Ciudad de México, 3 de septiembre de 2024

En la discusión en lo general del dictamen que reforma disposiciones de la Constitución Política, en materia de reformas al Poder Judicial de la Federación, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron sus posturas a favor y en contra, en las primeras dos rondas de oradores.

Primera ronda

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) manifestó su voto a favor, con el propósito de que haya una justicia, digna, democrática y eficiente para la ciudadanía y el país. “Mi fracción política no actuará por mayoriteo, pues representa la voz de miles de mexicanos e invito a la oposición a presentar una propuesta para debatir punto por punto sobre lo que se quiere para la nación”.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) consideró que las reformas violan los principios de independencia, no arreglan las enormes fallas en el sistema judicial, suprimen la carrera judicial e imponen condiciones para que los jueces sean acosados, es decir, son inoperantes, tendenciosas y eliminan los efectos generales de las sentencias de amparo y suspensión de las leyes anticonstitucionales.

Por el PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar dijo estar a favor porque nadie puede decir que el Poder Judicial funciona bien. La reforma pretende acortar los tiempos para las resoluciones, y los jóvenes podrán ser juzgadores, porque ahora para ser buenos magistrados tienen que ser decanos. “Hoy se abre la puerta a los jóvenes. Lo que se está haciendo es con mucha responsabilidad porque queremos justicia pronta y expedita”.

Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI, se pronunció a favor de combatir la corrupción y acabar con el nepotismo, por lo que, dijo, es necesaria una reforma al sistema judicial, pero no es este el camino. “Las instituciones no se demuelen de un día para otro. Debatamos, construyamos y discutamos un país justo, pero no sobre los derechos ni con oídos sordos”.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) expresó que se requiere de la transformación de uno de los Poderes de la Unión, encargado de garantizar justicia, lo cual es impostergable. Esta reforma va más allá de la elección de jueces, magistrados y ministros, pues busca que la imparcialidad, transparencia, independencia judicial y erradicación de la corrupción se garanticen. Debe cambiarse de fondo el Consejo de la Judicatura Federal.

De MC, la diputada Patricia Flores Elizondo señaló que México requiere de una reforma judicial profunda que ayude al ciudadano y garantice autonomía judicial para tener jueces justos y sanciones para los corruptos. Se necesitan cambios que busquen fortalecer el sistema y no desmantelarlo, así como evitar que haya inocentes en las cárceles mientras criminales impunes se beneficien de “la puerta giratoria”, que son los ministerios públicos.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) externó que no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad para cumplir sus deberes constitucionales. La reforma modernizará al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos de México y las demandas del pueblo. Se requieren juzgadores que actúen de manera racional, equitativa, imparcial y justa, que sus decisiones sean entendibles y acordes con el contexto y realidad del conflicto en particular, asegurando la protección de los derechos humanos.

A su vez, el diputado Julen Rementería Del Puerto, del PAN, se manifestó en contra porque no se trata de una reforma sino de la destrucción de un Poder del Estado mexicano, ya que es el único que no está bajo el mando del presidente y ha sido el único contrapeso valiente. “Se está clavando un dardo mortal al Poder Judicial; se requiere una reforma que lo haga independiente, en el         que se acabe la impunidad y la corrupción. La reforma no podrá concretarse, porque no hay legislación que indique cómo se van a establecer los procedimientos”.

Por su parte, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) dijo que la iniciativa señala que los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad, y los presupuestos considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes.

En su intervención, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, llamó a fortalecer al Poder Judicial y que su actuación no solo genere mayor certeza sino que garantice la autonomía de sus decisiones y brinde una justicia pronta y expedita. “Si hiciéramos las cosas bajo estos principios daríamos mayor legitimidad, especialmente cuando sus criterios y resoluciones contrastan con otros poderes; sin embargo, nos quieren imponer un dictamen lleno de falacias”.

Por Morena, el diputado Julio César Moreno Rivera comentó que lo que se hace hoy es parte de un mandato popular que les dio la gente y la legitimidad en la pasada elección del 2 de junio. Es una reforma muy importante y de fondo, pues con la elección de los jueces por voto popular “esperamos acabar con los asuntos de consigna; cuánta gente está sedienta de justicia y solamente ven cómo los poderes judiciales locales están al servicio de sus gobernadores”.

José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, resaltó que la reforma no es para mejorar el Poder Judicial ni al sistema de administración y procuración de justicia; “es una venganza contra una mujer, la ministra Norma Piña, que no se doblegó ante el autoritarismo del presidente y del Ejecutivo”. La reforma no tiene pies ni cabeza; no toca, en un solo capítulo, la prevención del delito ni a las policías municipales y estatales.

Segunda ronda

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) afirmó que la independencia judicial no está en riesgo porque no se buscan resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juzgadores a modo, y lo que se pretende es democratizar al Poder Judicial. “En ninguna parte se plantea transferir funciones o atribuciones al Ejecutivo Federal; al contrario, se están cediendo”.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) señaló que al aprobar la reforma se condena a México a un sistema judicial manipulado, politizado y sin capacidad para ser independiente; se está entregando al crimen organizado. La propuesta de elegir jueces por voto popular no es una mejora, es un golpe a la independencia judicial y abre la puerta a que los jueces se conviertan en títeres del poder político en turno.

Ciria Yamile Salomón Durán, diputada del PVEM, expresó que el propósito de la reforma al Poder Judicial es darle un auténtico valor al Estado de derecho, al hacer al pueblo partícipe de la elección de quienes impartirán la justicia. “No se modifican los mecanismos de control constitucional ni se establecen excesos del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, sino se fortalece la democracia representativa y su vinculación con la ciudadanía”.

Por el PRI, la diputada Graciela Ortiz González hizo notar que la reforma toca las fibras más profundas del sistema democrático y que si bien pareciera que tiene el objetivo de mejorar al Poder Judicial, pone en peligro los principios fundamentales que deben regir en cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa. “Si se quiere mejorar la justicia se debe comenzar por exigir la persecución del delito y el buen desempeño de los ministerios públicos”.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena) puntualizó que hoy tienen la oportunidad de transformar el rostro, la forma y el fondo de la justicia, además de liberar a la ley de las cadenas del poder y devolverla al verdadero dueño, que es el pueblo. “No más designaciones a puerta cerrada, acuerdos en lo oscurito, ni repartición de cuotas”.

Pablo Vázquez Ahued, diputado de MC, consideró que votar a favor es un acto de deserción a la patria, pues la mal llamada reforma judicial no le sirve a las personas, somete la justicia a facciones políticas, lastima a las y los servidores públicos y rompe el pacto federal. “Los estados son libres y soberanos, se tiene que respetar la reforma constitucional y la división de poderes”.

A favor, la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, aseguró que se engaña a los trabajadores del Poder Judicial al decirles que se les afectarán sus derechos laborales e hizo mención que Benito Juárez fue electo ministro de la Corte por el voto popular, lo cual no es un tema nuevo; contrario a lo que se piensa, es un debate que viene desde 1928.

El diputado del PAN, Omar Antonio Borboa Becerra, advirtió que esta no es una reforma para votar por jueces, magistrados y ministros, sino depende de dos candidatos: “el que escoja el Ejecutivo y el que elija el Legislativo”. Cuestionó el costo y de dónde provendrán los recursos. ¿Acaso se endeudará al pueblo o quitarán un programa social?

La diputada Clara Luz Flores Carrales (Morena) se manifestó a favor de definir el futuro de la justicia en México y sentar las bases de un sistema judicial digno, que valore la eficiencia y ofrezca una justicia verdadera y equitativa. Es urgente e imperativo modernizarlo y es responsabilidad de las y los diputados legislar para garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Del PRI, el diputado Víctor Samuel Palma César indicó que es necesaria la reforma al sistema judicial; la discusión es si los instrumentos que se escogen en este momento para llevarla a cabo son los más adecuados. El Tribunal de Disciplina y la elección popular de jueces y magistrados son temas que la historia resolvió y superó desde 1917. El tema requiere una discusión profunda por tratarse de la justicia y la seguridad, dos tareas principales del Estado.

En tanto, la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) mencionó que con la reforma se va a reducir el número de ministras y ministros para disminuir los gastos operativos. “Queremos decirle a los trabajadores de base del Poder Judicial que en el Décimo transitorio de nuestro dictamen se menciona que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de este Poder y sus entidades federativas”.

La diputada Ana María Balderas Trejo (PAN) destacó que la propuesta no tiene la intención de mejorar la impartición de justicia en el país; no aborda adecuadamente el problema de la corrupción en el sistema judicial y carece de mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas. “Lo que pretende esta reforma es perpetuar prácticas que minan la confianza ciudadana en las instituciones de justicia”.

Texto, Foto y Videos: Cámara de Diputados