Ciudad de México, 14 de mayo de 2025

También aprobó dos dictámenes en sentido negativo

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó cinco opiniones de impacto presupuestal a igual número de iniciativas sobre protección de la industria automotriz, Ley General para el Combate al Uso de Cigarrillos Electrónicos, derecho de petición, personas adultas mayores y protección, desarrollo y gobernanza de las islas de México.

La primera de ellas se refiere a la propuesta por la que se expide la Ley General de Fomento, Protección y Desarrollo de la Industria Automotriz y su Cadena de Valor, la cual señala que, de aprobarse, generaría un impacto presupuestario para la Federación, el cual no puede ser dimensionado debido a la generalidad de los planteamientos contenidos en la iniciativa.

Añade que ese impacto presupuestario y/o renuncia recaudatoria radica en la ejecución de las facultades adicionales que se asignan en la materia a las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Trabajo y Previsión Social, así como a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio respecto a que, durante la vigencia del Programa, la SHCP suspenderá el cobro del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Se remitió a las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, y de Hacienda y Crédito Público, para seguir su proceso legislativo correspondiente.

La segunda opinión está relacionada con la iniciativa que expide la Ley General para el Combate al Uso de Cigarrillos Electrónicos. Considera que no generaría un impacto presupuestario debido a las facultades que actualmente ejercen la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Educación Pública y la Agencia de Protección Sanitaria.

Precisa que el Artículo Transitorio Tercero menciona que “Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto serán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”.

Se señala que para el ejercicio fiscal 2025 se destinaron mil 510 millones de pesos al Programa E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, y 820.8 millones de pesos, para la Cofepris.

Una vez aprobada, se envió a las comisiones de Salud y de Economía, Comercio y Competitividad.

La opinión respecto de la iniciativa que expide la Ley de Derecho de Petición, Reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política, precisa que, de aprobarse, no se generaría un impacto presupuestal porque no implica crear nuevas instituciones ni fondos, debido a que prevé la utilización de estructuras y plataformas existentes.

Se envió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para continuar su proceso legislativo.

En cuanto a la iniciativa que reforma las leyes de Asistencia Social, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, General de Salud, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la opinión emitida subraya que no implicaría erogación por parte del erario federal, ya que los recursos presupuestales que actualmente existen atienden y toman en cuenta a las personas vulnerables.

Se remitió a las comisiones unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables para continuar el proceso legislativo.

En tanto, la opinión a la Iniciativa que plantea expedir la Ley para la Protección, Desarrollo y Gobernanza de las Islas de México, señala que implicaría la erogación de recursos por parte del erario federal por un monto de 320 millones 191 mil 827 pesos, a precios de 2026, derivado de la creación del Fondo para el Fomento, Protección y Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano.

Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para continuar su proceso legislativo.

Las opiniones serán comunicadas por oficios a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Dictámenes en sentido negativo

La Comisión aprobó dos dictámenes en sentido negativo a iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tienen que ver con garantizar recursos a universidades públicas y a la protección al ambiente.

Por 26 votos a favor y 9 en contra, avaló desechar la iniciativa que reforma el artículo 58 de dicha legislación, en virtud de que la normatividad vigente ya contempla las propuestas de la iniciativa.

El planteamiento original establecía que no se podrán realizar reducciones al financiamiento para las universidades públicas e instituciones de educación superior, tanto de la Federación como de las entidades federativas, a las que la ley otorgue autonomía, lo cual –considera la Comisión– ya se prevé en la Ley General de Educación Superior y en la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al hablar en contra, el diputado Mario Zamora Gastélum (PRI) expresó que la iniciativa desechada busca establecer una protección explícita para que los recursos a universidades públicas no puedan ser objeto de recortes presupuestales, blindar el presupuesto destinado a la educación superior y dar estabilidad y certidumbre financiera a estas instituciones.

Magdalena del Socorro Núñez Monreal, diputada del PT, señaló que se debe fortalecer la educación superior con políticas integrales sujetas a evaluación y definir prioridades sin centrarse en temas presupuestarios. Respaldó el dictamen en sentido negativo porque la ley tiene mecanismos de protección de recursos y aceptar la iniciativa impactaría negativamente en el enfoque del presupuesto basado en resultados y en la evaluación del desempeño.

Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández expresó su voto en contra porque se quieren hacer recortes presupuestales a las universidades públicas, y la iniciativa que se desecha da una protección básica para garantizar el acceso a recursos para la educación superior pública.

A su vez, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) apoyó el dictamen porque la reforma es innecesaria y redundante pues la ley protege el financiamiento a universidades públicas con principios de obligatoriedad, gratuidad, equidad y plurianualidad, así como mecanismos para preservar programas prioritarios e impedir recortes arbitrarios.

Enseguida, con 26 votos a favor, 9 en contra y cuatro abstenciones, validó el dictamen que desecha la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por considerar que las propuestas planteadas ya están contempladas en la legislación vigente.

La iniciativa buscaba incorporar un anexo transversal de Protección, Conservación y Restauración al Ambiente, que los anteproyectos de las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal incluyan acciones que promuevan esas acciones y que el proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá las previsiones de gasto que corresponda a la protección, conservación y restauración al ambiente.

Se estimó que aprobarse implicaría asignar recursos adicionales que generarían similitudes o duplicidades en los programas y estructuras ya creadas, lo que sería contrario al ejercicio de responsabilidad presupuestaría.

La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) señaló que se desecha una propuesta responsable para incorporar la perspectiva ambiental y climática, y se pronunció en contra del dictamen “porque México ya no puede darse el lujo de tomar decisiones presupuestarias dejando de ver la crisis ambiental y climática”. Añadió que el medio ambiente debe ser un eje transversal en el sector de salud, educación, infraestructura y campo.

La diputada Núñez Monreal dijo que apoyaría el dictamen porque el Presupuesto contiene el Anexo 16 con recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, que este año ascendieron a 205 mil 386.7 millones de pesos. Además, la ley vigente garantiza su transparencia y seguimiento, por lo que no se deben aprobar nuevos cambios.

Al manifestar su voto en contra, el diputado Téllez Hernández estimó que no se toman en serio los criterios del presupuesto basado en resultados ni las carencias de protección al medio ambiente, por lo que no hay argumentos para desechar la iniciativa que busca garantizar recursos suficientes al cuidado y protección del ambiental.

Una vez aprobados en lo general y lo particular, los dictámenes se enviaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de su programación legislativa.

Texto y Foto: Cámara de Diputados