Ciudad de México, 29 de abril de 2025

También aprobó dos puntos de acuerdo

Se reúne con funcionarias del INEGI

La Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó por 33 votos a favor el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar el concepto de vivienda adecuada.

La inclusión permite reforzar los criterios normativos desde los cuales se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas dirigidas al bienestar social.

Señala que no se trata únicamente de una actualización terminológica, sino de un ajuste técnico con implicaciones operativas, que coadyuvará a visibilizar y atender con mayor claridad las dimensiones del rezago habitacional desde una perspectiva de derechos.

La diputada Rojo Pimentel aclaró que el dictamen busca armonizar la Ley General de Desarrollo Social con la reciente reforma constitucional, incorporando de manera expresa el derecho a una vivienda adecuada.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María del Rosario Orozco Caballero (Morena), autora de la iniciativa, comentó que el concepto de vivienda digna y decorosa era subjetivo, lo que la sujetaba a múltiples interpretaciones que impedían medir y evaluar, por lo que se requería un concepto que materializara el derecho al momento implementar las políticas públicas.

El diputado del PVEM, Felipe Miguel Delgado Carrillo dijo que dentro del índice de habitabilidad que manejaban los constructores de vivienda había parámetros, pero se trataba de vivienda social y elegían siempre el menor, por lo que al cambiarle el sentido a “adecuada” se apega a la normativa desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por su parte, el diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez (PT) dijo que no se debe generalizar en términos de vivienda para todo el país, ya que sería lamentable que por aumentar la cantidad de casas se sacrifique la satisfacción social. “Evitemos hacer hacinamientos que no resuelven el ánimo social”.

La diputada de Morena, Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, estimó que era necesario modificar el termino de vivienda digna y decorosa por el de adecuada; uno que es más amplio, preciso y alineado a los términos internacionales. “Su ambigüedad permitía interpretaciones limitadas”.

En tanto, la diputada Felicita Pompa Robles (Morena) reconoció a la proponente de la iniciativa, debido a que con este dictamen se da el primer paso para una vivienda adecuada, pues no se puede construir la misma vivienda en costa que en sierra, ni en lo rural que en la ciudad.

De Morena, el diputado Arturo Olivares Cerda puntualizó que se están educado a nuevos profesionales de la salud especializados, pero no se les está dando el espacio para que puedan ejercer su profesión. No debe ser solo en el programa Casa por casa, se les debe buscar nuevos espacios”.

Puntos de Acuerdo

Posteriormente, por 32 votos a favor, la Comisión avaló el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar a incluir a los egresados de la licenciatura en Gerontología en la contratación de personal vinculado con la implementación del programa de salud Casa por Casa.

La presidenta de la Comisión subrayó que su aprobación e implementación representa una base significativa en la construcción de un sistema de bienestar más inclusivo.

    La diputada a Ciria Yamile Salomón Durán, del PVEM, quien planteó el exhorto, dijo que este representa un avance significativo en la búsqueda de un México justo y consciente de las necesidades de sus adultos mayores. “Cada vez más mexicanas y mexicanos alcanzan la etapa de adulto mayor y de acuerdo con estimaciones para 2030 habrá más de 20 millones de mayores de 60 años”.

La diputada del PVEM, Liliana Carbajal Méndez aseguró que un gerontólogo es fundamental para el sector de la población de adultos mayores, pues son quienes tienen el pleno conocimiento de lo que viven.

Enseguida, la Comisión aprobó por 27 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, el dictamen que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a cumplir integralmente el convenio de México y otros gobiernos de las entidades federativas, sobre la universalidad de la pensión para las personas con discapacidad permanente.

El diputado Roberto Sosa Pichardo (PAN) propuso que el exhorto se modifique para que sean incluidas todas las entidades que aún no han firmado el convenio respectivo.

También del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que el punto de acuerdo tiene un sentido social adecuado, pero ello no quiere decir que Guanajuato no tenga firmado un convenio para otorgar la pensión a personas con discapacidad. Pidió que el resolutivo se modifique para que sea de manera general el exhorto.

Se votó en contra de las modificaciones propuestas por los legisladores.

La diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) puntualizó que desde 2021 se han  firmado los convenios correspondientes para llevar la universalidad de este programa a los distintos estados.

También de Morena, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno consideró adecuado hacer el exhorto a todos los estados que no se han sumado porque esta pensión hace la diferencia en el desarrollo de vida de las personas con discapacidad.

Del PT, el diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez se manifestó en el mismo sentido.

El diputado Christian Mishel Castro Bello (PRI) dijo que este exhorto no debe personalizarse, sino generalizarse.

Reunión con representantes del INEGI

Posteriormente, las y los integrantes de la Comisión se reunieron con funcionarias Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con el fin de abordar la labor que realiza en la generación y difusión de información estadística y geográfica.

En su participación, Julieta Brambila Ramírez, directora general de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Interinstitucionales, destacó la importancia de contar con información veraz, objetiva, confiable y obtenida a través de metodologías transparentes. Citó las cuatro fuentes fundamentales de información que utiliza el Instituto: censos, encuestas, registros administrativos e imágenes del territorio.

Por su parte, Silvia Elena Meza Martínez, directora general de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, comentó que dentro de las responsabilidades del INEGI también está la de normar y coordinar a todas las áreas administrativas del país que producen información estadística y geográfica, o que tienen registros administrativos que puedan dedicarse para dicho fin. Esto, con el objetivo de promover información para la toma de daciones en la planeación nacional del desarrollo.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados