Ciudad de México, 25 de noviembre de 2025

Puntualizó que se aumenta las penas para quedar de 15 a 25 años.

Explicó que se restablecen las sanciones severas a servidores públicos corruptos.

También se endurecen las penas para quienes introduzcan celulares o dispositivos, faciliten telecomunicaciones clandestinas en los reclusorios y para las autoridades penitenciarias que permitan estas prácticas

Al participar en la discusión de la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los Delitos en materia de Extorsión, aprobada en la sesión de hoy, la diputa Azucena Arreola Trinidad afirmó que, con esta nueva norma, el Estado Mexicano pone un hasta aquí a este delito.

En tribuna, la diputada chiapaneca aseguró que con esta ley “vamos a recuperar la tranquilidad del pueblo de México”.

“Es la herramienta que las familias, los comerciantes, los transportistas y miles de víctimas han estado esperando”, agregó.

Explicó que con estas modificaciones “no se les deja ninguna rendija a los extorsionadores para que se escapen de la acción de la justicia. Se fortalecieron sanciones y se hicieron 20 cambios en 15 artículos, más un transitorio clave”.

Puntualizó que se aumentan las penas para quedar de 15 a 25 años para evitar que personas ya sentenciadas salgan por medio de algún beneficio de libertad anticipada, romper el incentivo criminal, y homologar las penas con entidades que ya castigan con mínimos de 10 a 15 años, “pues no obstante a la gravedad de este delito hoy en día existen estados donde se castiga con penas muy bajas”.

“Con estas modificaciones se manda un mensaje contundente: la extorsión se acabó como negocio de bajo riesgo”, advirtió.

“Con este cambio se blinda el objetivo central de homologar con una pena efectiva y que evite la posible liberación de quienes se encuentran cumpliendo sentencias por este delito”, precisó.

Adicionalmente, indicó, “se restablecen las sanciones severas a servidores públicos corruptos”.

“Ya basta de autoridades que miran hacia otro lado, como algunos Fiscales, Agentes del Ministerio Público, custodios, policías municipales, estatales o federales o de cualquier corporación, entre otros servidores públicos, que, con su omisión, siguen permitiendo la realización del delito de extorsión”, exigió.

De esta manera, aseveró, “se recupera el espíritu exacto de la iniciativa de la presidenta de México: cero tolerancia a la corrupción institucional”.

En su intervención, Arreola Trinidad recordó que un porcentaje enorme de extorsiones se hacen desde el interior de los centros penitenciarios y reclusorios de todo el país.

Por eso, detalló “la minuta endurece las penas para quienes: Introduzcan celulares o dispositivos, faciliten telecomunicaciones clandestinas y para las autoridades penitenciarias que permitan estas prácticas…y también se obliga al uso de inhibidores en los centros de reclusión e impide que quienes extorsionan desde prisión obtengan beneficios de preliberación”.

Asimismo, abundó, “se mantienen y mejoran los elementos que protegen a quienes denuncian, ya que con esta reforma la extorsión se persigue de oficio, ahora se mantiene reservada la identidad de quienes denuncian, se facilita la denuncia vía telefónica mediante el 089 y se establecen las declaraciones remotas con tecnología para evitar revictimización”.

Señaló que con estas modificaciones se rompe con el miedo, “porque antes, quien denunciaba quedaba expuesto”.

“Hoy, el Estado se pone del lado de la víctima, no del delincuente”, concluyó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados