Aprobó Comisión de Presupuesto opiniones sobre impacto presupuestal de ocho iniciativas

 Ciudad de México, 19 de julio de 2022

Avaló los dictámenes que desechan las iniciativas que proponían crear un programa de canasta básica de alimentos de la nación, y pensión a mexicanos que residen en el extranjero

 Participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI y PT

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo (Morena), aprobó opiniones de impacto presupuestal a ocho iniciativas promovidas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios

De ese total, siete recibieron 48 votos a favor, y una más fue avalada por 38 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones.

La primera, expide la Ley Federal de Nombramientos en los que Interviene el Poder Legislativo federal, promovida por el diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer (PAN). En la opinión se indica que no generaría un impacto presupuestario, porque identifica y agrupa en un ordenamiento disposiciones relativas a los nombramientos en los que interviene el Poder Legislativo, que se hallaban dispersas en diversos dispositivos o normas.

Otra, adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, impulsada por la diputada Esther Martínez Romano (PT), para crear el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Protección Civil en los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Ésta tendría un impacto presupuestario 33 mil 560.89 millones de pesos a precios de 2022.

Una más, expide la Ley General para una Tenencia Responsable de Perros, impulsada por la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT). Su aprobación generaría un impacto de mil 616 millones 947 mil 378.88 pesos, derivado de contar con una plataforma digital y una estancia temporal para cada entidad federativa.

También se emitió a la iniciativa que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada por el diputado Hirepan Maya Martínez (Morena). La aprobación tendría un impacto presupuestario de 359 millones 155 mil 928 pesos, destinados al Instituto Nacional de Cooperativas, a la implementación de políticas y acciones de fomento a la actividad cooperativa y de los organismos cooperativos.

Otra, expide la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Economía Social y Solidaria, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes General de Sociedades Mercantiles, para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Orgánica de la Administración Pública Federal y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, promovida por el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) e integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Menciona que su aprobación no generaría impacto presupuestario al erario federal, toda vez que las disposiciones en su mayoría únicamente fortalecen el marco normativo en materia de regulación, constitución, organización y funcionamiento de las Sociedades Cooperativas.

La sexta expide la Ley General de Sociedades Cooperativas y abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación, el agosto de 1994, impulsada por la diputada María Teresa Marú Mejía y el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT. Generaría un impacto presupuestario de 148 millones 25 mil 622 pesos a precios de 2021.

Una más, expide la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, promovida por diputadas y diputados del PT. Su aprobación generaría un impacto presupuestario; sin embargo, no se cuenta con elementos para determinar su magnitud.

Con 38 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, se avaló la opinión al proyecto de decreto por el que expide la Ley General de Mitigación y Adaptación de la Acidificación de los Mares y Ecosistemas Costeros, promovida por el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PRI).

Menciona que la aprobación de la iniciativa generaría un impacto presupuestario de 104.2 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022, toda vez que considera la creación de programas, planes y un fondo de recursos.

Canasta básica

Con 25 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, se avaló el dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, promovida por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), relativa a agregar el programa de canasta básica de alimentos de la nación como destino de los ingresos excedentes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

El dictamen señala que un nuevo programa representaría una previsión de gasto anual forzosa en el Proyecto de Presupuesto, que implicaría una invasión en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo y generaría un impacto presupuestario de 67 mil 370.3 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022.

Al hablar en contra, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) expresó que, si bien hay un impacto presupuestal, también es cierto que la situación económica del país amerita garantizar el derecho alimentario de todas las personas. “Creemos que apoyar con recursos a la canasta básica alimentaria de todos es loable”.

Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que la aprobación de la iniciativa conllevaría un impacto presupuestal y habría reducción en el porcentaje del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, “lo que pone en riesgo el cumplimiento de las prioridades de la Administración Pública Federal y limita los recursos para programas y proyectos prioritarios”.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) se pronunció en contra del dictamen, toda vez que el programa de canasta básica permitirá apoyar a la población que habita en municipios de alta y muy alta marginación, los cuales gastan cerca del 70 por ciento de sus ingresos en la compra de productos de la canasta básica.

Vía plataforma digital, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado de Morena, dijo estar a favor del dictamen, ya que la iniciativa tiene un impacto presupuestal de más de 67 mil millones de pesos, además de que no está acorde del Plan Nacional de Desarrollo.

También desde plataforma digital, la diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN) indicó que su voto sería en contra del dictamen, pues se busca que el Estado garantice un plan alimentario básico mediante los excedentes petroleros.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) dijo estar a favor del sentido del dictamen, ya que, gracias a las decisiones de la actual administración, los productos de la canasta básica aumentaron de 23 a 40, con lo que se garantiza la seguridad alimentaria de la población.

Del PRI, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla externó que la finalidad es evitar que haya discrecionalidad y opacidad en el uso de esos recursos cuando hay excedentes, y lo que hoy se plantea es abrir la posibilidad de canalizar esos recursos a uno de los sectores más sensibles de la población.

Pensión a mexicanos que residen en el extranjero

Con 29 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, se avaló el dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, promovida por la diputada Amalia Dolores García Medina (MC).

Su propósito consistía en señalar a los mexicanos que residen en el extranjero, como sujetos beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la Secretaría de Bienestar o cualquier otro que tenga como población objetivo a las personas adultas mayores de 65 años o más de edad.

El dictamen menciona que sí generaría un impacto presupuestario, y que se dificulta la cuantificación del monto de recursos requeridos principalmente para operación del mismo programa.

La diputada García Medina expuso que la iniciativa plantea garantizar el derecho de la pensión a los adultos mayores para las y los mexicanos que están en el extranjero, es decir a las y a los migrantes, “ya que la aportación que le han hecho a la economía de sus familias y al país es de las más grandes que existen en la historia del planeta”. 

Por su parte, el diputado Sandoval Flores indicó que habría impacto presupuestario y la iniciativa no se apega a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al no señalar la fuente de ingresos distinta al financiamiento para cubrir las erogaciones que se generarán con su implementación o bien compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

La diputada Gómez del Campo estimó que se trata de un tema sensible. “Todas y todos tenemos a un migrante en Estados Unidos y sin documentos; es una realidad migratoria de origen tránsito-destino, y un derecho universal: la pensión a los adultos mayores”.

Vía plataforma Zoom, la diputada de Morena, Claudia Selene Ávila Flores, dijo que su voto es a favor del dictamen, porque la iniciativa carece de especificación y criterios que no permiten cuantificar el monto requerido y genera que este producto normativo sea inejecutable.

Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena, mencionó su postura a favor del dictamen, pues a pesar de ser una propuesta loable tiene una aproximación no adecuada.

Del PAN, la diputada Sonia Rocha Acosta apuntó que su postura es en contra, ya que la migración es un derecho, la cual debe ser segura, regulada y ordenada, además de que se han firmado tratados internacionales en la materia, por lo que esta reforma abonaría al marco jurídico.

Se retira iniciativa

El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) pidió retirar su iniciativa que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de evaluar el tema, ya que no hay duplicidad como se plantea en el dictamen que la desecha.

Texto y Foto: Cámara de Diputados