Ciudad de México, 10 de abril de 2025

También se permite reconocer en la ley a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la senadora Edith López Hernández, aprobó una minuta para establecer, como una de las atribuciones y funciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la de promover el reconocimiento, respeto y protección de las mujeres.

López Hernández dijo que también se busca que dicho instituto integre la perspectiva de género en su función de gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestales, a fin de promover y garantizar el reconocimiento e implementación de los derechos y el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Recordó que al Estado le corresponde, por conducta de la Federación, las entidades federativas y municipios, adoptar las medidas necesarias para promover el reconocimiento, respeto y protección de las mujeres; para garantizar y hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral, intercultural y sostenible.

Detalló que esta reforma al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, proviene de una minuta enviada por la Cámara de Diputados, aprobada con 425 votos a favor.

En la reunión de trabajo, los y las senadoras también aprobaron un dictamen para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio en la Ley del INPI.

López Hernández explicó que esta propuesta reivindica el compromiso firme con los principios de justicia social y el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de estas poblaciones que históricamente fueron discriminados; además de que se armoniza con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata, dijo, de una disposición fundamental para garantizar que nuestros pueblos puedan ejercer sus derechos de manera autónoma y participar plenamente en la vida jurídica del país.

Por lo que este reconocimiento formal, continuó, refuerza su capacidad para gestionar sus propios recursos, sistemas normativos y políticas internas, en favor de una gobernanza más efectiva y respetuosa de sus estructuras tradicionales.

Texto y Foto: Cámara de Senadores