Aumentan despojos ante el silencio de la Fiscalía

Por Laura Quintero

Ante el incremento de despojos de departamentos y edificios por algunas organizaciones populares de vivienda. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy Ramos se ha visto omisa, pues el número de denuncias se acumula, sin que los propietarios de los inmuebles inexplicablemente recuperen sus inmuebles, único patrimonio con que cuentan puesto que son personas de la tercera edad.

La semana pasada un grupo de víctimas encabezados por el abogado Jorge Cruz   Elizalde, representante legal de unos de ellos, bloquearon las instalaciones de la Fiscalía en busca de una respuesta a las denuncias presentadas, que después de seis años todavía no tienen respuesta.

Es el caso comenta el abogado,” de los señores Pablo Fernández Fernández y su esposa Lourdes Hernández Bernal, ambos de 87 años de edad, quienes un día salieron a realizar sus compras y cuando regresaron ya no pudieron entrar a su domicilio, porque un grupo de personas les dijeron que ahí se iba a construir vivienda popular por parte del Instituto Nacional de Vivienda, (INVI) que depende del gobierno de la ciudad. Y desde entonces, los señores quedaron en el desamparo, viven en un asilo para ancianos y a pesar de la denuncia presentada no han tenido respuesta de la Fiscalía”.

La denuncia fue presentada en marzo de 2017, ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) por el despojo del inmueble ubicado en Avenida Central 242, de la colonia Prohogar,  Alcaldía Azcapotzalco, cuya carpeta de investigación es el número CI-FAZ/AZ-1/UI/25/D/01782/03-2017  y desde esa fecha duerme el sueño de la injusticia porque no les han entregado su único patrimonio que tenían para vivir decentemente, nos explica el abogado Cruz Elizalde.

Las organizaciones que presuntamente ayudan a quienes carecen de una vivienda son Bloque Urbano Popular cuya líder en Azcapotzalco,  es Arlette Rangel Barragan, y a nivel nacional la encabeza Gabriel Mayorga Basurto, quien se ostenta como operador político del tristemente célebre “profesor” mejor conocido como el “señor de las ligas” quien desde sus inicios empezó con aglutinar grupos demandantes de vivienda y se convirtió en su modus vivivendi para llegar a ocupar cargos públicos y legislativos, al igual que su esposa Dolores Padierna. Hogar y Libertad para todos, es otro grupo que se dedica a lo mismo.

Todo parece indicar que las organizaciones mencionadas cuentan con el apoyo y protección de funcionarios dentro del Registro Público de la Propiedad, de otra manera no se explica que puedan registrar los números de folio de inmuebles que despojan con violencia a sus verdaderos propietarios. Y la Fiscalía al no actuar de acuerdo a la ley, se hace cómplice de los delincuentes. Por lo que es importante que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ponga atención a este asunto, sobre todo si tiene aspiraciones políticas.

Sobre todo, cuando explica el abogado Cruz Elizalde que hace tres meses se presentó en el domicilio de sus clientes en la colonia Prohogar, acompañado por peritos en cerrajería, policía de investigación y un notario público para realizar una diligencia, como parte de la carpeta de investigación antes mencionada, y fueron agredidos por los integrantes del Bloque Urbano Popular. Lo más curioso es que la policía en vez de actuar en contra de los agresores, no. Al contrario, pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público a cuatro de las personas que iban con el abogado y a él.

Y lo que más llama la atención es que trataron de fabricarles delitos por robo y despojo, que quedaron asentados en la carpeta C1-FIAZ/AZ-2/UI-1 C/D/00096/02-2022 y aunque Cruz Elizalde y las demás personas fueron puestas en libertad antes de las 48 horas, que cree, la carpeta quedó abierta como una forma de intimidación para el abogado. Se aplacan y dejan las cosas como están o les va a ir mal, ya que las amenazas en contra de representación de los afectados no paran. Así o más clara la impunidad, y la corrupción en tiempos de la 4T.