Ciudad de México, 10 de diciembre de 2024

El dictamen fue ratificado con 328 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones

Con 328 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para armonizarla con la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación.

El documento precisa que se entenderá por personas servidoras públicas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política.

Cambia el término servidores públicos por el de personas servidoras públicas, señala que los entes públicos estarán obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública, en el marco del respeto a los derechos humanos, la buena administración pública y la perspectiva de género.

Las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen el servicio público.

Estipula que tratándose de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer sanciones que correspondan; tratándose del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial y los Tribunales de Disciplina Judicial de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México.

Además, las personas servidoras públicas deberán observar el código de ética y el de buena conducta según corresponda. Dichos códigos deberán hacerse del conocimiento de las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad de que se trate, así como darles la máxima publicidad.

Considera que las secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura de la ética, honestidad y buenas prácticas en su organización.

Para la discusión en lo particular, la Mesa Directiva comunicó que se reservaron los artículos 3, 7, 9, 16, 19, 22, 37, 38 y 39.

Texto, Foto y Videos: Cámara de Diputados