Ciudad de México, 28 de octubre de 2025

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron sus posicionamientos sobre el dictamen que expide una Ley General que establece la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados.

Una herramienta de protección y de justicia

La diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena) señaló que la ley es una herramienta de protección y de justicia, donde la principal virtud es fortalecer a los estados dotándolos de un marco homogéneo y coordinado. La extorsión se va castigar de igual manera en todo el territorio y se convertirá en un delito de persecución oficiosa; “la sola noticia del hecho bastará para que las instituciones de seguridad investiguen”, y crea una red nacional de coordinación entre Federación, estados y municipios. 

A su vez, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) puntualizó que con la Ley General se armonizan marcos legales, se unifican tipos penales, se combate la impunidad, se crea una política uniforme de investigación y sanción y se establecen medidas operativas. La extorsión se investigará por oficio, se tendrán protocolos de protección a las víctimas, procedimientos claros para la intervención legal de comunicación cuando sea necesario y se blindarán los centros penitenciarios. 

Necesario, incrementar la sanción de este delito

Del PAN, el diputado César Israel Damián Retes subrayó que este delito es tan grave y de poco va a servir tener la ley perfecta si no se ejecuta. “Necesitamos realmente una voluntad de que se erradique la extorsión”. Hay que incrementar la sanción porque es un delito grave, que anula los sueños y las esperanzas de las familias y se deben dar los recursos que se necesitan para que la ley sea una realidad.

También del PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas enfatizó que la ley es una respuesta para combatir uno de los delitos más sensibles que afectan a las familias mexicanas, porque no solo perjudica el patrimonio sino roba la paz, tranquilidad, libertad y hasta la vida de las personas. Esta ley es para que obligue y faculte a los tres órdenes de gobierno a actuar coordinadamente y, para ello, se requiere presupuesto, inteligencia, capacitación y preparación de municipios, estados y Federación.

Este delito inhibe la denuncia. Se perseguirá de oficio

María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del PVEM, argumentó que la extorsión genera miedo e inhibe la denuncia; por ello, este delito se perseguirá de oficio, reduciendo la exposición de las víctimas. Se implementarán tecnologías que impidan se origine desde centros penitenciarios y crea el Sistema de Atención de Denuncias. “Esta ley no solo visualiza el daño patrimonial, integra los daños físicos, psicológicos de las personas, es decir una reparación integral de daño”. 

El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) advirtió que la extorsión es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad pública, justicia y protección de las víctimas; es un fenómeno que se ha extendido a todos los rincones de la República, y no solo es un delito que afecta el patrimonio, ataca directamente la confianza, la libertad y tranquilidad de las personas. Con la ley se busca unificar criterios, homologar definiciones y establecer mecanismos de colaboración entre autoridades, afirmó.

Tipificar de manera clara las distintas formas de extorsión

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) subrayó que la ley permitirá tipificar de manera clara las distintas formas de extorsión, incluyendo cobro de piso y las digitales; castigar a quien lucra con el miedo ajeno, proteger a las víctimas con acompañamiento legal, psicológico e, incluso, económico, así como crear coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir y sancionar el delito. Propondrán sancionar a quien pretenda extorsionar y establecer agravantes por las extorsiones digitales.

El diputado del PT, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, resaltó que la ley va contra toda una industria de la extorsión, contra miles de criminales que se han basado en la impunidad, en la no denuncia y en el miedo. “Creemos que con esta ley se va a ir contra estos miles de extorsionadores cobra cuotas, cobra piso. Estamos proponiendo que la penalidad sea de 8 a 18 años y castigar la tentativa de extorsión. Es la legislación más completa en materia antiextorsión. Nuestro voto será a favor.

La ley obedece a una obligación constitucional

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) dijo que se pretende ubicar este hecho delictivo como una prioridad de atención. No obstante, consideró importante hacer precisiones, ya que una legislación de esta naturaleza requiere revisión detallada y diálogo con las entidades federativas que son las primeras respondientes en la investigación de estos delitos. “Al aprobarla como está, vamos a generar que muchos delincuentes salgan en libertad, y el dictamen no prevé el dato estadístico de cómo están las entidades federativas en cuanto a sus penas”.

La Ley General es un avance

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, diputado de MC, expresó que la Ley General tiene avances, ya que la extorsión es el único delito que no ha parado de crecer, sexenio tras sexenio y dado que 97 de cada cien extorsiones no se denuncian por temor a ser descubiertos. “Este es un paso correcto; tenemos que atender el fenómeno delictivo desde las consecuencias. En Movimiento Ciudadano vamos a seguir trabajando para regresarles a las familias mexicanas lo que más nos reclaman a sus representantes: la paz”.

También de MC, la diputada Laura Hernández García, sostuvo que en lo general están a favor de la ley, que es una respuesta para miles de víctimas de extorsión, pero no es suficiente. Llamó a proteger la integridad, tranquilidad, patrimonio de las y los ciudadanos, y que este delito de extorsión ya no quede impune. La ley carece de un enfoque directamente para las víctimas, que son quienes pierden su patrimonio, ven afectada su integridad y violentados sus derechos fundamentales.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados