¿Gatopardismo petrolero? | Pepe Grillo

Trabajadores petroleros que han pugnado por la salida del grupo de Romero Deschamps de la dirigencia nacional del sindicato están preocupados.

Temen que los integrantes de ese grupo, que hoy todavía controlan al sindicato, puedan chamaquear a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y organicen desde el poder una elección para cumplir el requisito sin correr el riesgo de perder el control de la organización sindical.

Cambiar para que nada cambie.

Llama la atención que los grupos disidentes estén buscando la asesoría y orientación del experimentado abogado laboral Arturo Alcalde, para que los ayude y para que alerte a la titular del Trabajo, que es su hija, sobre los riesgos de precipitar una elección en el STPRM.

Más vale que la elección se tome su tiempo y no que, por las prisas, el poder se quede en manos del grupo de Romero Deschamps.

A desquitar el sueldo

La austeridad de la 4T ha multiplicado la chamba del personal diplomático del país. Proméxico y el Consejo de Promoción Turística de México desaparecieron del organigrama del gobierno federal, pero alguien tiene que hacer las tareas que tenían encomendadas. Ésas siguen.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, les pidió a embajadores y cónsules que ayuden a aterrizar las inversiones que atraerá el inminente T-MEC. Miguel Torruco, secretario de Turismo, dijo que los diplomáticos son ahora también promotores de los atractivos turísticos del país.

No se dijo cómo se evaluará el trabajo del personal diplomático en estos renglones ni a quién le rendirán cuentas de lo logrado, ya que se trata de chambas adicionales a la que venían desempeñando.

Ciudad militar en Santa Lucía

Personal militar trabaja a toda máquina para cumplir los plazos establecidos por el gobierno federal para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

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Aniversario y dedicatoria | Rafael Cardona

Leo la dedicatoria de un libro de Nabokov. Me lo regaló Julio Scherer en 2010 a pocos días de la publicación del retrato hablado del Mayo  Zambada.

“Padecí y disfruté de la conmoción interna que tú provocaste. Y sé lo que es la emoción: un vuelco del alma”. Ahora, a cinco años de su muerte, releo:

“Quizá alguien vea en estas líneas una provocación innecesaria, pero cada quien puede creer cuanto le venga en gana.

“Yo solamente comento la efemérides desde mi punto de vista y con el mínimo derecho de haber sido pretexto para convocar a la asamblea cuya ‘indiada’ nos echó del periódico. O nos hizo renunciar, como en mi caso.

“Desde entonces —con justicia o sin ella—, el 8 de julio (día del “golpe” de Echeverría contra la dirección de Julio Scherer en el antiguo diario Excélsior) es a los medios de comunicación, tanto como el 2 de octubre de 1968 para las manifestaciones callejeras. Recordatorio y talismán.

—Vade retro, represión.

—¿Un parteaguas, como dice la famosa y célebre sentencia del lugar común? Quizá, pero a mí me parece una fecha importante, no una ocasión fundacional. El periodismo nacional no se inventó ese día. Y el mal periodismo amparado por la militancia en las buenas causas, tampoco.

“Hoy, cuando se han cumplido recientemente los 40 años de aquellos sucesos, muchos de los protagonistas han muerto. Sólo queda entre los importantes, Luis Echeverría cuya senil condición de seguro ya no le permite ni recordar el cómo y el por qué de aquellas decisiones, cuyo origen —así me lo parece— fue una disputa personal llevada a los terrenos de la soberbia profesional en la cual cada quien tomó las armas a su disposición: Scherer, el periódico y Echeverría el poder presidencial.

“Obviamente en lo inmediato ganó el segundo, pero el precio fue demasiado alto. El berrinche de Echeverría, quien había subsidiado al deficitario periódico cuando los empresarios encabezados por Juan Sánchez Navarro (paradójicamente íntimo de Scherer) le retiraron toda la publicidad comercial y con el sabotaje por apoyar las posturas “antiempresariales” y populistas del régimen, lo empujaron a buscar fondos en las únicas arcas disponibles: las del gobierno.

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Agua en México, un problema de política pública o de conocimiento | Juan José Santibañez Santiago

Voces de la UAM

La Ciudad de México es un modelo, poco envidiable, de cómo un sistema de abasto de servicios a su población tiene límites muy probablemente infranqueables y que producen situaciones sociales de extrema desigualdad traducibles en mayores índices de pobreza. El caso del proceso de abasto de agua sintetiza este complejo nudo de problemas; expresa la crisis de insustentabilidad financiera, ambiental y social de un modelo altamente centralizado e ineficiente de política pública.

El sistema que provee el agua a la Ciudad de México está centralmente compuesto de la importación del agua, lo que requiere un consumo anual de aproximadamente 2 mil 280 millones de kilowatts por hora. Un consumo que ronda los 100 millones de litros de diésel y que opera con enormes transferencias, pues las tarifas que se cobran por el servicio en la Ciudad de México apenas cubren una tercera parte de los costos de operación y registra una evasión de aproximadamente un 30 por ciento. La red instalada en la Ciudad de México registra un porcentaje escandaloso de fugas (41 por ciento) lo que ha planteado la necesidad de reemplazo de tuberías. Esto podría requerir hasta 20 años para sustituir alrededor de 13,000 kilómetros. Los costos, tanto de la administración presente cuanto de su renovación, son enormes y, muy probablemente, insostenibles.

La investigación científica ha advertido el creciente e incontrolable riesgo que representa la complejidad derivada del cambio climático. Las emisiones contaminantes no se contienen a pesar de los acuerdos alcanzados en las cumbres mundiales y el giro que dio el gobierno norteamericano en torno a la existencia misma del calentamiento global ahondan las dificultades para enfrentar duras y prolongadas sequías, seguidas de intensísimas lluvias que provocan estragos en vastos territorios. La producción de alimentos experimenta severos daños y la incidencia de enfermedades asociadas a esa sucesión incrementa la vulnerabilidad de la humanidad. El problema para una política pública capaz de enfrentar los daños del calentamiento global descansa en la innovación científica —no sólo de orden tecnológico— que permita que cada persona desde su hogar, sus barrios, sus entornos inmediatos, entre otros, sea capaz de ir construyendo sistemas más sencillos de adaptarse a esos cambios globales. Herramientas tecnológicas eficientes y sencillas probablemente disponibles en el medio científico son reclamadas por estas poblaciones con ansias de resolver por sí mismos los problemas que no han sido resueltos. Reclamos sociales que exigen, en síntesis, nuevos enlaces entre la ciencia y los bienes comunes como el agua, los bosques y el aire.

En la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana se inició hace ya casi una década la innovación de sistemas miniaturizados de captación de agua, de modo que pequeñas unidades como escuelas o mercados sean capaces de autoabasto de agua interceptando la lluvia y almacenándola en sistemas que atiendan problemas que el macrosistema de la red urbana es incapaz de atender. Hemos calculado el tamaño óptimo para la intercepción de lluvia  que permita una inversión sustentable, han de elegirse superficies capaces de sustentar gastos en procedimientos de filtración y potabilización de alto desempeño. A este incremento de la disponibilidad de agua por medio de la captación de lluvia se ha agregado la posibilidad de reducir el consumo de la misma, introduciendo herramientas de alto impacto en el consumo: inodoros que por descarga utilicen uno o dos litros. No se trata de uso de inodoros secos —no hay condiciones de manejo de inodoros secos entre familias ya urbanizadas—. Estos inmuebles tienen prácticamente el mismo diseño que los que se utilizan cotidianamente en las viviendas y oficinas, pero el diseño de la conexión entre el inodoro y la tubería del drenaje permite que sólo uno o dos litros consigan el empuje y fuerza necesarios para transportar los desechos hacia el drenaje. Esto hace que el consumo por descarga pase de cuando menos ocho litros a su octava parte. El ahorro es más que significativo.

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Collins, con mucho más cola que le pisen | Pepe Capitalino

Quien tiene un problema, y más que fuerte, con el actual Gobierno de la Ciudad es el señor Raymundo Collins, puesto que no solamente tiene que estar pensando en la orden de aprehensión que se giró en su contra luego de que empresarios inmobiliarios lo denunciaron en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por presuntos actos de corrupción cuando era titular del Instituto de Vivienda (Invi), cargo que ocupó cinco años antes de ser jefe de la Policía, sino que le están encontrando anomalías y archivándole irregularidades de la época en la que fue subsecretario de Seguridad Pública, que por cierto se le vinculó con el Cártel de Neza y cuando fue director de la Central de Abasto. Nos cuentan que hay un largo expediente en el que sobresalen delitos como secuestro, robos y extorsiones, tolerados por el delfín de Mancera, e historias de cargamentos de droga que llegaban a las bodegas de la Ceda, sin ser reportadas a las autoridades. Nos dicen que si le siguen rascando al historial de Collins seguramente le hallarán más desperdicio, pues es uno de los exfuncionarios del ahora senador Mancera que tiene más cola que pisarle y que podría utilizarse en caso de que se ponga muy rejego. 

Orta, en problemas por comprar bicis fifí a policías

Aun estando lejos, el señor Jesús Orta Martínez le sigue dando dolores de cabeza a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Y es que resulta que durante su gestión como jefe de la Policía compró mil 400 bicicletas eléctricas para que sus muchachitos hicieran rondines y combatieran la inseguridad, que por cierto nunca logró controlar. ¿Y qué de raro hay en la compra de las bicis? Resulta que se dieron cuenta que las unidades le costaron a Orta 40 millones 579 mil pesos, es decir, casi 29 mil pesos cada una. Un sobrecosto por donde lo vean. Y por dicha acción los reporteros se le fueron a la yugular a la señora Sheinbaum, quien no tuvo de otra que prometer que, de hallarse irregularidades, intervendrá la Secretaría de la Contraloría y aplicará sanciones. Habrá que esperar a ver cómo le va al maestro Orta, que ni estando fuera se libra de la polvorilla.

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IFETEL y COFECE contra tope salarial | Francisco Cárdenas Cruz

Pulso Político

Impugnan en SCJN junto BANXICO e INEGI

Gabriel Contreras

El Instituto Federal de Telecomunicaciones que preside Gabriel Contreras Saldívar y la Comisión Federal de Competencia Económica, a cargo de Alejandra Palacios Prieto, impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tope salarial establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

Se suman así a los presentados ante el mismo alto tribunal de justicia por los titulares del Banco de México, Alejandro Días de León Carrillo, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Alfonso Santaella Castell, que están en desacuerdo en que se les reduzcan sus percepciones hasta el que recibe, o menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de 108 mil pesos al mes.

El 19 de mayo del año pasado, el pleno de la Corte invalidó dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y ordenó al Congreso de la Unión -concretamente a la Cámara de Diputados- aclarar cómo se debería calcular el salario del Presidente de la República ya que al aprobar aquella no contempló parámetros objetivos, lo que propiciaría establecerlos de manera arbitraria.

La mayoría de integrantes de la Corte acordó entonces que en los primeros 90 días del siguiente periodo de sesiones, el Poder Legislativo debería subsanar las omisiones en que incurrió en los artículos 6 y 7 de esa ley, cuya entrada en vigor fue frenada por orden del entonces ministro Alberto Pérez Dayán, en respuesta a las ocho controversias constitucionales que fueron presentadas por organismos autónomos como la CNDH, INE, INEGI, INAI  y también el IFETEL y la COFECE que ahora lo han hecho nuevamente junto con el BANXICO e INEGI.

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Falsa la contratación del personal de limpieza | Pedro Jiménez Rodríguez

Diario Legislativo

Todo parece indicar que fue puro cuento la promesa de que los trabajadores encargados de la limpieza del palacio legislativo de san Lázaro, pasarían a formar parte de la plantilla laboral de la Cámara de Diputados.

Es que hasta ahora los más de 500 trabajadores, en su mayoría mujeres, que trabajan en dos turnos, siguen a las órdenes de la empresa JOAD que los contrato y que tiene la concesión de la limpieza de oficinas, pasillos y baños del recinto legislativo.

Es que el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, anunció en diciembre que a partir del 2020 todos esos trabajadores que son explotados por los “hambreadores” que encontraron su mina de oro con la integración de estas empresas de limpieza, pasarían a la nómina de la Cámara de Diputados.

Con entusiasmo esperaron a que se cumpliera la promesa, pero ya se dieron cuenta de que, como muchas cosas que se dicen en la llamada 4T, del dicho al hecho, hay que tomar un camión.

Siguen trabajando en las mismas condiciones de explotación, sin prestaciones y con la amenaza de ser despedidos si protestan, se quejan o hacen algo que no les cuadre a los jefes.

Lo cierto es que se ve muy difícil que les cumplan la promesa los diputados del PT, pues si llegaran a dar base de cámara a estos afanadores, tendrían que atender después las demandas de los varios miles que hacen la misma chamba en las dependencias de los tres niveles de gobierno y se convertirían en una carga.

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Causa de injusticia | Salvador Martínez G.

Aunque Pese

Muchos son los conflictos sociales y políticos que en el mundo se han desatado en los últimos años y una de las principales causas de ello es la extrema concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

Se puede decir que al término de 2019 los 26 más millonarios poseían tanto dinero como el de las 380 millones de personas más pobres del mundo. Apenas un año antes se requerían de 17 súper ricos más para cubrir la exigua riqueza de esos mismos miles de millones de terrícolas.

De acuerdo al último informe de la Oxfam (confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países) los multimillonarios aumentaron su riqueza en 2,500 millones de dólares por día, mientras que los ingresos de los más pobres del mundo cayó en 11 por ciento.

Tan sólo el hombre más rico del mundo, Jeff  Bezos, alcanzó 116 mil millones de dólares al cierre del año pasado; apenas el uno por ciento de esa cifra es el presupuesto total de Etiopia para salud.

Las 500 personas más acaudaladas acumularon en el pasado año 25 por ciento más dinero que en el 2018, con lo que sumaron a su fortuna un billón 200 mil millones de dólares para alcanzar en conjunto 5 billones 900 mil millones de dólares.

Por cierto que el mexicano Carlos Slim dejo de estar en el Top Ten de los súper ricos del mundo al ser desplazado al lugar 11 con una fortuna de 61 mil quinientos millones de dólares, 6,700 millones de solares más que el 2018.

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Seguridad y justicia: el tiempo apremia | Ignacio Morales Lechuga

En México, gobierno y sociedad hemos fracasado en el control de drogas. Lo que se ha intentado no ha funcionado. Ahora gana terreno abogar por la legalización (no confundirla con la despenalización, que ya existe) abusando del término como varita mágica que acabaría con la violencia asociada al tráfico y como estrategia que facilitaría tratar las adicciones.

En cualquiera de los polos del debate (legalizar el consumo o perseguirlo y castigar a sus actores), es fácil perder de vista lo fundamental: el adecuado funcionamiento de la seguridad y la justicia, siguen de largo tiempo dominados por la ineficacia y la corrupción.

Si el país entero es testigo de las pruebas presentadas ante tribunales federales de Nueva York en el caso García Luna ¿por qué no aprovechar esa tonelada de evidencias para conocer y desmantelar la presunta red de corrupción que con muchos indicios de su existencia prevalece en nuestro país? Nadie pide o exige guerras, lo que se requiere es afianzar la certeza, la legalidad y la confianza de que el Estado mexicano tiene capacidad y poder de decisión ante esta coyuntura.

Si se adoptó el proceso oral y el sistema penal adversarial, es preciso asumir que estos facilitan la colaboración a la verdad de los propios delincuentes, aún si esto se logra mediante estímulos como la reducción de penas, pero avanzando siempre en favor del estado de derecho en el difícil camino de desmantelar cárteles y redes de corrupción.

El proceso contra Joaquín Guzmán, Vicente Zambada y otros actores del narcotráfico y ahora contra Genaro García Luna, debe aprovecharlo el país, como tal, para obtener información actualizada en la difícil tarea central de lograr seguridad, sin separarse del estado de derecho. Esa es y será una función del Estado. Habida cuenta de los intentos y los muchos fracasos acumulados en décadas, no parece haber otra ruta para abatir la impunidad y derrotar al crimen organizado. Esa parece la oportunidad que se abre en 2020 para frenar y evitar la derrota del estado de derecho en México.

Salvo algunos insistentes desplantes retóricos, ocurrencias y golpes fallidos que afectan más a quienes los dan que a quienes los reciben, no se observatodavía reacción estructurada del gobierno en el propósito de contener la violencia ligada a las drogas.

