Corrupción, causa de problemas de agua en el país; es la oportunidad para legislar: Mario Delgado

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019.

Disponibilidad por habitante disminuyó drásticamente; cerca del diez por ciento no tiene acceso: Zagal Ramírez

Necesario, crear nueva ley en la materia; la actual está “muy parchada”: directora general de Conagua

En la inauguración de la semana temática “Agua, saneamiento y conservación” en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo expresó que este tema es fundamental para el país, pero desafortunadamente la corrupción ha llevado a tener muchos problemas de agua.

“Si uno va a cualquier estado hay problemáticas y la disponibilidad que se tiene como país ha bajado dramáticamente; la explicación es única: la corrupción y una visión privatizadora que ha prevalecido en los últimos años”, afirmó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Indicó que desde 2010 la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho del agua potable y saneamiento como garantía humana esencial y la Constitución mexicana lo retomó en 2014. Desde ahí se intentó reformar la Ley de Aguas Nacionales, “pero se volvieron polémicas, porque aprovechando la iniciativa para hacerlo humano, siempre había visiones privatizadoras, las cuales afortunadamente no avanzaron”.

Delgado Carrillo resaltó que ésta es la oportunidad de legislar en esta materia. El gobierno de la república está analizando el tema y preparando una iniciativa y también en esta Cámara hay esfuerzos para revisarlo, ya que es fundamental.

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) expresó que en México la disponibilidad de agua potable por habitante ha ido disminuyendo drásticamente, pues cerca del diez por ciento de la población no tiene acceso, siendo los estados más afectados Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en América Latina y el Caribe es del seis por ciento.

Mencionó que la dependencia de este líquido es alta, pues va desde la generación de energía, industria y el desarrollo de la agricultura, siendo esta última la que usa casi 80 por ciento del recurso vital. “Todas estas actividades se han hecho de manera poco eficiente, lo que provoca que muchos acuíferos estén sobreexplotados y el número se incrementó considerablemente en las últimas cuatro década. Para 2015, el 16 por ciento de los acuíferos estaban sobreexplotados”.

Externó su preocupación por la calidad, ya que se estima que en el ámbito mundial entre 85 y 95 por ciento del agua residual se descarga directamente a ríos, lagos y océanos sin recibir tratamiento previo. En México, sólo 31 por ciento del volumen generado en aguas industriales recibe tratamiento, pero cuando no reúne los requisitos de calidad puede ser vehículo de enfermedades diarreicas, “causa importante de mortalidad infantil en el mundo y en el país”.

Zagal Ramírez precisó que en México, la última reforma en materia de agua se realizó en 2012, cuando se reconoció su acceso como un derecho fundamental; no obstante, esta modificación en los hechos no es efectiva, entre otras cosas porque la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional y no del 4º; además se expidió en 1992, “por lo que presenta un atraso significativo a la realidad actual”.

Mencionó que en la ley no permea el enfoque de derechos humanos ni de sustentabilidad. No existe una legislación que haga cumplir los principios del artículo 4º constitucional; es decir, “no hay cumplimiento eficaz del acceso, abastecimiento, disposición y saneamiento en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles. Además, existen múltiples vacíos y contradicciones normativas, así como problemas institucionales que impiden sostener que el agua es un derecho para todas y todos”.

El manejo del líquido en el país, subrayó, no es adecuado, por lo que se requiere revisar legislativa y reglamentariamente sus problemáticas, como es el uso, calidad, conservación y aprovechamiento sustentable. Las dificultades que en la actualidad enfrenta, añadió, encuentran su origen en las deficiencias normativas que se han profundizado desde la emisión de la Ley de Aguas Nacionales.

La diputada de Morena expuso que se debe revisar lo referente a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual actualmente tiene una gran cantidad de atribuciones, a pesar de que en la norma se pretenda la descentralización.

Se pronunció por analizar el actual diseño institucional de la política nacional hídrica: si está funcionando para conciliar las necesidades de todas las personas; si atiende la visión sostenible, ambiental, social y si el acceso es para todos. El compromiso, añadió, es revisar y, en su caso, transformar las normas que rigen a Conagua; crear un órgano que supervise su actuación y haga efectivo lo dispuesto en las normas.

Precisó que el tema de la regulación de las aguas subterráneas es una de las deficiencias más grandes de la Ley de Aguas Nacionales, pues si bien hay distintas disposiciones sobre esta problemática, están dispersas, lo cual genera dudas y contradicciones al momento de su aplicación. “Para resolver este conflicto debemos generar un capítulo específico dentro de la ley para que agrupe las normas dispersas y se le dé debido sentido”.

Con esta semana temática, añadió, se busca nutrir el articulado, con el fin de proteger el uso de las aguas subterráneas y generar los requisitos adecuados para su explotación;  también que la Ley de Aguas integre un capítulo que se aboque al funcionamiento, organización y efectividad de los consejos de cuenca, ya que sólo se determinan conceptualmente pero no hay atribuciones efectivas de su participación en la toma de decisiones; es necesario vincularlos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para optimizar su funcionamiento; esta semana se garantizará una ley completa que nos dé agua para todos.

La diputada Claudia Martínez Aguilar (Morena) comentó que, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se tiene un gran problema con la invasión en manantiales y contaminación; las concesiones a empresas refresqueras han provocado escasez de agua. Resaltó que todo el recurso va destinado a los sindicatos y en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), más del 60 por ciento de lo que ingresa es para sueldos y un porcentaje mínimo hacia mantenimiento y saneamiento del agua.

De la misma bancada, la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina señaló que el Cañón del Sumidero es emblemático para el estado de Chiapas; sin embargo, ha sufrido durante años la fuerte contaminación del Río Grijalva y “no es posible dejar que pase desapercibido”. Advirtió que en esta entidad el agua se está agotando, se sufre de escasez y este vital líquido es muy caro.

También de Morena, la diputada Leticia Díaz Aguilar preguntó cuáles son las obras prioritarias que tiene contempladas Conagua para mitigar la escasez del recurso en la zona metropolitana del Valle de México y cuál es la necesidad financiera para estos proyectos. Comentó que en Iztapalapa hay una lucha constante por el agua y se adhirió a las propuestas de cómo coadyuvar a resolver esta problemática.

La directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, dijo que es necesario crear una nueva ley general de aguas porque la actual está “muy parchada” y no es sencillo componerla. Su elaboración, agregó, no debe ser cerrada y tiene que empezar por acordar ideas principales.

“México es de contrastes, por lo que se tiene que entender cuál es la situación del país para hacer una ley ad hoc sin copiar la de otras naciones. Es importante buscar una legislación que refleje la diversidad de recursos naturales y culturales”.

Durante su conferencia magistral “El agua en México: retos en la legislación y cumplimiento de la normatividad vigente”, puntualizó que la norma tendrá que basarse en los principios del derecho humano al agua, su concepción como recurso renovable, y tiene que haber una autoridad que defienda y asegure que todos cuenten con ella.

Recomendó no privatizar los recursos ni el servicio y preservar el ambiente. Es necesario recuperar el tema de que el agua debe pagar el agua, porque, agregó, “ésta genera recursos; sin embargo, no van directo al sector; el dinero que se paga no se invierte en ello”.

Es relevante mejorar la colaboración con los estados y municipios a nivel central; tener corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos; planear con justicia social porque a los que más se les ha quitado el recurso es a los pobres, añadió.

En el tema de la administración, consideró importante lograr una técnica sustentable por cuenca y acuífero, así como fomentar la participación de usos y usuarios.

Subrayó que los ejes rectores de la política nacional son avanzar en el tema de seguridad hídrica privilegiando la prevención, tener más y mejores servicios para la población, agricultura y todas las actividades productivas.

Mencionó que Conagua no tiene atribución de definir quién es usuario. “En lo personal, el fracking o fracturación hidráulica no me gusta, pero si se decide que va a haber fracking, éste es un usuario y la Conagua le tiene que dar agua, por lo que la discusión de éste no debe estar en la ley”.

Al mencionar los retos a los que se enfrentan, subrayó que la sobreexplotación de agua subterránea es un asunto grave en México y en el ámbito mundial debe ser atendido. “Hay varias cuencas en el país en donde hay veda absoluta y completa”.

“Es prioritario atender la falta de eficiencia del saneamiento y la reutilización del líquido vital; tradicionalmente no se ha reconocido que el agua es un recurso renovable, de ahí la importancia de tener una autoridad clara y lo suficientemente fuerte para su manejo”.

Hay que poner atención a la falta de cobertura adecuada para el suministro del sector hidro-agrícola. La seguridad y mantenimiento de las presas, ya que no se atendió la infraestructura; hay 55 en estado de riesgo.

No hay transparencia en la administración del agua, por lo que es necesario contar con un sistema en línea en donde se revise quién solicita una concesión y darle seguimiento para garantizar certeza jurídica, transparencia y evitar la corrupción, finalizó.

La funcionaria consideró que la ley general de aguas debe coordinar tareas de Federación y estados, ya que el dinero del agua ni siquiera va a la Conagua, sino a Hacienda y, además el recurso de los derechos que pagan se regresa a los estados y municipios. “Lo que nos hace falta es la coordinación”.

Estimó que es complicado recuperar el Lago de Texcoco porque es enorme; toda la zona representa prácticamente el área de Oaxaca y otra mitad más, entonces recuperar eso sería imposible. Consideró que sí se debería recuperar el Lago Nabor Carrillo que actualmente está al 40 por ciento, “muy costosa su operación y se está evaluando”.

El tema del aeropuerto, precisó, no es únicamente el lago, “el área de impacto es una zona tremenda”, por eso la Secretaría de Gobernación está coordinando la participación de cerca de 30 instituciones, entre ellas Conagua, para analizar el problema, cuantificarlo y establecer prioridades. “Componer todo va a ser muy difícil, pero hay que ir estableciendo prioridades junto con la comunidad”.

Mencionó que se trabaja en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México sobre las soluciones para Iztapalapa y refirió que la ciudad resolvió un presupuesto de 17 mil millones de pesos por parte del gobierno, “casi igual al de la Conagua”. Entonces, dijo, “creo que es ahorita cuando se va a resolver el problema” y tiene dos prioridades: tapar las fugas y darle agua a esta alcaldía.

En tanto, Larisa Ortiz Quintero, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, comentó que en la ciudad hay cerca de 160 pueblos originarios, 56 barrios y casi un millón de personas que se autoinscriben como indígenas y muchas comunidades todavía tienen sus territorios con mantos de agua y “tienen una gran presión por tratar de abastecer su propia necesidad y, al mismo tiempo, compartir en una gran urbe este líquido tan vital”.

Planteó que Conagua se reúna con todas las secretarías de pueblos indígenas del país, incluyendo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que sean facilitadores de las comunidades y que ellos expresen sus problemáticas y perspectivas.

Texto y Foto: Cámara de Diputados