Codiciada la CNDH | Salvador Martínez

Aunque Pese

Más de medio centenar de mujeres y hombres se apuntaron para ser tomados en cuenta por el senado como nuevo Ombudsperson de México.

Exactamente son 57 los inscritos ante la Comisión de Derechos Humas del Senado, pero cabe aclara que no rebasa la decena quienes tienen posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que deja en un mes Luis Raúl González Pérez.

Apenas hace unos días González Pérez anunció que no buscaría la reelección aunque legalmente es posible, pero seguramente valoró que su enfrentamiento al actual gobierno le restaba posibilidad reales de mantenerse en el cargo.

Para el 17 de octubre el Senado dará a conocer la lista oficial de quienes reúnan los requisitos para suceder al Luis Raúl, pero será hasta el día último del mes cuando se hagan públicos los resultados del procedimiento selectivo y sea el pleno de la Cámara Alta quien determine al nuevo titular de la CNDH.

Entre quienes tienen posibilidades reales de llegar a la CNDH está José de Jesús Orozco Henríquez, quien fuera presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Los moches y el silencio de Peña Nieto | Periodistas El Universal

Bajo Reserva

Los moches y el silencio de Peña Nieto

Quien esta vez sí vio pasar los señalamientos en su contra sin decir ni una sola palabra, es el expresidente Enrique Peña Nieto, quien ni por Twitter realizó algún comentario sobre las grabaciones en las que se asegura que sobornos recibidos por directivos de Pemex provenientes de contratistas de la empresa del Estado fueron a parar a su campaña presidencial. Nos comentan que muy posiblemente el exmandatario ha recibido de sus abogados el consejo de permanecer callado y fuera de los reflectores para evitar generar que el tema crezca en medios de comunicación y guardar las declaraciones para hacerlas frente a las autoridades, si fuera necesario. El hecho es que ahora que se sabe que la Fiscalía General de la República investiga esas versiones, quizá sí sea necesario que sus abogados comiencen a trabajar con él en sus declaraciones, por si las dudas.

AMLO, su turno al bat

En su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiró una “bola lenta” y dejó a su gabinete de Seguridad que diera un informe a la opinión pública sobre la estrategia en la materia y sus resultados, a 10 meses de que inició la presente administración. Así, el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo se despachó con una larga presentación y con estadísticas en las que destacó que en los niveles de violencia hay un “punto de inflexión” que “no es para festejar”. Luego, mientras el reloj avanzaba, pasaron los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, el subsecretario de Gobernación y hasta el coordinador de Protección Civil. Y luego de una hora con 45 minutos de estadísticas, gráficas y cifras, el Presidente —a manera de consulta— propuso que hasta este martes se hiciera la sesión de preguntas y respuestas. Así que hoy se espera que el presidente tenga su turno al bat, en el tema, que según una de las gráficas presentadas, es el que más preocupa a los ciudadanos, y del que él mismo declaró hace solo unas semanas que se encuentra insatisfecho. ¿Se mantendrá su insatisfacción?

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Gravar la economía digital | Editorial El Universal

Con el avance tecnológico de los últimos años llegó también una nueva forma de hacer negocios: la economía digital. Para crear una empresa ya no es necesario tener grandes instalaciones físicas sino una rápida conexión a internet y una amplia capacidad para resguardar datos. Las transacciones se hacen en un espacio virtual –la llamada nube– desde cualquier parte del mundo y desde el teléfono inteligente más sencillo.

Las regulaciones a ese tipo de economía, así como el cobro de impuestos, se están comenzando a fijar en varias regiones del mundo, aunque es un tema de intensos debates.

En México, hay varias iniciativas en discusión para gravar las actividades de la economía digital, a partir de abril próximo, con el fin de que impacte en la recaudación fiscal de 2020. Quienes serían afectados piden un plazo de un año para empezar a cumplir con las nuevas reglas y suavizar las sanciones que están siendo previstas en la ley.

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció la semana pasada que el diseño que está elaborando en materia de derecho fiscal aplicado a la economía digital partirá del principio de que las grandes corporaciones deben pagar impuestos ahí donde estén sus usuarios sin importar el país en el que tengan su domicilio fiscal.

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La Zona Metropolitana del Valle de México, demanda una ley a la altura de sus problemáticas | Pilar Lozano Mac Donald

El ejercicio de la representación política de todo representante popular tiene sustento en la voluntad de los ciudadanos. Ostentar un cargo de elección popular conlleva el compromiso con las causas que demandan los ciudadanos, sin importar ideología, preferencia sexual, origen étnico o condición social.

En este sentido, el ejercicio parlamentario en particular debe dar prioridad a las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Estoy convencida que no hay mejor ley que la que surge de las necesidades e iniciativa de los ciudadanos.