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El desaire a la embajadora | Periodistas El Universal

Bajo Reserva

El desaire a la embajadora

De que los diplomáticos son bravos hasta a los de casa muerden. Ayer, en el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los embajadores y cónsules de México en el exterior en Palacio Nacional, alguien dentro de la Cancillería mexicana operó para prepararle un acto de descortesía a la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena. Doña Martha, embajadora de carrera y titular de la misión diplomática de México de mayor importancia en el mundo, fue relegada a una de las últimas filas del salón en el que se llevó a cabo el acto y acomodada en una silla destinada a “Embajadores no Titulares”. Tras el insulto, que ya circulaba en redes sociales, tuvo que intervenir uno de los miembros de la ayudantía del Presidente para convencer a la embajadora de ocupar un lugar en primera fila. Algunos embajadores consideran que este desaguisado fue provocado por alguien que pensó que al relegar a Bárcena su jefe le quedaría agradecido, pero quizá, tras la publicidad que alcanzó el hecho, logró todo lo contrario.

El Senado, una obra de 9 años que aún no acaba

Al parecer en el Senado a nadie le parece ofensivo que un edificio que fue inaugurado en abril de 2011 tenga deterioros tan significativos que antes de cumplir 9 años de funcionamiento sea necesario gastar 254 millones de pesos para remodelaciones. Nos recuerdan que desde aquellos días de abril de 2011, cuando la sede del Senado fue inaugurada, comenzaron las críticas; primero, por los excesos en su costo, y después por las fallas en varias instalaciones, al grado de que hay trabajadores del inmueble que dicen que no recuerdan un día desde que se abrió la sede en que no hayan existido trabajos de reparación. Y como la vida da muchas vueltas y está llena de ironías, en la época de la 60 Legislatura el entonces coordinador del PT, el senador Ricardo Monreal, actual presidente de la Junta de Coordinación Política y legislador por Morena, se opuso a la construcción de la sede senatorial y más tarde fue uno de los principales críticos de la obra, cuya reparación tiene apoyar ahora. No estaría mal que don Ricardo busque en sus archivos la información que en 2011 hacía presumir sobrecostos y opacidad en la construcción de un inmueble que no deja de dar disgustos y gastos a los ciudadanos.

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El dilema migratorio | Editorial El Universal

Lo que parecía el objetivo central de la política migratoria mexicana que prevaleció en 2019, lo confirmó ayer la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La deportación de centroamericanos, específicamente de guatemaltecos, desde México, aumentó el año pasado 11% para ubicarse en casi 49 mil. En el mismo periodo las expulsiones de salvadoreños y hondureños de suelo mexicano se incrementaron 39% y 40% respectivamente.

En los hechos, México se adhirió a la política estadounidense de frenar la migración centroamericana y levantó un muro conformado por elementos federales que impidieron el avance de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

No se rebate que cualquier migración debe ser ordenada, pero México no queda en la mejor posición cuando durante años millones de connacionales ingresaron a Estados Unidos sin documentos y ahora adopta las medidas que antes criticó; entre ellas, la concentración de migrantes centroamericanos en centros de detención –donde se quejan de falta de comida o atención médica– y la deportación misma.

Para el país, el tema representa un dilema. ¿Dar a centroamericanos el trato de intolerancia y expulsión que Estados Unidos ha ejercido sobre indocumentados mexicanos? ¿Cómo acogerlos con una economía cuya cobija apenas alcanza para cubrir a los nacionales? En ninguna de las circunstancias la acción del gobierno quedará del lado correcto.

Quizá por eso la administración federal se decantó también por promover el desarrollo en Centroamérica mediante apoyos económicos a gobiernos de la región, aunque los resultados aún no se notan y –más aún– falta una respuesta similar de Estados Unidos, nación que es el principal destino de quienes buscan una mejor calidad de vida.

En las deportaciones –al menos muchas de las que se realizan desde Estados Unidos– hay un cúmulo de injusticia. El caso más reciente es el de la mexicana Rocío Rebollar, de 50 años, de los cuales los últimos 31 los pasó en aquel país y fue deportada la semana pasada, a pesar de ser madre de un teniente del ejército de EU y de ser una pequeña empresaria.

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