Binomio 2019: política ficción y desgaste acelerado | Ignacio Morales Lechuga

Modos y estilos personales de gobernar ya están a la vista. Coexisten con los esfuerzos para interpretarlos, entenderlos y saberlos “leer” o discernir mejor, ya sea como aciertos o como errores del nuevo gobierno. Sin el letargo vacacional de diciembre, enero es de hecho el primer mes del estreno presidencial, con todas sus letras.

30 millones de votos obligan a racionalizar estos primeros tiempos en aras de vislumbrar cómo serán los que vienen y forman parte de un largo camino de 70 meses de aquí al 2024.

Si para los actores directos del gobierno entender y gestionar lo que sucede no es ni fácil ni sencillo, tampoco lo es para los intérpretes independientes de la vida pública. ¿Alguien puede estar en contra de un necesario esfuerzo reordenador del funcionamiento de Petróleos Mexicanos que la lleve a distribuir gasolinas y diesel sin perderlos en sus propios ductos, vandalizados desde afuera y desde adentro por criminales de toda ralea?

En contraste, ¿cómo imaginar que una operación para controlar el desvío ilegal de hidrocarburos se haya realizado sin tomar providencias suficientes ni formar los inventarios indispensables para evitar el tamaño actual de la crisis del suministro?

Cuando baja el robo porque no hay qué robar, se llega al absurdo, no al control de una crisis. Mal haría la medicina si al acudir al ortopedista, al paciente le recetan amputarse las piernas para evitar el dolor de rodillas.

Es plausible y parece un acto reivindicatorio de la justicia excarcelar a quienes, por una oportuna revisión de sus procesos penales, merecen recuperar la libertad sin haber cometido delitos contra la integridad personal y han sido defensores de causas sociales en sus comunidades de origen.

¿Es congruente que una acción simbólica pero a la vez defensiva de los derechos humanos provenga del mismo gobierno que se alinea con países como Cuba, Venezuela y Bolivia, señalados internacionalmente de ser los más contumaces violadores de esos derechos fundamentales en América Latina?

Numerosas decisiones y acciones iniciales de este gobierno están cargadas de un alto valor simbólico. Son gestos, las imágenes, consustanciales de la política. Pero no se gobierna ni se dirige la dura realidad sólo con ellas. Los gobiernos tienen, todos, una dimensión administrativa que recauda y distribuye recursos públicos (dícese “del pueblo”, en el lenguaje de moda) y en el modo en que lo hace le va algo más que la popularidad inicial.

Me quedo con la impresión de que este gobierno parece actuar para un periodo de uno o dos años y no para un sexenio. Su desgaste aumenta y eso comienza a notarse ante contradicciones como las anotadas. La política ficción dura tres meses como tal en la vida pública, no más.

Abrir Los Pinos, vender aviones y autos blindados, bajar sueldos y despedir a miles de burócratas no es cosa fácil. Puede mantenerse la popularidad a base de acciones espectaculares, pero los costos suelen ser brutales en términos de fracaso estructural, incluso cuando las intenciones chocan y son derrotadas por la exigua realidad, tan poco dada a cumplir promesas de campaña.

¿Quién no coincide con postulados como la honestidad, honradez, austeridad y sobriedad? Pero, ¿es lo que vemos la manera como se pretende hacerlos parte real de la vida nacional? Será una tragedia más y una grave desilusión que atestigüemos los signos ominosos de una administración deficiente e intolerante, centralizadora de todo y que —habiendo apuntado muy alto en la recomposición de valores para una mejor y más justa convivencia social— llegue a puertos no previstos, ni limpios ni equitativos.

Se anula un proyecto aeroportuario con el 39% de avance y con avales internacionales y se opta por una improvisada solución en un lugar (Santa Lucia), que los analistas más calificados coinciden en considerar que tendrá un costo mayor que el de concluir el proyecto original.

Con el mismo origen de quienes durante años tildaron de incapaces y de violadores de derechos humanos a los integrantes de las fuerzas armadas, surge la posición opuesta 180 grados sobre el rol central que deben tener en la recomposición de un esquema efectivo de seguridad pública, esto entre la crítica de los organismos defensores de derechos humanos, que no salen aún del estupor.

Desde altas esferas del poder se acusa de corrupción a los ex presidentes, secretarios de Estado; se insulta a ministros de la Corte de Justicia de la Nación y se reacciona peyorativamente a la crítica.

Opinar, disentir, criticar, defender creencias y acciones, aplaudir decisiones o censurarlas es parte de la vida pública. Esa libertad fue peldaño fundamental en el ascenso del grupo gobernante. Cambiar la realidad requiere algo más que buenos deseos mal o insuficientemente instrumentados, esto, por no hablar de errores palmarios y equivocaciones que, bajo ninguna óptica, pueden afianzarse como parte de la solución, pero sí ser parte de los nuevos problemas.

Notario público, ex procurador general de la República

Publicado por El Universal