Ciudad de México, 24 de marzo de 2026

La Comisión de Justica, que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó un dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivado de una propuesta de la titular del Ejecutivo Federal, así como cinco dictámenes para modificar diversas disposiciones legales en temas de reclutamiento forzado, delitos mediante el uso de IA y programas de edición digital, pruebas de paternidad, protección especial de la niñez y explotación laboral.

El presidente de la Comisión instruyó que todos los dictámenes se turnaran a la Mesa Directiva para su programación legislativa. 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Con 22 a favor, 7 en contra y cero abstenciones, la Comisión aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el objetivo de simplificar trámites, establecer plazos claros y modernizar los mecanismos procesales dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El presidente de la Comisión explicó que se busca agilizar la tramitación de los juicios, particularmente en vía sumaria, estableciendo que estos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses, para ello se propone ajustar diversos términos y plazos que rijan la actuación tanto del Tribunal como de las partes en el proceso.

Entre las principales modificaciones, dijo, destaca la fijación de los plazos máximos de actuación para las magistradas y magistrados instructores, así como para la presentación de promociones por las partes, el incremento del monto para las procedencia del juicio en vía sumaria elevando el umbral actualmente previsto en UMAs y la incorporación de un nuevo supuesto para que el Tribunal conozca en esta vía de las resoluciones fiscales federales relacionadas con las solicitudes de devolución de contribuciones por saldos a favor a pagos indebidos.

Asimismo, agregó, se propone establecer un plazo común de cinco días para actuaciones del Tribunal respecto de los cuales la ley no prevé actualmente término expreso, así como fijar plazos específicos para diversas diligencias que hoy carecen de regulación temporal.  Se contempla también la posibilidad de que, en los juicios tramitados en la vía tradicional, los interesados comparezcan y presenten promociones a través del sistema de justicia en línea, con el fin de agilizar los procedimientos.        

El dictamen, continuó, aclara las reglas y plazos de las notificaciones mediante el boletín jurisdiccional reduciendo el tiempo para que surtan efectos de tres a dos días. Se elimina como falta grave el que una resolución impugnada sea contraria a la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación; se añaden nuevos supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando se afecte el interés social o el orden público y se delimitan plazos para la resolución de asuntos atraídos por el Tribunal.

En tanto, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) anunció su voto en contra porque se aumentan los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal, “pero solamente en favor de la autoridad, no en favor del quejoso, y esto en los hechos implica una vulneración al principio de equidad procesal porque le permite a la autoridad tener más medios de defensa.  

Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, afirmó que se plantea una reforma que tensiona el equilibrio procesal, debilita la posición del particular frente al Estado y corre el riesgo de consolidar un modelo de justicia administrativa menos accesible, menos garantista y más restrictiva; por eso, “no podemos acompañar”. 

Para la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) con estos cambios se dan avances importantes y destacó la relevancia del tema de los juicios sumarios porque es para asuntos de poca complejidad, y lo que se pretende es cumplir con el derecho humano a la justicia, la cual sea pronta y expedita.

Del PVEM, el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva anunció su voto a favor del dictamen porque perfecciona el sistema de justicia administrativa y reafirma el compromiso del Estado mexicano con un modelo de justicia más eficiente, moderno y equitativo. “Es una reforma congruente con la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”.

José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, comentó que votarán en contra, ya que las últimas reformas al juicio de amparo tienen pasos regresivos en derechos humanos, se le da más poder al Estado, más poder al poder y al ciudadano se le está dejando en estado de indefensión; con esta redacción es prácticamente imposible tener una suspensión en el juicio de amparo. 

En opinión del diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena) hoy se consolida una demanda del pueblo de México: el acceso a la justicia verdaderamente pronta, expedita e imparcial. Se amplía la procedencia del juicio en la vía sumaria, establece plazos fijos y perentorios para la actuación de los magistrados, salta a la modernidad con el uso de la tecnología y considera un lenguaje incluyente y con perspectiva de género.

La diputada de Morena, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila se manifestó a favor de los juicios sumarios y que se dicten las sentencias en un plazo no mayor de seis meses, pero externo sus dudas en algunos casos de la suspensión.

Reclutamiento de menores

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 21 votos a favor, el dictamen por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el propósito de tipificar el reclutamiento forzado como un delito autónomo con una definición clara de elementos, modalidades físicas, alcances de las tareas directas y lineamientos sólidos para la creación de cuerpo del delito.

El presidente de la Comisión abundó que este dictamen integra diversas iniciativas de los grupos parlamentarios, y tiene como objetivo elevar las penas de prisión de acuerdo con el principio de proporcionalidad, lo cual garantiza la acción del Estado no dependa de otro ilícito y proteja a todos los grupos sociales, fortaleciendo la prevención, la persecución penal, la sanción y la reparación integral.

El dictamen también prevé alinear la legislación con estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación sobre la acreditación del cuerpo del delito antijuricidad y culpabilidad; su aplicación contribuirá a la protección de los derechos y garantía de las personas.

El proponente de esta reforma, el diputado del PT, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja expuso que el reclutamiento forzado revela una disputa por la autoridad misma del Estado, por ello debe haber una definición penal precisa y autónoma que se pierda en otro delito. “Sin un cuerpo especifico del delito no hay persecución criminal eficaz”.

El también proponente, diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) mencionó que este tema se había olvidado, pero que requería una atención urgente, una reforma que tipifique el reclutamiento forzado, el cual atenta con la libertad y la dignidad humana.

De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued resaltó que la importancia de esta reforma es el imperativo que tiene el Estado para enfrentar a la delincuencia organizada con contundencia, toda vez que son estos grupos los que explotan los recursos humanos como lo son las y los niños.

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) mencionó que definir el reclutamiento forzoso como la acción de captar, inducir u obligar a una persona a colaborar con grupo criminales ya sean mediante intimidación, engaño o violencia, permite abarcar la complejidad real de este fenómeno. Agregó que las penas impuestas reflejan la gravedad de este delito.

Por el PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas consideró que hoy se tiene la oportunidad de proteger a las y los niños, al reconocer que reclutarlos es un delito grave que merece “el nombre propio que hoy se está dando en el Código Penal y estipularlos como un ilícito agravado con penas que van hasta los 20 años”.

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, dijo que el reclutamiento forzado no solo tiene que ver con el trasiego de drogas, sino como moneda de cambio de las organizaciones del crimen organizado, por lo que no legislar en este tema “sería criminal, una gran omisión y cerrar los ojos a la realidad”.

El diputado de Morena, Oscar Iván Brito Zapata indicó que tipificar el reclutamiento forzado es dar un paso importante y enviar un mensaje claro “en México no se puede ni se debe utilizar a ninguna persona como instrumento de criminalidad”. Esta adecuación permite fortalecer al Estado, poner al centro a las víctimas con un enfoque de dignidad de derechos y seguir avanza a un país, donde la seguridad se construye “protegiendo a los sectores más vulnerables”.

Delitos mediante el uso de IA y programas de edición digital

Con la unanimidad de 28 votos a favor, se ratificó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de sancionar los delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial y programas de edición digital.

Moreno Rivera expuso que se busca precisar que los delitos de violación a la intimidad sexual y pornografía infantil también se configuren cuando las imágenes, videos o audios creados con inteligencia artificial y programas de edición digital sean sancionados.

La diputada Margarita Corro Mendoza (Morena) consideró necesario tipificar en el Código Penal Federal el delito por el mal uso que se dé a la inteligencia artificial o cualquier tecnología utilizada para la generación, creación, alteración o simulación de cualquier contenido íntimo sexual para quien divulgue, comparta, distribuye o publique imágenes, videos o audios; abona a proteger no solo la violencia física sino la digital.

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de MC, destacó que se aglutinen en el dictamen 13 iniciativas en materia de delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial y programas de edición digital, y sancionar las conductas por desarrollar contenido sexual sin el consentimiento de las personas, distribuir el material entre menores de edad y alterar las imágenes; se busca cubrir un vacío legal en la materia.

Para la diputada Irma Juan Carlos (Morena) el avance de las tecnologías digitales ha traído tanto beneficios como desafíos jurídicos, en cuanto a la actualización del marco normativo y la necesidad de adaptar nuevas conductas delictivas como la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, en donde, las mayores víctimas son las mujeres; por ello, es fundamental cubrir el vacío legal que hay.  

A su vez, el diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón lamentó que las plataformas digitales y los creadores de contenido no tengan una regulación; por ello, “estoy convencido que con esta reforma se avanza para regular el uso de la Inteligencia Artificial, la cual puede ser utilizada para múltiples delitos sin el consentimiento de las personas; ese es el reto que enfrentamos las y los legisladores; con la reforma se cierre ese vacío”.

Pruebas de paternidad

Por unanimidad de 25 votos, se avaló el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 360 del Código Civil Federal, para determinar si un juez ordena la realización de una prueba genética y esta confirma la filiación biológica entre el progenitor y la persona menor de edad, el padre deberá cubrir los gastos derivados del procedimiento.    

El presidente de la Comisión explicó que esta reforma tiene como finalidad determinar la afiliación mediante la identificación del ADN como un mecanismo certero que en la práctica judicial dichas pruebas genéticas han resuelto las disputas en esta materia.

En tanto, la diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) refirió que la redacción actual de dicho artículo regula la determinación de la afiliación estableciendo los mecanismos para sustentar la paternidad; sin embargo, carece de una disposición clara sobre la responsabilidad de los costos de dichas pruebas lo que genera contradicciones en las sentencias.

Protección especial de niñas, niños y adolescentes

La Comisión también aprobó, por unanimidad de 27 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y se adiciona un párrafo al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a las medidas urgentes de protección especial de niñas, niños y adolescentes.

Moreno Rivera detalló que las modificaciones proponen que en los procesos del orden penal se aseguren y protejan en el marco del derecho internacional de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo previsto en el artículo 122 fracción VI, solicitar al ministerio público competente la imposición de medidas urgentes y protección especial idóneas cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes.    

La promovente, diputada Casandra Prisilla De Los Santos Flores (PVEM), expresó que esta reforma atiende una problemática estructural que es la necesidad de fortalecer desde el proceso penal la protección efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a contextos de violencia, particularmente cuando existe un riesgo inminente contra su integridad. Con este dictamen se avanza hacia un sistema de justicia más sensible, claro y humano.

Explotación laboral

Con 26 votos, las y los diputados dieron su aval al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de incorporar en la definición de explotación laboral, la referencia expresa a los medios comisivos, coacción, amenaza, violencia física o moral, engaño o privación temporal de la libertad.

El presidente de la Comisión señaló que la reforma surge ante el incremento de casos en los que grupos delictivos utilizan ofertas de empleo falsas para captar víctimas, principalmente jóvenes en situación de vulnerabilidad, quienes posteriormente son sometidos a trabajos forzados u otras formas de explotación. La legislación vigente presenta vacíos que permiten a los tratantes simular relaciones laborales y argumentar el consentimiento de la víctima, lo que dificulta la acreditación del delito y puede derivar en la impunidad.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena), promovente de la reforma, dijo que se incorpora un elemento fundamental, se integran expresamente los medios comisivos dentro del tipo penal de explotación laboral, es decir la ley ahora establecerá con claridad que existe explotación laboral cuando el beneficio se obtienen mediante coacción, amenaza, violencia, engaño o privación de la libertad.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados