El municipio que nos quitaron | Laura J. Ambrosio J.

Observatorio Nacional Ciudadano

A finales de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó las cifras preliminares del número de homicidios cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual contabilizó 156,437 casos. Al respecto, articulistas y medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, han hecho diversos ejercicios de análisis que buscan contextualizar estos datos a través de un comparativo con sexenios anteriores o tienen por objetivo resaltar las diferencias y aportaciones derivadas entre el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y esta misma institución.

Más allá de lo que año con año se escribe y se analiza frente a estos registros, además del sin número de notas de prensa que día con día inundan a los lectores con tragedias semejantes, consideré relevante regresar a un terreno más tangible en el que todos y todas entendamos la magnitud del problema al que nos enfrentamos. ¿Qué significan todos estos homicidios si los juntamos en un mismo espacio geográfico? y ¿de qué tamaño es la pérdida de la que estamos hablando?

Si juntáramos todos estos homicidios en una misma zona geográfica, según el INEGI en su último censo estaríamos hablando de municipios enteros, como San Juan Bautisma Tuxpetec (Oaxaca) en el que habitaban 155,766 personas o en Zitácuaro (Michoacán) el cual tenía 155,534 personas para 2010. También, es muy probable que si utilizamos el mismo comparativo para la Ciudad de México estaríamos hablando de colonias enteras que por su densidad poblacional se reducirían a cero como consecuencia de algún hecho violento que terminó en un homicidio.

En este sentido, el costo social se traduciría en la pérdida de tradiciones y culturas que en su conjunto han gestado una construcción y una identidad sociales, y que tan sólo en 6 años, fueron borrados por la violencia.

En la sociología moderna, Peter L. Berger y Thomas Luckmann, ambos considerados como parte de los teóricos sociales más reconocidos de los últimos tiempos, identifican en el construccionismo social la capacidad de todos los individuos por construirse y reconstruirse en función de la realidad cotidiana. Por lo que, partiendo de este supuesto, en el Estado mexicano se están gestando vacíos identitarios que perdurarán a lo largo de los años y que a la larga terminarán con estas construcciones sociales de las que Berger y Luckmann hacen referencia.

Ahora bien, es importante ampliar el impacto de estos datos. Los más de 156 mil homicidios ocurridos en el país, además de los muchos más que se han registrado en los últimos años por las mismas causas, deben de ser asumidos como individuos que eran parte de una comunidad que, tras su muerte, dejan a otras víctimas colaterales como familia, amigos, vecinos y otros más. Algunos estudios especializados los han denominado “las víctimas invisibles de la violencia”, de las cuales, hasta el momento no se tiene registro alguno.

En este supuesto, si juntáramos cada homicidio identificado por el INEGI, así como a cada una de sus víctimas colaterales, probablemente estaríamos hablando de regiones enteras en el país que han perdido ciertos rasgos identitarios a consecuencia de la violencia que está esparcida en el territorio mexicano.

En unos años cuando esta violencia cese, los registros del INEGI, del SESNSP, de organizaciones internacionales y otros más, nos servirán para recordar que cada una de estas muertes significó el fracaso de gobiernos enteros que no supieron cómo sumar esfuerzos en lugar de restar individuos. Seguramente, los estudios académicos hablarán desde diferentes puntos de vista del retraso social, económico y cultural que durante estos años se perdió en México.

Sin lugar a duda, el gobierno de López Obrador tiene un reto mayúsculo. La capacidad de interlocución de sus colaboradores con los gobiernos estatales y locales es fundamental para que en unos años las próximas cifras del INEGI no hablen de la población de municipios enteros que se perdieron por la violencia y mejor puedan ser traducidos en acciones efectivas que se lograron con la participación de la sociedad y el gobierno.

Subdirectora de Investigación

@AmbrosioJLaura

Publicado por El Universal