Ciudad de México, 1 de abril de 2025

Fue remitido a la Mesa Directiva para los efectos de trámite legislativo

Se guardó un minuto de silencio en memoria de la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM)

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó el dictamen a la iniciativa que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma las leyes Federal de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas, enviada por la presidenta de la República.

Al dar continuidad a los trabajos de esa instancia, el presidente informó que al haberse recibido las opiniones en sentido positivo de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, “nos encontramos en condiciones de pasar a la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a dicha iniciativa”.

El documento, aprobado por 27 a favor y 4 en contra, se remitió a la Mesa Directiva, junto con el voto particular y las reservas que se hicieron llegar a la junta directiva de la Comisión.

Moción suspensiva

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) presentó una moción para suspender la votación del proyecto para trabajar la iniciativa de una nueva Ley de Adquisiciones en mesas de trabajo o un parlamento abierto.  La propuesta no se admitió.

Posicionamientos

El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) dijo que votaría a favor en lo general porque el dictamen plantea utilizar la tecnología en todas las etapas del proceso de licitación, lo que permite mayor transparencia y saber en qué etapa se están haciendo mal las cosas. Sin embargo, adelantó que iría en contra en lo particular porque hay dudas sobre el combate a la corrupción.

El diputado del PRI, Arturo Yañez Cuellar destacó que se debe hablar claro y de frente porque el universo de recursos que regula esta materia asciende a 2.5 billones de pesos y “debemos tener alto sentido de responsabilidad”. Dijo que estas modificaciones se orientan a la discrecionalidad y la opacidad, y concentra el poder en el Comité de Estrategia, el cual será susceptible de corrupción.

Del PT, el diputado Javier Vázquez Calixto manifestó su respaldo a la reforma, ya que “la corrupción es el enemigo del pueblo, es la madre de la pobreza y de la desigualdad”, y no se puede permitir que siga siendo un problema vigente. Destacó que el principal objetivo de la iniciativa es combatirla desde adentro, para que exista transparencia en las actividades del gobierno.

La diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM) señaló que las reformas representan un avance significativo en la regulación de las contrataciones públicas y contribuyen a consolidar un gobierno que trabaje con austeridad, eficiencia y rendición de cuentas. Se pronunció por fortalecer la lucha contra la corrupción en la gestión de los recursos públicos.

En tanto, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) dijo que el dictamen es un avance histórico de la forma en que el gobierno realiza sus compras, genera un modelo más inclusivo y accesible para todos actores del sector, fortalece la administración pública y contribuye a un mejor manejo de recursos públicos bajo los principios de austeridad y honestidad.

Pro y contra

El diputado Arturo Yáñez observó que en los mecanismos que plantea la reforma hay mucha susceptibilidad de discrecionalidad y corrupción de funcionarios y dependencias. Además, son 2.5 billones de pesos lo que regula esta ley y pueden servir para programas sociales, hospitales, carreteras y escuelas

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) indicó que la reforma renueva la estructura orgánica para ser más eficiente con el uso de las tecnologías, introduce un nuevo esquema de contrataciones y se realiza una armonización legislativa. “No es de la noche a la mañana, tiene técnica, táctica, estrategia y no costará más”.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano señaló que se apuesta por una nueva manera de ejercer el poder público, con ética, justicia y conciencia. Agregó que esta modificación busca hacer más eficiente las contrataciones gubernamentales y garantizar que sean justas, inclusivas, sostenibles y totalmente transparentes.

De MC, la diputada Iraís Virginia Reyes De la Torre, manifestó su voto a favor, por considerar que se puede generar un cambio, “pero esto no implica un cheque en blanco”. Consideró que se introducen nuevas figuras y mayores sanciones, pero por más esfuerzos que se reflejen en la ley, “si no se materializan en una adecuada política pública y voluntad de acabar con la corrupción, no será efectiva”.

La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdes (PVEM) anunció su voto a favor porque las prácticas que propone la reforma fortalecen la confianza en las instituciones y consolidan un modelo de gobierno más eficiente y transparente. Además, confirman el avance de la transparencia y rendición de cuentas y fomentan el uso de herramientas tecnológicas para modernizar la gestión pública.

Del Morena, la diputada Claudia Selene Ávila Flores indicó que esta reforma busca el tránsito a la efectividad de derechos humanos, como el acceso a información pública gubernamental. Planteó fortalecer el sistema democrático con transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, lo que aporta gobernabilidad y gobernanza a México.

Ley de Adquisiciones

La iniciativa, enviada por la Titular del Ejecutivo, busca crear una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de actualizar el sistema de contrataciones públicas para dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado, a partir de las prácticas más óptimas en la materia, dentro del marco de la debida administración de recursos económicos de los tres Poderes.

También considera modificaciones a las leyes Federal de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y General de Sociedades Cooperativas, a fin de armonizarlas con el contenido de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y facilitar su implementación.

“Busca modernizar la regulación de contrataciones públicas, así como dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales en la materia, por lo que se propone la expedición de un ordenamiento jurídico y la reforma de tres leyes”, señala.

En su argumentación hace notar que la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público padece de mecanismos específicos que propician beneficios a grupos de atención prioritaria, y no contiene elementos normativos que promuevan de manera directa las denominadas compras “verdes”.

El nuevo marco legal tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza     que realicen las unidades administrativas de la Oficina de la Presidencia de la República, las dependencias de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,

Se compone de 120 artículos con capítulos y títulos específicos de “Disposiciones Generales”, “De los Procedimientos de Contratación”, “La Licitación Pública”, “De los Testigos Sociales”, “De las Excepciones a la Licitación Pública”, “De los Contratos”, “De la Verificación”, “De las Infracciones y Sanciones”, “De la Solución de las Controversias”, “De la Instancia de Inconformidad”, “Del Procedimiento de Conciliación”, “De los Medios de Apremio”, y “Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial”.

Derivado del análisis de la propuesta, se estima procedente aprobar en sus términos la Iniciativa, precisa el dictamen.

Minuto de silencio

Posteriormente, el presidente de la Comisión pidió guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados