Ciudad de México, 2 de diciembre de 2025

Fundamentó el dictamen la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Anaís Miriam Burgos Hernández

En la sesión vespertina, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, así como diputadas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, emitieron comentarios sobre el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Igualdad debe convertirse en una realidad palpable

Al fundamentar el dictamen, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), presidenta de la instancia legislativa, expresó que hoy no se está ante una reforma más, sino ante uno de los actos de justicia más profundos y trascendentes de la historia reciente, un compromiso que reconoce la fuerza, la memoria y la dignidad de la mitad del pueblo de México, es decir a millones de mujeres mexicanas.

Indicó que lo que hoy se discute no sólo modifica leyes, repara silencios, abre caminos y devuelve la esperanza a generaciones enteras que lucharon sin ser escuchadas. “Este día quedará grabado en la historia de los derechos de las mujeres.  17 leyes se modifican hoy para responder a una verdad dolorosa, pero innegable”.

La igualdad entre mujeres y hombres –dijo– no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una realidad palpable en cada hogar, en cada escuela, en cada centro de trabajo, en cada institución del Estado. Esta transformación tiene un origen claro, el compromiso firme, congruente y valiente de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha hecho de la igualdad sustantiva un principio rector de su proyecto de nación.

Hizo mención que su iniciativa, presentada el 25 de noviembre, marca un antes y un después en la historia de los derechos de las mujeres en nuestro país. “No es casualidad, es un acto de justicia y de Estado. Al aprobarse estas reformas, México transita de la igualdad formal, la que dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley a la igualdad sustantiva, la que exige que lo seamos también en la vida diaria, sin excusas, sin obstáculos y sin violencias”.

Indicó que reformar la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres no es sólo un discurso, sino significa que la igualdad ya no será un principio aspiracional y una obligación concreta del Estado, que los tres órdenes de gobierno deberán planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género, que existirán métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas.

Burgos Hernández puntualizó que, por primera vez, la ley establece que la mediación de impacto será obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento. La igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia.

“Cada política, cada programa y cada peso invertido tendrá que mostrar que reduce brechas, salva vidas y mejora la vida de las mujeres. Esta medición obligatoria es la garantía de lo que aprobamos hoy se cumpla mañana. El derecho a una vida libre de violencias tendrá un compromiso reforzado”, añadió.

Subrayó que, en educación, las escuelas deberán convertirse en refugios de seguridad y dignidad, espacios donde niñas y niños y adolescentes crezcan libres de miedo, se incorpora la perspectiva de género desde la primera infancia, se fortalecen los protocolos contra el acoso y el hostigamiento y se establecen medidas reforzadas para proteger a quienes más necesitan del cuidado del Estado.

En salud se da un paso decisivo para que cada mujer sea atendida con dignidad, con respeto y sin discriminación alguna. Se garantiza una atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental, sexual y reproductiva con enfoque diferenciado y la gratuidad para quienes más lo necesitan, porque la salud de las mujeres no es un privilegio, es un derecho que el Estado está obligado a proteger.

Además, en materia laboral se avanza hacia una justicia largamente postergada, igual salario por trabajo de igual valor, sin importar sexo ni género. “Esta reforma rompe décadas de discriminación salarial que han limitado la autonomía económica de las mujeres. Se establecen obligaciones claras para prevenir el acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo y se reconoce y protege la trayectoria laboral de quienes realizan labores de cuidado, porque cuidar no debe significar renunciar a un futuro profesional”.

Sobre seguridad social se da un paso contundente para garantizar que ninguna mujer vuelva a ser tratada con desigualdad cuando acuda a un hospital, a una clínica o a una ventanilla del Estado. Tanto el IMSS como el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias arraigadas durante décadas, capacitar a todo su personal con perspectiva de género y generar estadísticas que permitan identificar y corregir las brechas que afectan a las mujeres.

Las reformas relativas a vivienda abordan uno de los rezagos más profundos que han enfrentado las mujeres en nuestro país: el acceso a la propiedad y a un patrimonio propio. Los programas de vivienda deberán incorporar criterios preferentes que garanticen su acceso, reconocer su derecho a la propiedad en igualdad y asegurar medidas de seguridad en el diseño urbano.

Respecto a migración, las reformas reconocen la profunda vulnerabilidad que enfrentan miles de mujeres que cruzan el país buscando refugio, seguridad o una vida mejor. La ley ahora obliga a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas para garantizar que ninguna mujer migrante vuelve a enfrentar sola los riesgos de la trata, la explotación y la violencia sexual o el abuso. El Estado asume que proteger a las mujeres en movilidad es un acto de humanidad y de justicia.

En cultura y ciencia, las reformas derriban barreras que durante décadas mantuvieron a las mujeres al margen de los espacios de la creación, innovación y reconocimiento público. Se reconoce de manera explícita que las mujeres creadoras, investigadoras y artistas han enfrentado obstáculos estructurales que limitaron su visibilidad, sus oportunidades y su acceso a recursos. Establece acciones afirmativas para garantizar su participación equitativa, impulsar su talento y asegurar que sus obras, descubrimientos y aportaciones sean valorados en igualdad, porque un país que respeta y promueve la creatividad y el conocimiento de sus mujeres es un país que se abre a la verdad, a la diversidad y al futuro.

La diputada Burgos Hernández mencionó que la creación de la Secretaría de las Mujeres es sin duda un parteaguas histórico, por primera vez eleva al más alto nivel institucional la agenda de igualdad, enviando un mensaje claro y firme: las mujeres son prioridad de Estado. “No se trata de una instancia simbólica ni decorativa, es una institución con el poder real diseñada para transformar vidas, para garantizar derechos, para que ninguna mujer vuelva a estar sola al frente de la violencia o la desigualdad”.

Con su creación –dijo–México cumple una deuda histórica y abre un horizonte nuevo de justicia, dignidad y libertad para todas. Por ello, externó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que su iniciativa no es sólo un proyecto legislativo, sino una visión de nación, una apuesta por la dignidad, la igualdad y el humanismo que han guiado cada paso de su vida pública.

“Lo que hoy aprobamos no es un decreto más, es un acto de justicia, es una respuesta a décadas de silencios, a heridas abiertas y a luchas que nunca se rindieron. Hoy enviamos un mensaje que cruzará generaciones, a cada niña que merece crecer sin miedo, a cada adolescente que merece caminar sin acoso, a cada mujer que merece decidir su propio destino, a cada madre que sueña con un futuro distinto para sus hijas, a cada sobreviviente que alguna vez creyó que el Estado no le vería”, abundó.

Subrayó que se legisla para que las mujeres no tengan que pedir permiso para vivir sus derechos, sino para que el Estado esté obligado a garantizarlos, protegerlos y hacerlos realidad, con convicción, responsabilidad, esperanza, memoria hacia quienes nos antecedieron y compromiso hacia quienes vendrán después. “Cumplimos con México y con sus mujeres, cumplimos con la vida, con la libertad y con la dignidad de millones”.

Posturas a favor

La diputada Any Marilú Porras Baylón (Morena) señaló que la reforma no sólo actualiza y armoniza el marco jurídico, sino representa un paso decisivo hacia la igualdad sustantiva, hacia la justicia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, hacia un país que coloca en el centro la dignidad humana. “No es un simple ajuste técnico, es una transformación de fondo, una transformación que fortalece los deberes del Estado para protegernos, para reconocernos y para garantizar nuestros derechos sin simulaciones”.

Para la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN) el proyecto que modifica más de 17 leyes federales y prácticamente reescribe el funcionamiento de la política de igualdad en todo el país, presenta focos rojos que no se pueden ignorar. “No estamos ante una reforma técnica, estamos ante una recentralización de poder, ante un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gasto sin techo financiero y pone en riesgo derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”.

De Morena, la diputada Claudia García Hernández indicó que el dictamen es para sanar heridas históricas y saldar una deuda moral con cada mujer, adolescente y niña de la nación; los cambios surgen del mandato constitucional publicada el 15 de noviembre de 2025, en donde se reconocer la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre como pilares fundamentales de la República. “Votamos a favor por convicción y responsabilidad histórica”.

Ana Luisa Del Muro García, diputada del PT, argumentó que no solo se actualiza leyes sino trasforma la vida de millones de mujeres, niñas y adolescentes que han luchado por la justicia, la igualdad y el derecho a vivir sin miedo; se consolida la creación de la Secretaría de las Mujeres, incorpora los llamados deberes reforzados de protección, fortalece los entornos educativos, laborales, comunitarios e institucionales para erradicar estereotipos, prevenir el acoso, garantizar espacios seguros y promover una educación con perspectiva de género desde la primeras etapas de vida.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) mencionó que el dictamen responde a una exigencia histórica de justicia para todas las mujeres en el país y atiende uno de los principios esenciales de su partido, el ser un promotor firme y coherente de la igualdad sustantiva, ya que la igualdad es un principio universal, paridad de género y el acceso a una vida libre de violencia para todas las mujeres. “Esta reforma no es un trámite, es un paso decidido a la armonización de 17 leyes que integran y que están a la altura de la reforma constitucional”.

De MC, la diputada Anayeli Muñoz Moreno precisó que en este dictamen se reconocen las distintas formas de violencia de género en nuestro país y busca eliminar los estereotipos; pero el gran tema es presupuestal porque “la pregunta es cómo se van a financiar todas estas reformas”. Consideró que hay muchos temas pendientes y se sigue reformando las leyes, “pero la vida de las mujeres en el campo es distinta”, porque sufren violencia en el hogar y en el trabajo.

En tanto, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) enfatizó que hoy se reforman 17 leyes federales porque la igualdad no puede seguir enfrentándose a instituciones que operan con reglas del siglo pasado. Se armoniza la norma legal con la nueva Secretaría de las Mujeres y se transforma la manera en que el Estado debe actuar en la justicia, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura y “todos los espacios donde por décadas las mujeres han sido relegadas”.

Por el PAN, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza estimó que la igualdad sustantiva requiere presupuesto, profesionalización, instituciones sólidas y corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno. Reconoció la visión del Ejecutivo Federal, “pero advertimos con firmeza que sin recursos, sin planeación financiera, sin indicadores obligatorios y sin atender omisiones fundamentales como la ausencia de derechos reproductivos, esta reforma corre el riesgo de ser monumental en papel, pero insuficiente en la práctica”. 

Xitlalic Ceja García, diputada del PRI, destacó la importancia del dictamen porque son reformas necesarias e indispensables para la armonización de las leyes, pero para poder enfrentar todos los retos que viven las mujeres y la violencia se requieren recursos. Por ello, anunció su voto a favor, “siempre y cuando se garantice el presupuesto por ley, por derecho, para poder atender todos los casos de violencia en este país”.

En su turno, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN) subrayó que hoy se reforman más de 17 leyes porque ya quedó claro: “la desigualdad no es un problema sectorial, es un problema sectorial-estructural y no se arregla con parches, sino con decisiones”; no se puede pedir transformación con presupuesto de contención. “Las leyes que hoy se reforman necesitan músculo, no solo marco jurídico, necesitamos refugios, prevención, coordinación real, padrones limpios, indicadores, no solo discursos”.

Mildred Concepción Ávila Vera, diputada de Morena, apuntó que las 17 leyes que se modifican son imprescindibles porque responderán con evidencia, con recursos y con visión de Estado. Se establece que las escuelas sean espacios libres de violencia, con protocolos reforzados y con perspectiva de género; se garantiza la atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental y reproductiva con enfoque diferenciado, y se obliga al cumplimiento de igual salario por trabajo igual; prevenir el acoso y hostigamiento.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados