Discurso del Secretario de la Función Pública, Mtro. Roberto Salcedo Aquino, ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia de la Cámara De Diputados

Ciudad de México, 13 de octubre de 2021

Saludo con respeto al ciudadano diputado Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y al ciudadano diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como a todas las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de estas dos comisiones de la LXV Legislatura.

En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, comparezco ante ustedes a efecto de presentar los trabajos realizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el cumplimiento de su mandato de ley.

El artículo 134 de nuestra Constitución dispone que los recursos públicos se emplearán para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y se administrarán conforme a cinco principios: eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria del artículo 134, establece que los ejecutores del gasto son los responsables del cumplimiento de las metas y objetivos consignados en los programas presupuestarios y están obligados a rendir cuentas. Esa misma ley faculta a la SFP con las funciones de control necesarias para que el mandato popular expresado en el presupuesto se cumpla, y se obtengan los resultados previstos; las funciones preventivas de control que ejerce la Secretaría de la Función Pública aseguran, por tanto, que en la ejecución de las políticas públicas prevalezca la cultura de la eficacia, que consiste en la administración por resultados. Ésta es la primera y fundamental misión de la Secretaría: que la maquinaria gubernamental funcione correctamente y produzca los resultados esperados.

Los controles, que se articulan en normas, manuales y procedimientos, deben estar enfocados en los resultados esperados, los cuales se centran en la satisfacción de los ciudadanos. Logro de resultados y satisfacción ciudadana son los dos conceptos claves de la misión de la Secretaría. La eficacia administrativa se produce con una visión clara de los objetivos buscados más que por el cultivo fatuo y dogmático de las normas procedimentales; este es el paradigma que es preciso robustecer en el proceso de implementación del presupuesto. Además, se sabe, por la experiencia adquirida y las buenas prácticas, que la eficacia cierra los espacios a la corrupción; si hay que cumplir metas y alcanzar objetivos, las oportunidades de que ocurran acciones irregulares se reducen a su mínima expresión. A los conceptos claves se agrega el de honradez, un valor que obliga a conducirse de manera honesta, de conformidad con los principios de la ética pública.

La eficiencia en el proceso administrativo que nos toca vigilar es la decisión de hacer las cosas con la calidad establecida y en el menor tiempo posible; la economía no sólo consiste en obtener el menor precio, sino las mejores condiciones para el Estado; y la transparencia es la obligación de informar de manera sistemática a los ciudadanos no sólo sobre qué hace el gobierno y por qué lo hace, sino también que los resultados se obtienen de las políticas públicas.

Los cinco principios constitucionales quedan contenidos en el lema de la secretaría: que lo público funcione con probidad. Éste es el espíritu de trabajo de la Función Pública.

El fortalecimiento del control interno es una tarea permanente, ya que por medio de él es posible evitar que los riesgos que dan lugar a la ineficacia y a la comisión de ilícitos. Con este propósito, en el último año, la Secretaría participó en 718 sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional de 219 de las 241 instituciones públicas. Lo que representó un incremento de 192% respecto al año anterior.

El objetivo fundamental de nuestra intervención en estos órganos fue la identificación y administración de los riesgos de corrupción e ineficacia, la promoción de la gestión por resultados y la salvaguarda del patrimonio público.

Asimismo, mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del Gobierno Federal, con objeto de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera. En términos del presupuesto, este acompañamiento significó una cobertura del 74%, esto es, 400 millones de pesos (mdp) de los 542 asignados a esos programas.

En el mismo sentido, para vigilar y dar seguimiento a los apoyos por 504 mdp otorgados, medio millón, a 37 millones de beneficiarios, se dispuso del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que permite homologar las características y temporalidad de la información, generar confrontas y verificar la dispersión de los recursos a los beneficiarios inscritos en 160 padrones. 

Junto a las tareas preventivas están las de fiscalización. La mayoría de los estudios concluyen que el 80% de los actos de corrupción ocurren en la obra pública y en las compras. Con el propósito de detectar irregularidades en ambas materias, se ha estructurado una unidad administrativa especializada en estos rubros. Además, hemos fortalecido la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra Pública (BESOP), sistema informático en el cual se consignan todos los procesos importantes para el seguimiento de las obras; tenemos, así, la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las visitas y las auditorías. En cuanto a las compras, el primero de octubre de este año pusimos en operación la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), con el mismo propósito que la bitácora de obra. Tendremos todas las huellas de las adquisiciones que haga el sector público.

Por cuanto hace a la protección del patrimonio público federal, se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades y 16 proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, además de 8 fideicomisos en proceso de extinción. El universo de los recursos objeto de dictaminación fue de aproximadamente 12 billones de pesos: 6  billones de activos, 4.8 de pasivos y 1.3 billones de pesos de patrimonio.

En materia de combate a la impunidad, sancionamos a 155 licitantes y proveedores. Las multas impuestas ascendieron a 154 mdp, 300% superiores al periodo anterior. Las faltas más recurrentes consistieron en proporcionar información falsa o actuar con dolo en los procedimientos de contratación, así como incumplir obligaciones contractuales.

Por lo que respecta a los procedimientos de responsabilidad administrativa, el universo fue de 9 mil expedientes. De éstos, 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil continúan en sustanciación. De los resultados, 303 expedientes se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves, principalmente desvío de recursos y abuso de funciones.

En el mismo periodo, se impusieron más de 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 personas servidoras públicas, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto de 3,658 mdp.

Por otra parte, la Secretaría presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión del  delito de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, falsificación de documentos. Ilícitos vinculados, en su mayoría, con adquisiciones de bienes y servicios, y obra pública.

Asimismo, hemos abierto la puerta de las denuncias ciudadanas, en cumplimiento del mandato constitucional de erradicar las prácticas deshonestas, así como de los acuerdos suscritos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cabe puntualizar que, en todo momento, se ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso.

En esta misma vertiente, la Secretaría promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68 mil Comités de Contraloría Social, conformados por 275 personas. El monto de esos programas ascendió a 221 mdp con un número aproximado de 24.6 millones de beneficiarios.

En cuanto a la incorporación del sector privado en la lucha anticorrupción, se instituyó el Padrón de Integridad Empresarial, plataforma que busca fomentar la ética y la honestidad en las empresas que tienen relaciones contractuales con el gobierno.

La SFP es uno de los siete integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Para su óptimo funcionamiento y eficaz coordinación, el sistema requiere de una intercomunicación que permita saber a cada uno de sus integrantes lo que hacen los otros seis. La SFP pondrá su mejor esfuerzo para afinar el funcionamiento del sistema.

No puedo rendir un informe completo si no destaco que el trabajo de la SFP se ha desarrollado en torno a los siete instrumentos que articulan nuestra política anticorrupción. Tres corresponden a acuerdos internacionales ratificados por México; cuatro, a instrumentos nacionales de carácter programático emitidos en los últimos dos años.

El primero de los acuerdos internacionales es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; el segundo, emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA), es la Convención Interamericana contra la Corrupción; el tercer instrumento es la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Habrá que añadir el Entendimiento sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, llamado: Entendimiento Bicentenario.

Por cuanto hace a los documentos que conforman la política interna de combate a la corrupción, el primero es el Plan Nacional de Desarrollo; el segundo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024; el tercero, el Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024; y el cuarto, la Política Nacional Anticorrupción, aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

El esfuerzo desplegado por la SFP en la aplicación de estos instrumentos comienza a apreciarse en los indicadores del INEGI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción disminuyó en 4 puntos porcentuales entre 2017 y 2019. Este resultado se reflejó en la percepción de corrupción en el Gobierno Federal, que presentó una reducción de 20 puntos porcentuales, así como en la confianza en este orden de gobierno, la cual aumentó 25 puntos porcentuales.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 evidenció que los porcentajes de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos disminuyó 10 puntos porcentuales de 2016 a 2020. Esta medición reveló que la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada diez mil empresas se redujo de 561 a 510 y que la confianza en el Gobierno Federal creció en 35 puntos porcentuales.

Este mes se publicó el Latinobarómetro 2021. Lo más significativo es que en 2018 el 74% de los mexicanos opinaba que la corrupción aumentaba; ahora, en 2021, sólo el 49% piensa lo mismo; avanzó 25 puntos. 

Perfeccionar y ampliar las mediciones oficiales con las que contamos sobre el fenómeno de corrupción representa una tarea compleja que requiere la acción conjunta de los distintos órganos que atienden esta problemática. Con este propósito, se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción en el seno del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, coordinado por el INEGI.

Los esfuerzos de los ciudadanos, de la sociedad civil organizada y de la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos; se ha alcanzado ya el punto de inflexión. Por supuesto, no estamos satisfechos con la situación; pero el combate contra estos flagelos ha arreciado y confiamos en que seguiremos avanzando. El principio de responsabilidad nos impela a continuar con la lucha que hemos emprendido y a fomentar de manera universal la ética pública en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos. El nombre de la secretaría nos indica el rumbo: que lo público funcione y lo haga con probidad.

Muchas gracias.

Texto y Foto: Cámara de Diputados