El A, B, C de la CNDH | José Woldenberg

Al parecer, puede resultar conveniente recordar lo elemental. Porque en ocasiones lo elemental puede ser lo fundamental.

Como su nombre lo indica las comisiones de derechos humanos existen para proteger el ejercicio de los derechos frente a abusos, discriminaciones, ilegalidades de las autoridades. No tienen competencia en relación a los conflictos entre particulares. Para ellos existen otras vías. Su pertinencia, su función es acompañar y arropar a los ciudadanos frente a los funcionarios públicos y sus acciones u omisiones.

Por ello mismo, están diseñadas para ser una piedra en el zapato de los gobiernos o si se quiere alarmas que señalan violaciones a derechos. La idea es que las comisiones, por definición, se planten frente a las instituciones federales o locales (independientemente de su coloración política) y no se alineen con las mismas para así poder cumplir con su misión. Sus observaciones y recomendaciones están dirigidas a los gobiernos y sus secretarías o dependencias (SEP, Sedena, Segob, etc.), hospitales y clínicas públicas, procuradurías (ahora fiscalías), reclusorios y súmele usted. Tutelan la seguridad jurídica, las libertades, el trato justo y no discriminatorio, el acceso a la justicia, y tantos más, y han realizado recomendaciones que van desde la violencia obstétrica hasta el mal trato en los reclusorios, pasando por señalar las violaciones cuando se realizan consultas que no son libres ni informadas.

Son, repito, dispositivos a favor de los ciudadanos colocados frente a los responsables de distintas instituciones públicas. Tienen sentido, además, por la complejidad de la vida y la administración públicas. Los gobiernos (federal y estatales), son constelaciones de dependencias teóricamente subordinadas a los titulares de los ejecutivos, pero que, aunque solo fuera por sus tareas específicas y la diversidad de labores que cumplen, tienen grados de libertad nada despreciables en relación al Presidente y los gobernadores.

Y si ello es así, las comisiones de derechos humanos, en buena lid, deberían ser vistas con buenos ojos por los titulares de los ejecutivos. Dado que ellos no pueden saber puntualmente lo que acontece en cada una de las dependencias que en el organigrama están bajo su dirección, no está de más que los ojos de las comisiones (a partir de los recursos que reciben) los alerten de prácticas nocivas que realizan los encargados de esas instituciones. El Presidente y los gobernadores deberían de agradecer cada vez que las comisiones actúan y detectan violaciones a los derechos humanos. Es, en teoría, el requisito para atajar dichas transgresiones, sancionar a los culpables y establecer precedentes para que esas prácticas no vuelvan a ocurrir.

Pero no suele ser así. Cada apunte de la comisión se ve como una afrenta, cada recomendación como una agresión. Suelen imaginar que ojos que no ven…situación que no existe. Los ejecutivos prefieren, en demasiadas ocasiones, que no se sepa, que se oculte, que no se diga. Porque al carecer de visibilidad la violación no merma su prestigio. Así, en vez de enfrentar las agresiones contra los derechos humanos se prefiere ocultarlas. Y por ello, no resulta casual que deseen contar con comisiones alineadas a sus designios. Resultan menos molestas, aunque sean ineficientes para cumplir con su encomienda.

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Dependencia judicial | José Ramón Cossío Díaz

El 14 de enero de 2020 circuló en redes sociales el borrador de lo que parecía ser una iniciativa presidencial para reformar diversos artículos constitucionales. Al día siguiente se realizó una reunión en el Senado para presentarlo, junto con otros textos en semejante condición. Por causas para mí desconocidas, se pospuso la presentación de las iniciativas para el periodo ordinario de sesiones que habrá de iniciar el próximo 1° de febrero. Una parte de los borradores en materia constitucional alude a la creación de jueces y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, que serían competentes para conocer de delitos de corrupción y en contra de la administración de justicia cometidos por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, al saber de procesos penales federales. Los mismos serían designados por el Senado de las ternas propuestas por el Presidente, durarían en el cargo nueve años y estarían bajo la administración de la Suprema Corte y la vigilancia y disciplina del propio Senado.

Resulta una obviedad decir que las modificaciones propuestas no pueden ser inconstitucionales si acaban siendo parte de la Constitución. En el pasado así fue como, en un claro fraude al texto constitucional, se reformó su artículo 16, para incorporar al arraigo que, previamente, la Suprema Corte había declarado inconstitucional. Más allá de este subterfugio, la propuesta señalada es contraria a las bases constitucionalistas. En primer lugar, porque prácticamente raya en la prohibición de jueces especiales, el hecho de tener juzgadores especializados en la forma en que se pretende. Si la sospecha de fondo radica en que los juzgadores federales protegen a sus pares, cabe recordar que en las leyes existen causales de impedimento y procesos de recusación que, en caso de omitirse, son fácilmente exigibles para lograr la imposición de sanciones.

En segundo lugar, la existencia de dichos juzgadores trastocaría la división de poderes. Este principio no es solo un listado de competencias a diversos órganos, sino una manera de relacionarlas para evitar que un poder acumule excesivas funciones o interfiera en el funcionamiento de otro. Si en el artículo 17 constitucional se prevé la existencia de jueces independientes y órganos autónomos como derecho humano de los justiciables, ¿cómo es posible que el Senado tenga atribuciones respecto de los juzgadores que van a sancionar la conducta de los órganos de otro poder? Si bien el nombramiento por el Senado es una modalidad diferenciada respecto al resto de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, existe otro y más grave asunto: su intervención exclusiva y directa en la disciplina y vigilancia de esos juzgadores. Con ello, y a diferencia de lo que hoy hacen el Consejo de la Judicatura y la Corte, se generaría la intromisión de un poder exclusivamente político en las tareas jurisdiccionales. Sería el Senado el que revisaría las acciones de los jueces, sin contar con parámetros acerca de los alcances de sus funciones, la diferencia entre aspectos jurisdiccionales y administrativos o la existencia de medios de impugnación.

Finalmente, si analizamos las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido con motivo de la celebración de tratados internacionales, las reformas son también inconvencionales (art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Ello, por generar intromisión de otros poderes públicos en el nombramiento, supervisión y vigilancia de quienes como órganos (con autonomía) o personas (con independencia), deben impartir justicia.

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El INE, en la mira por la reelección o la revocación de AMLO | Javier Tejado Dondé

Espectro

Cada vez hay más evidencias de que algunos actores relevantes en el bloque oficialista afín a Morena traen como objetivo cooptar al Instituto Nacional Electoral (INE). Y es que este organismo autónomo es clave para los fines políticos y electorales de varios actores. Basta con ver los temas que el instituto arbitrará en los próximos meses para entender el porqué de la voracidad de algunos en tomar su control:

A nivel federal, el INE conducirá las elecciones del próximo año, en las que se elegirá la totalidad de la Cámara de Diputados. De las 500 curules que tiene la cámara, la mayoría le permite aprobar leyes y, sobre todo, aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el periodo 2021-24. En éste se juega todo el dinero del Ejecutivo federal y sus grandes programas sociales, todos los recursos de los otros Poderes de la Unión y buena parte de los de las entidades federativas.

También, a nivel federal, el INE será clave para la realización de la consulta revocatoria de mandato que ha aprobado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta se podrá realizar a partir de 2022 y de ella dependerá el intento de sus contras por deponerlo antes de acabar su mandato. También, la misma revocación es importante para que sus seguidores intenten convencerlo de que permanezca en el cargo (una reelección pues, algo que el mismo Presidente ha dicho que no busca y que requeriría cambios a la Constitución) o para asegurar que el nuevo gobierno no cambie las políticas implementadas hasta ahora.

