El momento de la reforma judicial | Arturo Zaldívar

Los Derechos Hoy

Hace casi 10 años, como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparecí ante el Senado de la República y me comprometí a abrir las ventanas de la Corte para que entrara aire fresco. Expuse un decálogo de la renovación que, a mi juicio, era necesaria para enfrentar los reclamos sociales de justicia —tan añejos y tan vigentes.

Durante los siguientes nueve años me esforcé por cumplir aquello con lo que me comprometí desde el primer día: participar en el desarrollo de los derechos humanos, a fin de darles contenido, robustez y efectividad. Busqué impulsar criterios garantistas que tuvieran un impacto real en beneficio de las personas. En materia de libertad de expresión, igualdad de género, no discriminación, interés superior de la infancia, debido proceso, derecho a un medio ambiente sano, derechos de personas con discapacidad, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, etc., mi prioridad fue siempre dar la protección más amplia e interpretar de la manera más favorable, para hacer diferencia en la vida de las personas.

Ahora, como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me guían los mismos principios y el mismo compromiso de renovación. Por ello, hemos iniciado una verdadera autorreforma del Poder Judicial de la Federación, centrada en los ejes de combate a la corrupción y al nepotismo; igualdad de género y paridad; eficiencia administrativa y austeridad; así como acceso a la justicia.

En el Consejo de la Judicatura Federal se han implementado nuevas políticas en materia de cambios de adscripción y se han hecho más estrictos los estándares para la ratificación de juzgadores; están en curso los primeros concursos internos de oposición, exclusivos para mujeres, para la designación de juezas de distrito y magistradas de circuito; en el Instituto Federal de Defensoría Pública se han implementado políticas para prestar un servicio integral de defensoría que asegure el acceso a la justicia de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad; se han iniciado procesos consultivos con la sociedad civil, para la actualización de los protocolos de actuación para impartidores de justicia; hemos emprendido esfuerzos de capacitación coordinados entre el Instituto de la Judicatura Federal, la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte y el Centro de Estudios Constitucionales, con miras a transformar el paradigma de formación de los juzgadores y del personal jurisdiccional. En general, hemos buscado una mayor cercanía con la gente a través de nuevas estrategias de comunicación, utilizando de mejor manera los recursos disponibles, haciendo más con menos.

Con todo, debemos reconocer que vivimos un momento social y político especialmente propicio para una reforma judicial más profunda y de mayor calado. Las demandas de justicia siguen siendo apremiantes y existen las condiciones para un diálogo y un consenso con los otros poderes, sobre las modificaciones legales que son necesarias para que la justicia llegue a aquellos para quienes siempre ha estado vedada.

La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; debe tender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas; debe apostar por la agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia local; debe centrarse, ante todo, en dar mayor acceso a la justicia a todas las personas y no solo a las élites, debe ser una reforma orientada hacia una mayor igualdad y justicia social.

La coyuntura nacional nos brinda la oportunidad de lograr los cambios necesarios para desterrar la endogamia y el patrimonialismo que tanto han dañado al Poder Judicial de la Federación. Desde todos los ámbitos, voces plurales convergen en la necesidad de reformar la justicia federal para recuperar la confianza ciudadana y reivindicar su legitimidad.

Como salvaguarda de su independencia, el Poder Judicial Federal debe ser protagonista en este proceso, a través del diálogo institucional. Pero debe actuar con apertura y altura de miras; con la plena disposición de abrir sus ventanas para que entre aire fresco. El aire de la renovación de nuestro compromiso con la gente.

Publicado por Milenio Digital