Concluye el curso “México en transición: Retos sociales y el envejecimiento poblacional”, organizado por el CESOP

Ciudad de México, 20 de junio de 2024

Necesario, contar con herramientas para enfrentar ese fenómeno:  Fanny Sleman Valdés

En el segundo y último día de trabajos del curso “México en transición: Retos sociales y el envejecimiento poblacional”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, se plantearon diversos enfoques sociales de atención que inciden en la legislación y programas para las personas adultas mayores.

La investigadora del CESOP, Fanny Sleman Valdés, señaló que México está envejeciendo como muchos países. Se trata de un fenómeno inédito ante el cual es necesario crear y fortalecer herramientas y estrategias para enfrentarlo.

Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en 2022 había en México 17 millones 958 mil 707 personas mayores, 14.1 por ciento de la población, con lo que “hemos iniciado nuestro proceso avanzado de envejecimiento poblacional” y destacó la importancia de crear y fortalecer normas a favor de la protección de la población adulta mayor.

Actualmente, existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 31 entidades federativas cuentan con ordenamientos jurídicos en la materia; además, se ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

La legislación, mencionó, aborda diversos temas en materia de salud, trabajo, educación e igual reconocimiento ante la ley, pero hay otras áreas en las que se debe invertir porque están desatendidas o subdesarrolladas, como la de cuidados, atención, prevención de la discriminación y violencia (física, financiera, psicológica) y apenas se empiezan a tratar.

Consideró relevante armonizar y homogeneizar las legislaciones nacionales para que otorguen los mismos derechos de la Convención Interamericana.

Indicó que en la actual Legislatura se presentaron tres iniciativas que reforman los artículos 4° y 73 de la Constitución Política para señalar expresamente los derechos humanos de las personas adultas mayores y facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia que establezca un piso mínimo de garantías y derechos para este sector.

Explicó que hay diferentes paradigmas de atención, como el de asistencia, derechos humanos, utilitarista, familia y el del Estado.

 Refirió que en las políticas públicas y la legislación debe prevalecer el enfoque de derechos y evitar tensiones con otros aspectos, como el de igualdad de género o el respeto a la autonomía, por lo que se debe buscar un punto medio. “Se trata de llevar a cabo otras medidas que permitan lograr las interacciones sin conflicto y compaginarlas para no llegar a extremos”.

Señaló que, en el tema de cuidados, el papel de la familia es fundamental; sin embargo, hay un menor grado de natalidad y posiblemente no haya un familiar que pueda apoyar, por lo que se deben adoptar otras estrategias. Afirmó que si no va a haber hijos, familia, ni personas cercanas, es necesaria la intervención estatal, porque no pueden quedar en la indiferencia y sin atención”.

Dijo que el Estado debe intervenir en estas cuestiones, aunque los recursos son escasos, pero por más pequeños que sean es necesario desarrollar varias estrategias para integrar y resolver la problemática que enfrentan las personas adultas mayores.

Añadió que en el enfoque asistencialista se toman decisiones para personas que requieren atención y no se les pregunta si quieren o no recibir ciertos bienes o servicios. La ley busca beneficios, pero se debe consultar a las y los involucrados para incluir sus inquietudes y necesidades, por lo que resaltó la conveniencia de llevar a cabo foros de consulta antes de elaborar legislaciones.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados