Ciudad de México, 26 de marzo de 2026

Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC plantearon sus posiciones sobre el dictamen que expide la Ley para el Fomento de la inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Permite la inversión mixta; hay corresponsabilidad entre el Estado y lo privado

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) aseveró que la aprobación del dictamen permite la inversión mixta, al multiplicar esquemas financieros y crear una corresponsabilidad entre lo público y lo privado para levantar la infraestructura que contribuya al bienestar de colonias, municipios, entidades; asimismo, moviliza las sumas millonarias de fondos que están inermes en fideicomisos para que vayan a la construcción de carreteras, obras hidráulicas, puertos y aeropuertos.

Subrayó que el sector privado no invertía porque exigía una reforma con estas características que favorezca la bursatilidad de activos, establezca mandatos y, al mismo tiempo, aísle riesgos y se impulsen proyectos que no sean deuda pública sino garanticen una distribución justa del retorno de utilidades tanto para el privado como para el Estado. 

Las modificaciones son deuda disfrazada

Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández mencionó que, si bien esta ley tiene un nombre rimbombante que podría parecer generoso, contiene varios mecanismos “venenosos”, al generar un esquema exclusivo que beneficia a un grupo de empresarios. “Esta iniciativa prevé proyectar obras sin tener dinero, lo cual es deuda disfrazada que compromete a otras administraciones y a las futuras generaciones”.

Además, rompe los principios de disciplina financiera, al querer meter la deuda como gasto corriente y sacar de este concepto para pensiones, programas sociales y pago de las nóminas. Por eso no podemos acompañar esta iniciativa. “Si quieren mayor inversión en seguridad a los empresarios y respetemos a los socios comerciales. No hagan ocurrencias que endeudan el futuro de las y los mexicanos.

Establece esquemas de colaboración sin abusos ni beneficios desmedidos

El diputado Jonathan Puertos Chimalhua (PVEM) señaló que la nueva ley establece esquemas de colaboración en proyectos de inversión, bajo un sistema sin abusos ni beneficios desmedidos en cada obra que realice el gobierno y que se traduzcan en el mayor beneficio posible para la sociedad, con un gasto razonable.

Dijo que esta nueva línea se enfoca en generar un sistema que materializa la cooperación entre el sector público y privado, transparente y centrada en crear mejores condiciones de vida para la población. Se fijan las reglas del nuevo modelo para que el gobierno tenga herramientas que le permitan aprovechar la colaboración en el desarrollo de proyectos para el bienestar.

México podrá salir del “maleficio” de la falta de crecimiento

Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores anticipó su voto a favor del dictamen porque se trata de una ley de avanzada, que va en la dirección correcta “para que México salga del maleficio de la falta de crecimiento económico y llegue a las primeras diez economías del mundo”.

Explicó que se crea el Consejo de Planeación Estratégica, que presidirá la titular del Ejecutivo, enfocado en los derechos humanos, y que plasma el concepto de infraestructura transformadora, pensada en las personas, no solo en la utilidad y la ganancia.

El modelo económico vigente ha sido insuficiente

Para el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) la propuesta confirma algo que han señalado con anterioridad: el modelo económico vigente impulsado desde el gobierno ha sido insuficiente para atraer la inversión que el país requiere, así como la presión sobre las finanzas públicas que limita la capacidad del Estado para responder por sí solo a dichos desafíos.

Anunció que no acompañarán el dictamen por la forma en la que se pretende reimpulsar dicho modelo, incorporando elementos que abren espacios de discrecionalidad, concentran decisiones y generan riesgos fiscales y presupuestarios relevantes. “Esta iniciativa contiene elementos atendibles en su diagnóstico, pero su diseño institucional, normativo y presupuestario en los términos planteados, genera más riesgos que certezas”. 

La iniciativa necesita mayor transparencia y controles

En tanto, Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, estimó que la iniciativa representa una corrección de rumbo, porque después de muchos años de desconfianza hacia el sector privado, hoy se acepta que sin él no hay crecimiento posible. Además, busca atraer inversión, brindar mayor certeza jurídica y abrir la puerta a un modelo que permita construir lo que el país necesita.

Dijo que tienen la obligación de señalar lo que no está bien, como la construcción de un modelo sofisticado en lo financiero pero débil en lo institucional, contratos a largo plazo, pagos diferidos y la posibilidad de iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria. Consideró que la iniciativa necesita mayor transparencia, controles y decisiones verdaderamente técnicas y no políticas

Posturas a favor y en contra

La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) resaltó que el dictamen no representa un impulso a la inversión, es un permiso para gastar sin controles claros. “En Acción Nacional decimos sí a la inversión, sí a la infraestructura y sí al desarrollo que México necesita, pero no a los cheques en blanco, no a la discrecionalidad y no a los mecanismos opacos que ponen en riesgo el dinero de la gente”.    

Gabriela Georgina Jiménez Godoy, diputado de Morena, argumentó que esta Ley actualiza instrumentos jurídicos y redefine el sentido de la infraestructura como política de Estado. Hoy se avanza hacia el bienestar en cuestión territorial y justicia social; es decir, a la prosperidad compartida. La ley permitirá construir puentes entre el sector público, privado y social para el impulso de la infraestructura, pues sin ella no hay desarrollo ni bienestar.

Por MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino externó que su grupo votará a favor en lo general porque México sí necesita inversión en infraestructura y debe abrirse a la inversión pública, privada y social, y en lo particular hay riesgos que no se pueden ignorar, al construir un esquema en donde el Gobierno Federal puede decidir sin transparencia y la toma de decisiones está concentrada en el Ejecutivo, sin controles reales. 

Luis Enrique Miranda Barrera, diputado del PVEM, señaló que la ley permitirá generar empleos y lograr la estabilidad con una visión de infraestructura e inversión adaptada a los tiempos actuales. “Es una herramienta para que el desarrollo económico se traduzca en bienestar, es una forma de hacer que pasen las cosas y que los proyectos se conviertan en resultados reales”.

Del PRI, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo afirmó que se simulan finanzas sanas, se comprometen recursos sin transparencia y se pone en riesgo la estabilidad económica, por lo que adelantó su voto en contra. El crecimiento económico, dijo, requiere reglas claras y decisiones técnicas, pero “vemos un gobierno que, ante la falta de recursos, busca mecanismos para financiarse sin reconocer deuda; intenta ocultar la realidad de las finanzas públicas y genera incertidumbre para inversionistas”.

Para la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (Morena) a través de nuevos modelos de inversión mixta se brinda al sector privado un marco de certidumbre jurídica para sumar capitales desarrollando infraestructura. Al canalizar capital asociado, apuntó, el Estado multiplicará los recursos para carreteras, puertos y planes de infraestructura energética. “Es una inyección de confianza para un desarrollo sólido que fortalece la competitividad internacional y nos consolida como potencia en mercados globales”.

Del PAN, el diputado Roberto Sosa Pichardo señaló que esta ley será un mecanismo “alterno” de lo que estados, municipios y Federación deberán implementar en materia de contratación de proyectos estratégicos, pero afirmó que “el fondo real de esta ley es más negocios, corrupción y tráfico de influencias, porque todos estos proyectos serán destinados a empresas cercanas al régimen”.

En opinión de la diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena) existe la responsabilidad de consolidar un modelo de inversión que sea eficiente, ordenado y orientado a cerrar brechas de desigualdad, que coloque en el centro la rectoría del Estado, la planeación estratégica, participación ordenada del sector privado y, sobre todo, el bienestar de la población.

Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, consideró que era necesario “abrir una puerta” a la inversión mixta y celebró que el actual régimen lo haya reconocido. Dijo que es importante realizar ajustes al dictamen antes de votarlo, como incluir que el régimen presupuestal tenga transparencia en el ejercicio del gasto y que el comité de ejecución técnico esté integrado por voces de especialistas en la materia.

Wblester Santiago Pineda, diputado del PT, aseguró que el dictamen derriba el paradigma de la privatización, al otorgar la rectoría del Estado, garantizar el desarrollo nacional para que sea integral y sustentable. Aclaró que la propiedad de la infraestructura será para la nación y “no se entregará el patrimonio de nuestros hijos, ya que el capital privado y social actúa como socio bajo reglas estrictas”.

La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) expresó que no está en contra de la inversión y el desarrollo, sino de hacerlo sin límites y responsabilidad. “Hoy se compromete el futuro para justificar el presente, no es una ley de inversión; por el contrario, es un mecanismo sofisticado de endeudamiento diferido que compromete las finanzas de las próximas generaciones”.  

De Morena, el diputado Raymundo Vázquez Conchas argumentó que este dictamen genera certeza jurídica e impulsa el desarrollo económico del país que sirve para otorgar bienestar social, a través de la inversión público-privada; es decir, la participación mixta. “Apoyar esta ley es apostar por México, donde la inversión no se concentra en unos cuantos, sino se distribuye con equidad”.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados