Empresa | Alberto Barranco

Apretón civil al Poder Judicial

Imagine usted la posibilidad de que en el marco de una resolución toral para el país por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le dé pauta a un órgano paralelo integrado por 11 académicos y juristas que analice el asunto y emita su “sentencia” para, en su momento, confrontarla con la del máximo tribunal.

La alternativa está inscrita en los objetivos de un organismo de la sociedad civil denominado “México Justo”, en la búsqueda de darle certeza plena a la impartición de justicia en el país.

El punto toral apunta a que el Poder Judicial es la única instancia de equilibrio frente a un gobierno con mayoría en el Congreso.

La instancia integrada por ex miembros del pleno de la Corte; ex magistrados, ex jueces y abogados plantea generar información para alimentar la toma de decisiones, proponer cambios y mejoras en la impartición de justicia, lograr que las políticas públicas respondan a las necesidades y el bienestar de la ciudadanía…

En la pauta se habla de lograr que México tenga una justicia real, inmediata, transparente y accesible, que vele por las necesidades sentidas de la ciudadanía a través de la observación del Poder Judicial.

Una de las primeras propuestas habla de cancelar la posibilidad de conflicto de interés al ser el presidente de la Corte al mismo tiempo de la Judicatura Federal, es decir el órgano que vigila a los impartidores de justicia.

Más allá, se plantea que no sea el Presidente de la República quien designe a los ministros de la Corte, dada la posibilidad de ser juzgado.

El Consejo de la Judicatura estaría integrado por ex presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, ex magistrados y ex jueces con expedientes blancos.

La intención es aglutinar a facultades o escuelas de derecho y juristas.

En el escenario actual se da el caso que magistrados logren que un juez les dicte una suspensión provisional en un juicio de amparo contra la ley que limita los salarios de servidores públicos al tope del presidencial, lo que pareciera no empatar con la ortodoxia.

La suspicacia apuntó a la resolución del ministro Eduardo Medina Mora que protegió con un amparo al ex presidente Enrique Peña Nieto frente a un eventual proceso planteado por la fiscalía de Chihuahua, dado que a éste le debió el puesto.

En 2003, a la víspera de la resolución que ordenaba procesar por desacato a una orden judicial al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el pleno de ministros de la Corte acudió a la residencia presidencial de Los Pinos para dialogar con el presidente Vicente Fox.

Realizado hace dos años un estudio por uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, sobre nepotismo en la estructura, se descubrió un colosal tráfico de plazas para familiares de jueces y magistrados, que luego una organización civil la extendió a los integrantes del pleno de la Corte, con idénticos resultados.

Uno de los impulsores de “México Justo” es el ex candidato a la presidencia de la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, quien planteó un amparo contra la decisión del Consejo Directivo del organismo de excluirlo de la elección, con la novedad de que un año después el juez de la causa resolvió que la protección de la ley sólo priva para actos de gobierno.

La posibilidad de ventilar el apego al marco constitucional de leyes incómodas emitidas por el Congreso radica en un poder judicial que está obligado a generar confianza.

México justo.

Balance general. En el inaudito de la temporada, apenas días antes de terminar su gestión los funcionarios de Petróleos Mexicanos Carlos Murrieta y René Ramírez le dieron su regalo de Navidad adelantado a las empresas gaseras Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza, y Grupo Zeta, de Miguel Zaragoza… con cargo, naturalmente, a la empresa productiva del Estado.

Con los atentos saludos se le otorgó a la primera la concesión para importar gas LP a nombre de Pemex, en una cadena que implica transporte en sus barcos, almacenamiento, para agregar a la factura, además, gastos administrativos.

En la trama, se le vende el producto a la empresa a precios altos y luego se le recompra a costo subsidiado.

La posibilidad habla de 100 mil toneladas mensuales.

El negocio del siglo.

En el caso del grupo Zeta, se lo ratificaron contratos a su filial Zeta Gas del Pacífico, con sede en Tijuana, aprovechando sus espacios de almacenamiento, con la novedad que vende el combustible a los costos más altos del país.

Al parecer, los ex funcionarios dejaron amarrados los contratos en tal forma que no pueda revertirlos la nueva administración.

Golpe a paqueterías. Bajo pretexto de que llevan mercancías privadas o cargamento ilícito, la Procuraduría General de la República, a petición del Ministerio Público de la Octava Agencia Investigadora, Sergio Alejandro Martínez Colín, giró una orden a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para retener las guías de envíos que están en el recinto de fiscalización de la Agencia Mexicana de Aviación.

El caso es que ahora se le pide dinero a las empresas para facilitar la circulación de las guías.

En el escenario se está enviando un alerta a firmas de paquetería como UPS, DHL, Estafeta, Redpack y Fedex.

¿Va o no va? Las señales indican que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el Impuesto al Valor Agregado y el de la Renta en la frontera norte no podrá cumplirse, al menos para el año próximo.

Los presidentes de las comisiones de Hacienda en el Senado y la Cámara de Diputados coinciden en que no hay espacio en el presupuesto para soportar el hueco, dada la prioridad a las partidas sociales.

De acuerdo con el cálculo de los técnicos, la reducción de los tributos implicaría una rebanada de 2.4% respecto al monto presupuestal previsto en los precriterios de política económica.

SAE en el banquillo. En paralelo a los reclamos que le hace el presidente de Oceanografía, Amado Yáñez, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes enfrenta la exigencia de una auditoría integral, con alcance al sexenio.

De acuerdo con el organismo, entre 2012 y 2018 vendió bienes adjudicados por el gobierno por un total de 17 mil 582 millones de pesos.

La cifra mayor, 10 mil 244 millones, llegó a la venta por nueve ingresos que la expropiaron al Grupo Azucarero Escorpión

En total, durante el periodo el SAE recibió 610 mil bienes muebles o inmuebles para su enajenación.

Azteca se amplía. Como lo habíamos adelantado, el Banco Azteca designó como su presidente de banca de gobierno a Luis Armando Melgar Bravo.

Este tiene una trayectoria de 25 años en el ámbito legislativo, financiero y del gobierno.

Melgar, licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta también con una maestría en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra.

Publicado por El Universal