Atender las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, investigadores y autoridades vinculadas a los temas que les preocupan y ocupan, garantiza leyes que respondan a las demandas y problemáticas de la población.

En este esfuerzo de Parlamento Abierto, creemos básico impulsar una legislación adecuada a las necesidades presentes y futuras de los habitantes del país, que permita el desarrollo sustentable de sus ciudades, donde la movilidad resulta un tema prioritario.

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La rebelión contra las apps | Alonso Cedeño

Laboratorio de Redes

Podríamos decir que el conflicto y las amenazas forman parte de la génesis de las aplicaciones de movilidad. En 2003 la Seamless Wheels -al antecedente de Uber- nació para ampliar sus servicios de comida a los bufetes de abogados a limusinas en New York. Pero el dueño de esta “startup” recibió llamadas telefónicas que le invitaban a no buscar nuevos horizontes de negocios y mejor cuidar de su familia. Alguien le dijo que la mafia rusa estaba detrás de esas advertencias.

Los diez años de la historia de Uber no están exentos de estos problemas. Esta y todas las apps de movilidad se han tenido que enfrentar a mayor o menor medida, en casi todas las ciudades del mundo en donde operan, a las resistencias de los grupos que justamente crearon, sin darse cuenta, la necesidad de contar con servicios de transportes en donde lo importante fuera el usuario y la experiencia de este en su viaje.

La semana anterior la Ciudad de México vivió un caos cuando los taxistas bloquearon Santa Fe, Puerta Santa Fe, la carretera México-Toluca, Reforma, el Centro de la CDMX y la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los bloqueos duraron poco más de 10 horas y la principal demanda era que se regulara a las apps de transporte privado, porque les afecta su negocio.

A lo largo del día se pudieron colocar diversas tendencias y hashtag en las redes sociales. Santa Fe tuvo un alcance de 57.2 millones, el #taxistas logró un alcance de 97.4 millones, Segob un alcance de 21 millones, Uber 59.7 millones de alcance, AICM 87 millones de alcance, Didi y Cabify 44.8 millones. En general el tema tuvo un alcance de 101.4 millones, con 8.9 millones de interacciones, 69,524 reacciones, 21, 784 comentarios, 87, 367 compartidos y 8,789, 219 de reproducciones del material multimedia subido a internet.

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De operador de Duarte a secretario en Morelos | Salvador García Soto

Serpientes y Escaleras

Derivado de una investigación iniciada en 2016 por la extinta PGR, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tienen abierta una investigación en contra de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, actual secretario de Gobierno del Estado de Morelos, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasmas que formó con la complicidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente bajo proceso.

Pese a los antecedentes delictivos con que cuenta, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene a Ojeda Cárdenas como secretario de Gobierno y, según denuncias de diputados locales de oposición que pidieron el anonimato, Pablo Héctor “es el encargado de recaudar los ‘moches’ entre empresarios y funcionarios y junto con Ulises Blanco Bravo, el influyente medio hermano del gobernador, toman importantes decisiones en Morelos, entidad que se encuentra sumida en la violencia e inseguridad.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público Federal, a finales de 2016 se realizó una denuncia en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de su círculo cercano, formado por varios colaboradores, amigos y funcionarios que fungían como prestanombres y operadores financieros del exmandatario preso.

Según las indagatorias que tiene la FGR, la lista la integran 34 personas, en la que figura Pablo Héctor Ojeda Cárdenas. Derivado de ello, se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF-VER/0000691/2016 iniciando las diligencias de la investigación, como es la búsqueda de antecedentes mediante el oficio girado por la entonces Procuraduría General de la República con número CGI-II-052/2016.

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El bonillazo | Hernán Gómez Bruera

Fuera de Tono

Un sector de la sociedad y la política ha albergado durante un buen tiempo el temor a que un gobierno de López Obrador atente contra la división de poderes y ponga en peligro la estabilidad democrática. En mayor medida, el temor a que avancemos hacia el autoritarismo ha resultado infundado, al menos a nivel federal. Pero el temor prevalece y lo que ocurre a nivel local puede revivirlo.

Toca al presidente de la República, a la Secretaría Gobernación y a la propia dirigencia de Morena generar un clima de certidumbre democrática en todo el país y evitar que los gobiernos emanados de este partido caigan pronto en el descrédito.

Meses antes de la elección de 2018, Bonilla intentó operar para alargar su mandato a cinco años. Primero lo hizo a través del Tribunal Electoral de Baja California, cuya sentencia fue anulada por el TEPJF, donde claramente se estableció que la decisión era ilegal porque la Constitución prohíbe modificaciones de este tipo 90 días antes de iniciar un proceso electoral.

Tan solo unos cuantos días antes del primero de julio, el Tribunal confirmó su sentencia, impugnada por el candidato de Morena, y dejó en claro que quien saliera triunfador gobernaría por dos años. Los magistrados incluso ordenaron revocar un apartado de la convocatoria a la elección donde se establecía que el próximo periodo duraría seis años. Con ese antecedente se votó.

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Aguililla: la realidad haciendo añicos los discursos | Héctor De Mauleón

En Tercera Persona

“Me estoy muriendo”, alcanzó a decir con la voz apagada por el dolor y la desolación uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán que fueron emboscados ayer en Aguililla.

“¡K-8! ¡K-8! ¡Compañeros lesionados!”, clamaba uno de los agentes: “¡K-8! ¡Aguililla, comandantes, K-8, nos atacan!”.

No hubo respuesta.

En los mensajes de auxilio enviados por los policías emboscados, se escuchan pavorosos gritos de dolor, la voz desesperada de los agentes que piden ayuda, y el tableteo intenso de armas de alto poder. “¡De volada, dense prisa, compañeros lesionados!”.

A las siete de la mañana un convoy formado por cinco vehículos salió de Apatzingán con la orden de cumplir un mandamiento judicial en el municipio de Aguililla: la tierra de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG —que es la tierra también de una familia que en los años 80 se inició sembrando mariguana para otros cárteles, y hoy se ha consolidado como la organización criminal más poderosa del país: la de los hermanos González Valencia, conocidos como Los Cuinis.

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Mentir, la recomendación de la 4T | Carlos Loret de Mola

Historias de Reportero

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice en promedio 5 mentiras en cada conferencia mañanera.

El dato es de la consultoría SPIN-Taller de Comunicación Política que se dedica a analizar y contrastar con la realidad lo que dice el primer mandatario en sus conferencias de prensa diarias desde Palacio Nacional.

Una nueva ola de desprecio por la verdad recorre los pasillos del poder en todo el mundo. Se han inventado ya los eufemismos propios: post-verdad, verdad alternativa, fake-news, otros datos. Distintas maneras para evadir el término que aplica: mentira.

La diseminación de mentiras siempre ha estado asociada al poder. Forma parte de las estrategias comunicacionales desde todos los tiempos. Que el presidente mienta no es nuevo en México. Muchos presidentes nos han mentido. Y no pocas veces han sido descubiertos haciéndolo.

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¿Revocación del mandato? | José Woldenberg

Suena bien, ¿no? Que aquellos que encumbran a un Presidente o a un gobernador —los electores— puedan destituirlo. No obstante, son necesarias algunas anotaciones porque ya sabemos que de “buenas intenciones” (una concesión) está sembrado el camino al infierno. Se trata de consideraciones formales, políticas y de por lo menos dos condicionantes.

1.De forma. No se debe legislar ad hominem o para una coyuntura específica. Es un añejo dictado que no pierde pertinencia. Hacerlo pensando en el beneficiario (o el perjudicado) directo suele derivar en malas leyes precisamente porque no se piensa a futuro y en el impacto sobre otros personajes, sino en el efecto inmediato. Y hacerlo bajo el influjo del momento, menos; porque sabemos que las circunstancias cambian y que las normas diseñadas para una coyuntura suelen ser disruptivas cuando el momento pasa o cambia. Además, ese tipo de reformas, de alguna manera retroactivas, modifican las reglas del juego mientras el partido está transcurriendo, lo que es de por sí abusivo. Ya lo vimos en el papelón que hizo el Congreso de Baja California, supuestamente alargando el período de un gobernador que había sido electo para dos años de gobierno. Pues de manera similar, el presidente actual fue electo para un período de 5 años y diez meses acompañado de la normatividad que en su momento estaba vigente en la Constitución y la ley. Si se quiere introducir la revocación de mandato debería ser, en todo caso, para la administración que iniciará en 2024.

2. Consideraciones políticas. A) ¿No sé si los promotores de la iniciativa han tomado en cuenta que la mayoría de los gobernadores y tres de los últimos cuatro presidentes de la República arribaron a su encargo logrando la mayoría relativa de los votos? Es decir, que desde el primer día de su gestión eran menos los que votaron por ellos que la suma de los votos dispersos de las oposiciones. Esas son las reglas y sus triunfos fueron legítimos y legales, pero dada la fragmentación política, esos ejecutivos de minoría, con el estímulo de la cercana revocación del mandato, eventualmente estarían bajo fuego desde el primer día de su gestión, por una mayoría disgregada que simple y sencillamente no votó por ellos.

B) De facto el periodo de los gobernadores y del presidente se estaría acortando. Pero no sería solo un período de menos años (eso eventualmente se podría legislar, y no lo estoy proponiendo), sino la posibilidad de un período de menos años, si la o las oposiciones logran estimular un movimiento lo suficientemente amplio como para reducirlo. Es decir, un aguijoneo perfecto para el conflicto, la no colaboración, la disputa perpetua.

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