A nivel de las contiendas políticas estatales, el INE también es muy importante pues selecciona a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (abreviados OPLEs). Nada más este 2020, el INE seleccionará a 26 consejeros estatales en 18 entidades. Estos organismos se encargarán, en 2021, de regular la contienda en donde se elegirán a 15 gobernadores y se renovarán 29 legislaturas estatales y más de 2 mil presidencias municipales.

El 2021 será sencillamente el año en que más cargos se elijan en una sola jornada electoral, clave para el proyecto del presidente López Obrador.

Y esta misma elección será la antesala de la revocación de mandato. Dos años pues, 2021 y 2022, en los que el país será testigo de una enorme polarización política-electoral. Por ello es tan importante el control del INE.

Actualmente, de los 11 consejeros del INE sólo uno responde al bloque de Morena, pero en abril de este año se elegirán cuatro nuevos consejeros. El bloque oficialista (Morena-PT-PES y PVEM) tiene los votos suficientes para obtener la mayoría calificada requerida para elegirlos.

Ante la supremacía numérica del bloque oficial será importante ver si se alcanza un consenso sobre un mecanismo de nombramientos y candidaturas con académicos y con la oposición, para asegurar perfiles profesionales y apolíticos o, si por el contrario, como ha pasado en otras ocasiones, nombran consejeros afines.

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Ricardo, “El Chicharronero”, Peralta | Elisa Alanís

Razones y Pasiones

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, publicó en su cuenta de Twitter: “A chillidos de marrano, oídos de chicharronero. #Refrán de #FelizLunes”.

Según su percepción, ¿quiénes chillan?

¿A quiénes llamó marranos?

¿A mujeres que escarban las entrañas de la nación en busca de sus hijos, familiares de los 43 normalistas, colegas de Javier Valdez, esposas de músicos calcinados, padres de niños masacrados, víctimas que caminaron por la paz mientras fueron increpadas por simpatizantes del Presidente?

¿O quiere hacer oídos sordos de las indagatorias que realiza la administración de AMLO y que lo podrían alcanzar?

El “Apóstol de la 4T” (como se autodefine) trabajó, antes de llegar a la Segob, en la Administración General de Aduanas.

Ahí, donde pasan muuuuchas cosas.

Me dijo una persona cercana a Andrés Manuel que algo no está bien, precisamente en aduanas.

Me indicó que, por ejemplo, la gente encargada en Progreso, Yucatán, es impresentable.

La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, está tomando cartas en el asunto. Ya denunció y bloqueó cuentas.

Están investigando en toda la República, de norte a sur.

Y de acuerdo con información difundida por Mario Maldonado, Ricardo Peralta también estaría en la mira de la UIF y del SAT.

Comentó el periodista Maldonado que Baja California, gobernado por Bonilla, amigo de Peralta, sería el centro de operaciones de una mafia.

El subsecretario señaló que no se refería en su tuit a las víctimas de la violencia, sino a quien le quede el saco.

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Crisis sanitarias y económicas | Ricardo Monreal Ávila

Antilogía

Los males no llegan solos, según un dicho popular.

Eso aconteció por lo menos en 2009, cuando la crisis global sanitaria que generó el virus de la influenza A (H1N1) se combinó con la crisis financiera mundial que inició con la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos un año antes.

En México, ambas crisis se presentaron casi de manera simultánea. En la primavera de 2009, la Organización Mundial de la Salud emitió la alerta sanitaria correspondiente y advirtió a nuestro país sobre la vulnerabilidad y los alcances letales del nuevo tipo de influenza.

El gobierno mexicano aplicó medidas preventivas extremas, similares a las que hoy vemos en las ciudades chinas: cercos sanitarios en lugares públicos, suspensión de labores escolares y actividades de concentración masiva, distribución masiva de cubrebocas y gel antibacterial, dotación extraordinaria de antivirales, y cierre provisional de establecimientos mercantiles.

Se ubicó entonces a México como el epicentro de la amenaza sanitaria. En Europa, Asia y Medio Oriente, las y los mexicanos que llegaban por vía aérea eran segregados y puestos en cuarentena o de plano salían deportados.

Después se sabría que México no había sido el centro de esa amenaza pandémica (hubo más casos y decesos en Brasil, EU y Argentina), pero la sobrerreacción del gobierno, en su momento, habría sido más dañina que la amenaza del virus de la influenza.

Medio punto porcentual del PIB habría costado aquella emergencia sanitaria, que, al combinarse con la crisis financiera inmobiliaria, en nuestro país se tradujo en una contracción de la actividad económica, la depreciación del peso frente al dólar en 25%, la pérdida de 400 mil empleos y una percepción de vulnerabilidad extrema entre la población, que siempre ha sido sensible a los temas de salud y sanidad públicas.

En su momento, el gobierno federal justificó las medidas sanitarias extremas con el argumento de que “más vale pecar por exageración, que lamentar por omisión”, sobre todo, por la presencia de una amenaza de salud desconocida.

Esta reconstrucción de lo ocurrido hace una década es pertinente en el momento actual, porque nuevamente enfrentamos una situación mundial de riesgo debida a la concurrencia de una potencial crisis económico-tecnológica (por el control de la banda 5G entre EU y China) y una crisis sanitaria, por la irrupción del coronavirus, que va en curso de convertirse en una pandemia.

El reto para nuestro país es cómo prevenir y controlar de manera oportuna, certera y precisa la presencia del coronavirus en territorio nacional, sin caer en una sobrerreacción sanitaria que paralice una economía prendida con alfileres, cuyos motores de crecimiento empiezan a trabajar, pero están hipersensibles a cualquier cambio del entorno externo o de la política económica interna.

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Migrantes: de la indiferencia al rechazo | Leopoldo Gómez

Tercer Grado

Históricamente, México no ha sido un país abierto a la migración. Aun antes de las caravanas, según el Índice de Aceptación a la Migración de Gallup 2017, dos de cada tres mexicanos rechazaban el ingreso de migrantes al país. Los estudios más recientes no solo refuerzan esta tendencia, sino que la muestran cada vez más negativa y con implicaciones para nuestros propios migrantes.

Una encuesta reciente de Consulta Mitofsky (https://bit.ly/2tYxlUW) evidencia que las caravanas de centroamericanos generan dos grandes temores entre los mexicanos: inseguridad y desempleo; en ese orden. Tienen miedo de que los migrantes generen más delincuencia y de que les quiten sus trabajos.

Eso explica que casi 80% de los entrevistados apoyen que los centroamericanos sean repatriados, en vez de ofrecerles empleos por razones humanitarias, como lo ha propuesto el presidente López Obrador.

Estas actitudes tienen tintes xenofóbicos, no muy distintos a los que condenamos en el discurso cuando se trata de nuestros paisanos. Según algunas encuestas, una mayoría de mexicanos admite que no rentaría una habitación de su casa a un centroamericano, un rechazo superior al que se expresa hacia personas con ideologías, creencias religiosas o preferencias sexuales distintas.

Por ello no sorprende que cuando se pregunta a los encuestados cuál es su sentimiento frente a las imágenes de centroamericanos detenidos por la Guardia Nacional, la aprobación (46.4%) se impone por mucho a la tristeza (25.7%).

Asombra que cuando esta misma pregunta se plantea con los paisanos retenidos por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, las respuestas no son muy distintas. A diferencia de lo que uno esperaría por tratarse de compatriotas, 33.6% expresa aprobación a las detenciones y solo 28.2%, tristeza.

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Trascendió

QUE la declaratoria de “alto riesgo” que lanzó la OMS con motivo de la epidemia del coronavirus tuvo ya efecto hasta en Ciudad de México, donde el Senado resolvió, “por precaución”, suspender los festejos por el Nuevo Año Chino, que organiza la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico encabezada por la petista Cora Pinedo.

Se preveía un acto con dragones, artistas y muestras culturales, pero prefirieron privilegiar la cautela.

QUE el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Alfredo Fuentes Barrera, trabaja ya en las impugnaciones que generó la celebración del Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el que fue elegido Alfonso Ramírez Cuéllar como “presidente interino”.

Si bien múltiples liderazgos han generado una nueva crisis en ese partido, los magistrados tienen como prioridad ir resolviendo los recursos que ayer anunciaron los grupos en pugna conforme vayan llegando, a fin de dar certeza y no obstaculizar la selección de las candidaturas de los próximos procesos electorales.

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Morena no puede y AMLO no quiere | Joaquín López-Dóriga

Se trata de que oigamos mucho y pensemos poco. Florestán

En Privado

No hay modo con Morena. Sigue atrapado en un movimiento, que no partido, en el que prevalece el enfrentamiento y la lucha, implacable, por el poder.

El domingo se dio otro capítulo de su incapacidad para asumirse como partido político y se refleja en dos vías: la distancia de Andrés Manuel López Obrador con Morena, que él creó, y la incapacidad del partido para asumirse como tal y en apoyo del candidato que llevó a la Presidencia de la República, aunque en realidad fue él mismo el que llevó a Morena, que aún no lo procesa.

López Obrador es Morena y ya no tengo claro si Morena es López Obrador. Sin él, el partido no solo no funciona, no existe como tal, se mantiene en modo movimiento donde los grupos chocan y se enfrentan.

¿Cuándo en tiempos de López Obrador como presidente del partido hubo algún conflicto así? ¿Quién levantó, no la voz, siquiera la ceja, cuando dejó en su lugar a Martí Batres? ¿Quién se movió cuando decidió que Yeidckol Polevnsky, la secretaria general, se quedaría como presidenta en funciones de Morena?

Nadie se atrevió por el peso del líder que hoy ha decidido, como Presidente de la República, tomar distancia del partido que formó y sin el que no existiría.

Desde que López Obrador se asumió como guía nacional de la cuarta transformación, sacó las manos de su partido, que ha sido incapaz, en año y medio, de renovar su dirigencia nacional, en lo que aún sigue.

En el Congreso del domingo, eligieron a Alfonso Ramírez Cuéllar como su presidente interino, lo que la presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, desconoció, confirmando no la división, sino el enfrentamiento que, insisto, solo la mano de López Obrador, aunque no quiera, podrá resolver.

Porque este año inicia el mayor proceso electoral de toda la historia, las intermedias y locales de 2021 y la división solo lleva a la derrota.

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Marcha de víctimas y coro de ruines | Carlos Marín

El Asalto a la Razón

Un piquete de fanáticos intentó impedir con insultos, manotazos y empujones el ingreso a la Plaza de la Constitución de la marcha por la paz y el mitin con que terminó la jornada que promovieron y encabezaron Javier Sicilia, Adrián y Julián LeBarón.

“Traidores!”, “¡Asesinos”!, ¡Ratas!”, gritaban los vociferantes, tan estultos que mezclaban un apellido prominente: “¡Obrador, Obrador, es un honor estar con Obrador…!”, con sus ruines y xenófobas (y a lo güey) agresiones verbales: “¡Chairos!”, “¡Chayoteros!”, “¡Fifís!”, “¡Fuera LeBaron!”, “¡Regresen a su país…!” (los aludidos son mexicanos), lo que para nada sirve a la imagen del Presidente de la República.

En apariencia circunstancial, el incidente pudiera quedar como una más de las patéticas anécdotas que ilustran el grado de bajeza a que puede llegar la chusma, pero lo grave es que esta agresión a indiscutibles víctimas da idea de la magnitud de un encono social cada vez más incisivo.

Y cómo no: esa impresentable capa del lopezobradorismo, con frecuencia más papista que el Papa, suele moverse como cardumen (con perdón de los peces), moviéndose por instintivo reflejo al compás de lo que supone quiere y complace a su máximo dirigente.

Lacayunos, los agresores del domingo no hicieron lo mismo cuando los LeBarón acudieron a Palacio Nacional para ser atendidos por López Obrador o cuando el Presidente visitó a la familia en Bavispe, Sonora. Lo que detonó el agravio tumultuario fueron las despreciativas referencias mañaneras a Javier Sicilia y a la negativa de recibirlo con los LeBarón al finalizar la marcha por “evitar una falta de respeto a la investidura presidencial”.

De nada sirvieron las reiteradas declaraciones de los aludidos en el sentido de que su caminata no era de “oposición” a López Obrador ni que dejaran claro que no debe culpársele de la racha de desapariciones y asesinatos en el país, sino que buscan el diálogo para alcanzar acuerdos en pos de la pacificación y el imperio de la justicia.

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Frentes Políticos

1. Oposición responsable. Una cosa es la lucha por los postulados de cada partido y su particular visión de país y, otra, avanzar en concordancia, a pesar de esa diferencia partidista. Luego de reunirse en privado con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en Palacio Nacional, los gobernadores del PRI anunciaron su respaldo al gobierno federal y su incorporación al Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar. De acuerdo con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, “hay una gran colaboración, tocamos los temas relacionados con salud y el tema del Insabi y en el que los gobernadores priistas hemos manifestado ya nuestro total y absoluto respaldo político”, detalló. Agregó que el respaldo al Insabi “es incondicional”. No se requiere decidir con el hígado y en contra del gobierno en turno. Caballerosidad política en beneficio de la gente. De eso se trata.

2. Inconmovibles. Mientras decapitan a un entrenador en un gimnasio en pleno centro de Yuriria y frente a deportistas que se ejercitaban, autoridades de León y de Celaya llaman a la calma. En Celaya, pese a los 17 crímenes registrados durante la última semana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, pidió a los ciudadanos no desesperarse. “No hay riesgo, la vida sigue normal”. El exrepresentante de la Policía Federal en Guanajuato, y con un mes en el cargo municipal, recordó que los atentados no pueden prevenirse y no se sabe en dónde será el siguiente, por lo que entonces, en su lógica, no hay de qué preocuparse. Y ése es el hombre fuerte de Diego Sinhue Rodríguez, el gobernador. 48 murieron en Guanajuato el fin de semana. ¿Cuántos muertos se necesitan para que reconozcan que algo está sucediendo?

3. Rápida despedida. Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal por Morena, rechazó que el partido tenga dos presidentes interinos, tras destacar que él fue elegido “de manera unánime” para ocupar dicho cargo. “Se realizó un Congreso Nacional Extraordinario con todas las reglas que señalan los estatutos”, detalló. En entrevista, reiteró su disposición para trabajar con todos aquellos que han presentado su interés para dirigir al partido, incluida Yeidckol Polevnsky, quien calificó como ilegal su elección. “Yo quiero trabajar con ella, con Bertha Luján y con todos”, dijo. Polevnsky, por su parte, advirtió que Morena “es un partido muy joven, es natural que existan conflictos”. Si les queda una pizca de unidad, utilícenla, hoy es cuando.

4. Gracias por nada. En un inusual gesto de honestidad, al llegar a la reunión de gobernadores priistas, José Ignacio Peralta, mandatario de Colima, reconoció que el puerto de Manzanillo tiene “una situación especial” por la presencia de grupos delictivos. “Lo que pasa en Colima es lo que pasa en todo el país”, explicó. Indicó que “hay una importante actividad de grupos delictivos”, pero dijo que no les pone nombres, pues todos “están violando la ley”, aunque recordó se deben combatir. Cosa que, claro, no ha hecho. ¿De qué sirven sus reveladoras palabras? Esto pasa porque diputadas y diputados locales no exigen nada a su mandatario y eso le da la posibilidad de irse justificando. ¿Hace algo tangible por cambiar esta realidad? Desgraciadamente, para usted, Manzanillo seguirá ahí, señor gobernador.

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