Aprobó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la opinión del PND

Ciudad de México, 12 de junio de 2019

Solicitó incorporar conclusiones en políticas públicas

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordó ampliar el plazo de recepción de opiniones, hasta el próximo 14 de junio, a las 20 horas

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por Alfonso Ramírez Cuéllar, aprobó la opinión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Solicitó incorporar en las políticas públicas y programas de gobierno las conclusiones, además de las proyecciones presupuestarias y de gasto necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo.

        Ramírez Cuéllar leyó el comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, quien acordó ampliar el plazo de recepción de las opiniones de las comisiones ordinarias, relativas al proceso de discusión y en su caso aprobación del PND, hasta el próximo 14 de junio, a las 20 horas.

       El documento firmado por el presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, fue enviado a la instancia legislativa para hacerlo de su conocimiento.

        Ramírez Cuéllar destacó que la comisión establece en la opinión, que el PND cumple con los fines contenidos en la Constitución Política.

Aseguró que todas las observaciones presentadas por los diputados serán incorporadas. Refirió que se realizaron foros y consultas de análisis regionales y nacionales, donde se recogieron puntos de vista y preocupaciones de los alcaldes, gobernadores, organismos empresariales, expertos de los centros de investigación más prestigiados del país, como la UNAM, de la Auditoría Superior de la Federación y asociaciones civiles.

“Son considerandos que enriquecen el PND; se definen políticas públicas muy claras y se solicita al Ejecutivo que estas consideraciones, que son propuestas de política pública, se incorporen al ejercicio de gobierno y que también, como dice la Ley de Planeación, el artículo 21, pudiera hacer una proyección de los gastos”.

Se establece un diagnóstico preciso de las finanzas del país y los obstáculos para el desarrollo, señaló.

        En las conclusiones de la opinión, la instancia legislativa plantea consideraciones en economía, inversión, gasto público, competitividad, banca de desarrollo y energía.

Además, presenta un apartado de Política y Gobierno, donde aborda la transparencia y combate a la corrupción, y de Bienestar.

El crecimiento económico es fundamental para el desarrollo del país y sus ejes principales son el fortalecimiento de la hacienda pública y recaudación, incremento de las inversiones público-privadas, competencia económica y política industrial, agrícola, de servicios y tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, señala la opinión.

Propone “incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio”.

Respecto de la inversión en infraestructura, indica que el gasto público es el principal motor de la economía. No sólo es fuente de empleo, sino que permite fortalecer las capacidades del Estado a largo plazo en salud, comunicaciones, transportes, educación, energía y seguridad pública.

Dicha inversión es indispensable para garantizar el avance económico. El gobierno federal deberá diversificar su obra pública inyectando recursos en el ámbito nacional y no sólo a los macro proyectos, con el propósito de obtener un desarrollo económico regional equilibrado, indica.

Sobre el gasto público, la opinión considera que la asignación y ejercicio de los recursos públicos en el presupuesto tiene impacto directo en la población, por lo que se requieren mecanismos de transparencia que permitan darle un seguimiento puntual.

Señala que existe una restricción presupuestaria donde el Estado no tiene completa libertad de decidir el destino del gasto público, pues está limitado por pensiones, aportaciones y participaciones, así como deuda pública, que absorben el 56 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; es decir, el gobierno tiene incidencia directa sobre el 43 por ciento del presupuesto, que representa casi 2.5 billones de pesos.

Considera a la competencia económica fundamental para el crecimiento y su correcta regulación contribuye al bienestar social. Además de alentar la innovación en salud y uso de nuevas tecnologías.

Es una estrategia que ayuda a reducir la desigualdad social. En México se paga hasta 98 por ciento más de lo que deberíamos y son los ciudadanos de menores ingresos quienes llegan a pagar hasta 4.4 veces más que quienes tienen más recursos, como proporción de sus ingresos. Esto demuestra que la falta de competencia es parecida a un impuesto regresivo para la población.

        Para la banca de desarrollo, indica que requiere fortalecer su política de transparencia y rendición de cuentas mediante indicadores adecuados para cada servicio financiero.

        El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) aseguró que el desplome salarial más grande de la historia económica en México fue en los últimos años neoliberales, “algo catastrófico, una fábrica de pobres y trabajo precario”, por lo que, consideró, el PND busca revertir esta situación con metas, “algunas muy modestas” e instrumentos de evaluación.

El legislador Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró que con el PND se instala un nuevo paradigma, fincado en el interés colectivo de la nación, con un proyecto claro de disminución de las desigualdades exacerbadas, además permitirá mejorar la seguridad pública con acciones inmediatas, como la Guardia Nacional para restar las bases sociales del crimen organizado. Asimismo, acelera el crecimiento y con ello el aumento de los recursos fiscales disponibles para recuperar la inversión pública.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) indicó que este plan rector cumple con lo que se requiere, pues marca la ruta y el mecanismo de cómo se quiere que el país cambie en los siguientes años. “Trae una propuesta muy importante para los desarrollos regionales, de inversión al campo, pero sobre todo de una economía y recaudación trascendente, además del combate a la corrupción y de darle a quienes menos tienen”.

Del PES, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas señaló que se requiere fortalecer la inversión público-privada, además de crear infraestructura. “Debemos ser capaces de redireccionar políticas públicas y estrategias que nos ayuden al fortalecimiento, pero sobre todo a robustecer al mercado interno, pues de lo contrario no abatiremos las desigualdades. No habrá pacificación y de nada servirá la Guardia Nacional en las calles si no empezamos a generar mejores condiciones de bienestar a la gente más humilde”.

El diputado priista, Ismael Alfredo Hernández Deras aseguró que el PND es un texto político de un partido y no un documento que permita tener un diagnóstico claro que identifique los elementos que impulsan la riqueza, seguridad, empleos. Lamentó que el tema del campo tan sólo se cite en un párrafo, esto a pesar que de cada cien habitantes del país 20 vivan en regiones rurales.

La diputada Abelina López Rodríguez (Morena) expuso que el PND tiene un replanteamiento para que lo privado deje de resolver las necesidades de los ciudadanos y que el Estado asuma su papel e impulse al campo, quitar privilegios para darle a los más vulnerables, combata la corrupción y se promueva la austeridad. “No es posible que la riqueza del país esté concentrada en el uno por ciento de la población”.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) se pronunció a favor del PND, pues plantea terminar con las desigualdades y aseguró que el documento sí cuenta con los indicadores necesarios para arreglar lo que dejaron las administraciones anteriores, “quienes no hicieron su chamba y nosotros si la queremos hacer, de ahí la importancia de la aprobación de este plan”.

De Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala expresó que el plan de desarrollo se irá modificando conforme se requiera. El documento contempla inversión en educación, salud, campo, ganadería, infraestructura y promueve el crecimiento arriba del cuatro por ciento. “Define un gobierno transparente en el gasto público y dará mayor presupuesto a programas sociales y menos al gasto corriente”.

Texto y Foto: Cámara de Diputados