Ciudad de México, 25 de noviembre de 2025

Se pone un alto a la impunidad ambiental: diputado Julio César Moreno Rivera (Morena)

Intervinieron representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron sus posicionamientos en torno al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), expresó que es una reforma urgente y necesaria para la nación, la cual responde a la crisis ambiental en el país y al deber constitucional del Estado de proteger los ecosistemas, la biodiversidad y sus recursos naturales.

Indicó que esta propuesta es producto de diversas iniciativas de todos los grupos parlamentarios, por lo que el mensaje es claro: es un tema que preocupa a todos; por ello, se pronuncian contra la devastación ambiental, ya no puede seguir siendo un delito, cuyas sanciones faciliten la impunidad de esta lamentable acción.

Dijo que sustentan la reforma en la crisis ambiental principalmente en los siguientes hechos: los incendios provocados para cambiar ilegalmente el uso del suelo, las descargas clandestinas de sustancias químicas, bioquímicas y aguas residuales en cuerpos de agua, la acelerada deforestación, tala ilegal, crecimiento del tráfico de especies protegidas, el riesgo extremo para especies endémicas como la vaquita marina y la totoaba, ambas en peligro de extinción y sujetas a protección especial.

Moreno Rivera argumentó que, frente a esta realidad, México tiene la obligación no solo constitucional sino internacional de actuar. Las reformas se basan en tres ejes: incrementar las penas contra los delitos ambientales. El Código Penal Federal castiga actualmente muchas de estas conductas con penas de uno a nueve años, y el dictamen actualiza el rango y aumenta estas penas de dos a 10 años de prisión.

Ello –dijo– mantiene la proporcionalidad constitucional. También se incrementan las sanciones económicas para el tráfico de la totoaba, pudiendo llegar hasta 12 mil días de multa, con el objeto de frenar una de las cadenas criminales más dañinas para el ecosistema del Golfo de California.

Además, se incorporan nuevas conductas delictivas y agravantes. Se integran al Código Penal nuevas figuras, las descargas ilegales en mantos acuíferos, los daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes, las agravantes por incendios provocados con fines de lucro y las sanciones a quienes financien o encubran el tráfico de especies.

Expuso que todo ello con base en las diversas propuestas legislativas analizadas por los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia en este dictamen.

Mencionó que se fortalece la actuación de las autoridades ambientales, entre ellas el quebrantamiento de sellos que ha sido uno de los delitos más burlados en el país. “Hoy solo se castiga con jornadas de trabajo comunitario, esto es completamente irrisorio e insuficiente”. Por ello, el dictamen establece la pena de seis meses a dos años de prisión para quienes quebranten o vulneren las funciones de los sellos

Tipifica como delito continuar la actividad ilegal, aunque los sellos permanezcan intactos, atendiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte. Se incluye a las personas jurídicas, es decir las empresas como penalmente responsables. “Con esto, homologamos nuestro marco penal con la mayoría de los estados del país y con la normativa de América Latina”.

El diputado Moreno Rivera argumentó que con este dictamen en México se avanza con el cumplimiento de compromisos internacionales expresos en materia de biodiversidad, especies endémicas y protección ambiental.

“Con estas reformas México deja claro que la impunidad ambiental se termina, se le pone un alto. Cumplimos con la Constitución, con la comunidad internacional y con las exigencias de las comunidades afectadas. Este dictamen protege nuestros ríos, nuestros bosques y nuestras especies endémicas, protege la vida y protege el futuro”, recalcó.

Nos guía la defensa sin restricciones de la vida

El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) reconoció que se vive una crisis ambiental sin precedentes y se han tenido secuelas de esta crisis mundial. “Tenemos que estar preparados como legisladores para encontrar los acuerdos que nos permitan avanzar. Agradezco y celebro que vayamos todos de acuerdo, que se entienda el sentido profundo que nos guía: la defensa sin restricciones de la vida y de todos los ecosistemas”.

Precisó que con esta reforma se fincarán responsabilidades a quien corresponda y se luchará por la vida en el sentido amplio y lo que representa la naturaleza. Además, se tiene por primera vez, en el tema ambiental, la responsabilidad hacia las personas morales, no solo hacia las personas físicas. “Podemos estar seguros que estamos cumpliendo, estamos avanzando y que México seguirá cumpliendo con su responsabilidad ambiental”.

Avance significativo, pero se requieren recursos

Del PAN, la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra afirmó que el dictamen representa un avance real y significativo en la lucha contra los delitos ambientales, actualiza penas, incorpora nuevas conductas ilícitas y fortalece los instrumentos legales para sancionar contaminadores, taladores ilegales y traficantes de especies. “Se acabó la idea de que destruir un bosque o contaminar un río sale barato y no tiene consecuencias.

