyo, no era el pambol. Eso sí, lamenta que deban atenderlo en medio de la emergencia.

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El Sol de México | Miguel Reyes Razo

Tres veces -tres- desdeñó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador-los pronósticos que sobre el futuro de  la economía del país formuló y divulgó el Banco de México. No los comparto. No les atiendo. No me fío. Envolvió su rechazo en estrictas fórmulas de cortesía. “Con todo respeto a  Banxico. Con todo respeto a su autonomía. Con respeto a los expertos del Banco de México…

Bautizó “juarismo” a su propio método. Austeridad, honestidad, eficacia, fraternidad, recato, discreción, distancia a extravagancias, lujos y frivolidades deben ser el timbre de esta hora. Cracterizda por esta su muy personal sentencia: “Si a los pobres les va bien, a los ricos les irá´bien”. Sepulta la frase que fue patrimonio de neoliberales: “Si existe riqueza en la cúpula, esta,  indefectiblemente caerá sobre los de abajo. Si llueve arriba, se mojarán  los de abajo. ¡Cómo si la riqueza fuera un contagio!, deslizó.

Mantiene viva su determinación de extirpar del país el Mal llamado corrupción. Choca su empeño con la realidad. Abajo está´la mordida. La “tarascada” muy arriba; mero arriba. El ml ejemplo.”

“Es una tarea enorme. Desterrar la corrupción no es labor sencilla. A cada paso se encuentran duras resistencias. Natural. Mis adversarios, los neoliberales que además de corruptos son muy hipócritas no me pueden ver. Todo me critican. Les duele nuestro empeño contra la impunidad, el saqueo, el influyentismo, el lucro. ¡Cómo robaron! Por poco y se llevan todo.  Con lo que dejaron , vamos a jalar. A ir adelante. Sonó la campana  -reseñó Lopez Obrador y llegamos.

Mis adversarios añoran los tiempos en que se las arreglaban para obtener toda clase de privilegios. El influyentismo. Para no pagar impuestos. Fiscalistas aptos, preparados para burlar leyes hacendarías. Prolongar juicios hasta l olvido y el hastío. Leguleyos que se ufanaban: “Ninguno de mis clientes pisa la cárcel”. Y no que fueran muy estudiosos, no. Tenían muy buenas “agarraderas. Palancas. Delincuentes de “cuello blanco”. ¿Hombres de negocios? ¡Qué va! Gestores. Componedores. Compradores de voluntades.

“Empresarios e industriales nacionales y extranjeros ya pagan sus impuestos. Les digo que este ya es otro tiempo. Que el cambio ya llegó. Que portarse bien beneficia a todos. Permite a un gobierno cumplir su tarea social.

“Mi fórmula no tiene que ver con el PIB. No lo desecho. Seguirá vigente. Pero ese método es un fracaso. El neoliberalismo acarrea desigualdad, pobreza. Propicia corrupción. Daña. Fomenta egoísmo. Estimula el individualismo. Provoca ansia de lucro, riqueza, lujo. Atrae al delito.

“Para mis adversarios -pues yo no tengo ni quiero tener enemigos- mi idea y fórmula me transforma -a sus ojos-  en un marciano”.

Y con esa energía y con la que le sumó su notable enojo, el Presidente López Obrador desgranó:

“No estoy nada conforme con la determinación  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conceder a un organismo autónomo, que sus trabajadores puedan ganar un sueldo superior al del Presidente de la República.

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La gira de AMLO, ¿pero qué necesidad…? | Joaquín López-Dóriga

Les urge normalizar como sinónimo de eficacia y liderazgo. Pero el pinche virus neoliberal no coopera. Florestán

En Privado

Hace un mes, el Presidente anunció que la política de sana distancia y confinación se mantendría hasta el 30 de mayo, pasado mañana, cuando todavía no alcanzamos el pico de la pandemia y el número de muertos aumentó ayer a 8 mil 597 y los casos a 78 mil 23.

No obstante, estas cifras y la confirmación de que el pico se alcanzará en junio, López Obrador anunció ayer su intención de reanudar sus giras el martes, lo que para mí es una imprudencia, un riesgo innecesario y un mal ejemplo para quienes aún tendrán que permanecer aislados.

El recorrido iniciará el martes en Cancún y terminará el domingo en Veracruz; que va para dar el banderazo de arranque de obras en cuatro etapas del tren maya, como si no pudieran iniciar sin él, y terminará en el Coatzacoalcos. Que de ida viajará en avión y de regreso en coche. Y que las reuniones de seguridad y las mañaneras serán el miércoles en Mérida, el jueves en Campeche, el viernes en Villahermosa y el sábado en Coatzacoalcos.

Un viaje presidencial implica el movimiento, aunque él no le perciba, de cientos de personas entre el personal de su ayudantía, de apoyo, de giras, de logística, de su oficina de prensa, de producción de televisión, de reporteros y camarógrafos, de las policías estatales y municipales y del personal militar que con toda razón protege sus reuniones, recorridos y hoteles, más la gente que acuda a verlo, charros neoliberales los calificó ayer, lo que potencializa el peligro de contagios, de lo que él no está exento, al contrario, por ser, como yo, del grupo más vulnerable por le edad y la salud.

Pero él ya se quiere ir de gira el martes cuando, insisto, el semáforo seguirá en rojo, lo que obliga al confinamiento.

No sé cuál es la necesidad salirse de Palacio e irse de viaje, pero sí cuál es la imprudencia y el riesgo, impropio de un jefe de gobierno.

Ojalá López-Gatell le diga el lunes que no y el Presidente le haga caso.

RETALES

1. CIFRAS. Lo anterior a pesar de que ayer se registró la tercera fecha con mayor número de defunciones, 463, la anterior fue de 501, y la más alta en contagios, tres mil 463, superando la del martes, de tres mil 455, cifras que seguirán aumentando;

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Las ‘moléculas’ con curul de Morena | Carlos Marín

El Asalto a la Razón

Por Joaquín López-Dóriga me enteré que una vividora del erario con inmunidad de diputada federal, secundada por 76 legisladores de su empoderado partido Morena y del Trabajo como abajofirmantes, es “responsable de la producción” de un video (cápsula 11) de respuesta a los medios de comunicación y periodistas conservadores que atacan para desestabilizar al gobierno federal, en el que un pobre tonto, ingenuo y charlatán perora:

“Medios de comunicación conservadores no quieren diálogo crítico, no quieren debatir, no quieren cumplir con su función de informar y dar voces a todos. Antes, sumisos al poder, ahora encabezan una crítica perversa contra el gobierno. Inundan las redes con mentiras y medias verdades. Dividen, confrontan, violentan. Azuzan en nombre del poder político y económico conservador. No les gusta que los rebatan. Periodistas conservadores, los oligopolios de la verdad terminaron. La opinión pública no es la opinión publicada. No monologuen desde sus púlpitos. La libertad de expresión es de todos. Todos los días la ejercen plenamente. Escuchen al Presidente, pregunten, debatan, critiquen, no se arrebaten, éntrenle al diálogo. Así, no…”.

Pese a que el mequetrefe se refiere a las “redes”, la “responsable de la producción” ilustró el video con primeras planas de diarios y portadas de revistas que los adictos a la 4T llaman “tradicionales”, y con imágenes televisivas y fijas de: Ciro Gómez Leyva, Enrique Krauze, Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, Denise Dresser, mi querido Joaquín, Sergio Sarmiento, Pedro Ferriz de Con y Óscar Mario Beteta (a mí me agarró de su pendejo, abriendo la galería con una de mis intervenciones para Diálogos por la democracia en algún auditorio, y en mi casa, grabando para El asalto… de MILENIO televisión).

El nombre de la pobre diabla es María de los Ángeles Huerta del Río, quien a principios de abril, en una sesión de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, dijo la estupidez de que “nadie del sector cultural se está muriendo de hambre ni es pobre; no es momento para pedir dinero al gobierno”; promueve que los erráticos informes oficiales cotidianos de la pandemia se transmitan “en cadena nacional”, y es la misma que en mayo de 2019 fue captada roncando con la corpulenta figura escurrida en su curul mientras era discutida la contrarreforma educativa que tanto le importaba a su partido, y que después tuiteó: “Fue un parpadeo de décimas de segundo…”.

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