Se manifestó a favor del derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, aclaró que no es un voto en automático ni en vano, porque endurecer penas es necesario, pero no es suficiente. Hoy se aprueban sanciones fuertes y que fortalecen a la legislación, pero las instituciones encargadas de aplicarlas siguen debilitadas; se necesitan recursos humanos, técnicos y financieros para que las autoridades puedan vigilar, sancionar y actuar.

Urgente, la protección del medio ambiente

El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) destacó que durante años han sido testigos de cómo los delitos como la tala ilegal, el vertimiento de desechos tóxicos, la contaminación de ríos, el tráfico de especies y otras prácticas destructivas se comenten con impunidad porque las sanciones resultan insuficientes o no disuaden a quienes lucran con el daño ambiental. Por ello, es urgente la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales.

Se mostró a favor de incrementar las penas por la comisión delitos contra el medio ambiente y celebró que el dictamen se haya integrado con diversas iniciativas que presentó su grupo parlamentario. Con esta reforma, se establecen castigos más severos y proporcionales a la gravedad del daño que se causa a la sociedad y a la naturaleza, y se envía un mensaje claro: “en nuestro país dañar el medio ambiente tiene consecuencias graves”.

Se busca garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano

La diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT) mencionó que el dictamen coadyuva a proteger el medio ambiente y tratar de garantizar un entorno sano, pues busca incrementar las penas para disuadir delitos ambientales, tales como el tráfico de especies en peligro de extinción, uno de ellos la totoaba y la vaquita marina, disminuir la pesca ilegal y aumento a las multas por la tala ilegal en áreas forestales protegidas y otros delitos que atentan contra los ecosistemas, aguas, ríos, especies y biodiversidad.

Argumentó que al aprobar el dictamen se busca garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano que se encuentra plasmado en el artículo 4º de la Constitución. “Hoy más que nunca debemos tomar conciencia y adoptar medidas que nos ayuden a evitar la destrucción de nuestro planeta y de nuestros recursos naturales. Les invito a reflexionar para que la sostenibilidad, el combate al cambio climático y toda aquella medida que nos permita hacer frente a crisis ambientales sean temas que nos unan”.

La protección del medio ambiente es una obligación moral

Para el diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) el dictamen responde a uno de los desafíos más urgentes para México, que es la protección efectiva del medio ambiente, ya que es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo; sin embargo, los daños ambientales siguen multiplicándose con la tala ilegal, el desarrollo urbano irregular, la contaminación de ríos y mares y el tráfico de la vida silvestre y la devastación de áreas naturales.

Hoy –abundó– se fortalecen las sanciones e incrementan las penas en delitos ambientales, reconociendo la gravedad de los daños que estas conductas ocasionan en la flora, fauna y en la salud humana. Atiende un problema estructural y el quebrantamiento de sellos también tiene mayor restricción, introduce sanciones específicas contra la tala ilegal cuando afecte a áreas naturales protegidas. “Es una reforma seria, sólida y necesaria. La protección del medio ambiente no es solo una causa partidista, es una obligación moral”.

La justicia ambiental también es justicia social

Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, expresó que con el dictamen se incrementan las penas de la mayoría de los delitos ambientales al pasar de dos a diez años y aplica para conductas como descargas de sustancias peligrosas, desmontes sin autorización, incendios provocados y daños a ecosistemas, y corrige vacíos que por años permitieron mucha impunidad, como es el quebrantamiento de sellos, cuando una actividad contaminante es suspendida y aun así continúa operando, ya que hoy eso solo tiene sanciones menores.

Con esta reforma –dijo– se establece una pena de seis meses a dos años y se configura el delito incluso sin romper físicamente con los sellos. Se incorpora con claridad la responsabilidad penal de personas morales, indispensable para enfrentar a quienes dañan el ambiente, desde estructuras empresariales, sin consecuencia alguna.  “La justicia ambiental también es justicia social. Este dictamen es un avance, pero no es un punto final. México necesita construir una política ambiental sostenida, profesional y con planeación de largo plazo”.

Posturas a favor

La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) destacó que el dictamen fortalece las penas para los delitos ambientales que contribuirán a un futuro mejor, y propone un aumento de sanciones para el caso de que exista la posible comisión del delito de quebrantamiento de sellos, y para quien emita, expida o autorice la descarga en la atmosfera sean gases, humos o cualquier contaminante que ocasiones daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente.

Por el PAN, la diputada Teresa Ginez Serrano externó que proteger el medio ambiente es una tarea de las más altas del Estado mexicano, y el dictamen contempla sanciones severas, nuevos delitos y mejores herramientas para castigar la destrucción del medio ambiente; sin embargo, anunció reservas para corregir errores de redacción que pudieran generar confusión en la aplicación en la ley, precisar las agravantes e incorporar el lavado de imagen verde.

Claudia Sánchez Juárez, diputada del PVEM, afirmó que hoy queda claro que el tema ambiental deja de ser una cuestión de ensoñación política para convertirse en un asunto de seguridad nacional; se cierran las grietas por donde se fuga la biodiversidad y la salud de las comunidades, robustece el andamiaje penal, actualiza los rangos de penas para vertidos y manejo de sustancias peligrosas, y considera el ajuste por el quebrantamiento de sellos.

En opinión del diputado José Luis Téllez Marín (PT) proteger el medio ambiente no es una postura partidista sino un imperativo constitucional, jurídico y ético que el Estado mexicano está obligado a cumplir sin matices; el dictamen responde a una necesidad urgente de dotar al país de un marco jurídico moderno, eficaz y capaz de enfrentar la impunidad que por décadas ha permitido que se destruyan bosques, selvas, ríos, mares y especies enteras, sin que exista una consecuencia real para los responsables.

A su vez, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) comentó que su grupo parlamentario está a favor, ya que México es megadiverso; es una reforma positiva y necesaria al corregir vacíos y manda un mensaje claro, que el que destruya, el que la haga que la pague; aumenta significativamente las sanciones para quienes contaminen el aire, el agua y el suelo, a quien realice descargas ilegales y trafique con la flora y la fauna, y el romper sellos será un delito.

Laura Irais Ballesteros Mancilla, diputada de MC, puntualizó que hoy se da un paso firme para proteger el medio ambiente y a los árboles, y según datos de la UNAM el 40 por ciento de los incendios son provocados por actividades ilícitas como desarrolladores inmobiliarios ilegales o siembras clandestinas; se pone un alto a la tala y a la poda ilegal, al desmonte o al cambio del uso de suelo y a los incendios provocados.    

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre dijo que el dictamen aumenta penas y agravantes para quienes cometen delitos ambientales, ya que disuadir y castigar el daño es necesario, pero “esto no alcanza. El país está viviendo una crisis ambiental histórica y lo único que se hace es ajustar sanciones; es un avance pequeño para un problema enorme. Aumentar penas no frena la deforestación, no detiene el tráfico de especies, no reforesta”.

Para la diputada Rosalinda Savala Díaz (Morena) los delitos ambientales agravan la problemática del cambio climático, ya que los factores sociales, geográficos, culturales y económicos provocan que los fenómenos naturales sean cada vez más devastadores. Con esta reforma se logrará imponer sanciones penales y se garantizará el respeto al derecho humano a un ambiente sano.

María Isabel Rodríguez Heredia, diputada del PAN, apuntó que hoy se vota una reforma que intenta corregir y mejorar las fallas, que endurece sanciones para delitos como la deforestación, el tráfico ilegal de especies, la descarga de aguas residuales y químicos en mantos acuíferos, que amplía la responsabilidad penal para personas y empresas; sin embargo, “ninguna ley sirve si el Estado es cómplice del daño ambiental”.  

El diputado Gerardo Villarreal Solis (PVEM) estimó que el dictamen cobra una relevancia trascendental porque su objetivo es fortalecer el régimen de sanciones y disuadir de manera efectiva la comisión de delitos contra el medio ambiente, a través del incremento de penas y la tipificación de conductas ilícitas para cerrar los márgenes de maniobra de quienes lucran con la destrucción del medio ambiente.  

A su vez, la diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) indicó que su grupo parlamentario votará a favor convencido de que la protección y el cuidado del medio ambiente debe ser prioridad en todos los ámbitos y sectores. Endurecer las sanciones para quienes cometen delitos ambientales es fundamental para desincentivar conductas que provocan grandes daños al medio ambiente. 

En opinión del diputado Asael Hernández Cerón (PAN) los delitos ambientales representan una grave amenaza para los ecosistemas, la biodiversidad y nuestra salud.  La reforma tiene como objetivo principal establecer agravantes y penas más severas para quienes motivados por el lucro causen daños irreparables a los bosques, selvas y ecosistemas. “No es suficiente esta reforma. Necesitamos el compromiso de todos”.

José Armando Fernández Samaniego, diputado de Morena, subrayó que actualmente los delitos ambientales tienen penas que en muchos casos no representan ningún freno real para destruir un área protegida. Y a partir de esta reforma quienes contaminen y dañen el ambiente tendrán consecuencias penales, “no solo multas que puedan tomar como permisos para contaminar” y también se destinarán recursos para corregir los daños.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados