Entrevista de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, a representantes de medios de comunicación

Miércoles 21 de agosto de 2019

PREGUNTA.- El día de ayer la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, decía que se estaba dialogando con la delincuencia para pacificar el país.

El día de hoy el Presidente enmienda la plana, y dice que no hay ningún diálogo, ni siquiera con las guardias comunitarias, ¿hay claridad verdaderamente en el combate a la delincuencia para dar paz, tranquilidad a los mexicanos, cuál es su perspectiva?

-DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO.- Me parece que lo que señala el Presidente de la República, es correcto y es el rumbo indicado para que, es el Jefe de las instituciones del Estado mexicano, y para la demanda de paz y justicia que hay en la sociedad, o sea, a la delincuencia organizada hay que combatirla, no hay que dialogar con ella.

Sin embargo, los intentos que se han hecho para que aquellas personas que sientan vulneradas su situación, que están inseguras y que han decidido malamente usurpar la función central del Estado, que es el monopolio de la fuerza, puedan reencauzar su camino y deponer las armas.

Esto no quiere decir que no hayan cometido delitos y que estos delitos no tengan que ser sancionados.

El mensaje tiene que ser claro, con la delincuencia organizada no se dialoga, se le combate.

PREGUNTA.- El Presidente había prometido en campaña, en diciembre de 2017, que propugnaría por una amnistía para los criminales, incluidos los jefes del narcotráfico.

-DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO.- El Presidente de la República ha reiterado en varias ocasiones su propósito de una amnistía, pero como en otras cuestiones, realmente es muy difícil entender qué es lo que quiere el Presidente.

Amnistiar a aquellas personas que están en las cárceles acusadas, a su juicio injustamente, sometidas a proceso sin posibilidad de defensa, es decir, a los más pobres, indultar, porque también tiene la facultad para hacerlo, a aquellos que han permanecido largo tiempo en prisión, no sé, tiene que establecer con claridad cuál es su política. Porque un mensaje ambiguo es muy peligroso.

Pensar que va a haber una amnistía para aquellos que cometen delitos cuyas causas siguen estando presentes, como es el caso del tráfico de drogas, es francamente un boomerang contra la tranquilidad de los mexicanos.

Muchas gracias.


Intervención de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de agosto de 2019.

Gracias, presidente.

Estoy usando esta Tribuna en vez de la de abajo, pero espero la condescendencia de la Mesa.

Efectivamente, estas iniciativas que voy a presentar, están relacionadas con el tema de la condonación de impuestos.

El decreto publicado el 20 de mayo de este año, en el Diario Oficial de la Federación, generó grandes expectativas mediáticas debido a que el Presidente de la República sostuvo que renunciaba a la facultad de condonar impuestos a grandes contribuyentes.

Sin embargo, es importante mencionar que las condonaciones a las que hizo referencia el Presidente al ejemplificar los excesos de esta facultad del Ejecutivo Federal, en realidad no fueron otorgadas mediante decretos presidenciales, sino a través de las leyes de ingresos, que no solamente las aprueba el Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores, sino que tiene vigencia anual, por lo que éstas ya están derogadas o abrogadas.

En otras palabras, el decreto del Presidente no dejó sin efecto absolutamente nada, pues dichas condonaciones no las había hecho el Presidente en turno, sino el Servicio de Administración Tributaria.

Seamos claros, las condonaciones las hace el SAT al amparo de la Ley de Ingresos que tiene vigencia de un año y nada más. En consecuencia, el Presidente de la República no renunció a facultad alguna.

Lo anterior clarifica cómo la condonación de impuestos o recargos producto de estos, considerado por los gobiernos de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e inclusive el actual Presidente de la República, han sido aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de ingreso respectivas y no por decretos presidenciales.

En ese sentido, para hacer realmente vigente la prohibición de las condonaciones, es que presento la presente iniciativa.

Se trata de reformas a tres artículos constitucionales.

El primero de ellos es el 28 constitucional, que por cierto, el Ejecutivo Federal también ya envió una iniciativa al respecto, para prohibir junto con los monopolios, las condonaciones o exenciones de impuestos.

Por cierto, el Presidente de la República ahí lo deja en su iniciativa, la que presento a consideración de la Cámara de Diputados tiene adicionalmente excepciones, después voy a decir la importancia de que estas excepciones quieren en la Constitución, y que también dichas condonaciones estén sujetos al principio de transparencia consagrado en el artículo sexto constitucional.

Por cierto, esto nos evitaría los litigios que en este momento se están dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia, respecto a la información proveniente de las condonaciones presentadas en años anteriores.

El segundo artículo constitucional es el 74, en la fracción cuarta, el 74 como saben, son las facultades de la Cámara de Diputados, al cual propongo añadir un párrafo, en el sentido de que haya prohibición expresa para que las iniciativas de ley de ingresos provean condonaciones.

Es decir, no basta con que no utilice el Ejecutivo la facultad que le da el Legislativo, se requiere prohibir que haya condonaciones en la Ley de Ingresos que sea puesta a consideración de la Cámara de Diputados en primera instancia.

Y también, propongo una modificación al artículo 89 constitucional, respecto a las facultades del Presidente de la República, es la adición de una fracción vigésima, en el sentido de autorizar las condonaciones de impuestos en los términos del primer párrafo del artículo 28 constitucional.

Es decir, no va a ser la jefa del Servicio de Administración Tributaria la que eventualmente autorice condonaciones, sino cada una de ellas deberá ser firmada por el propio Presidente de la República como una facultad indelegable.

¿Y por qué hablo de las excepciones? Hay excepciones cuando, por ejemplo, se presente un tema que afecte la situación de algún lugar o región del país, y a través de este mecanismo se pueda impedir que esto afecte aún más a la región. Lo mismo sucede con determinadas ramas de actividad.

También provienen las excepciones, es una propuesta que hago, para las emergencias procedentes del comercio exterior, y en este sentido podría ejemplificarlo con la reciente amenaza de introducir aranceles a las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, que hubiera provocado de materializarse, un grave daño.

Y, por último, también tenemos que contemplar el tema de las exenciones fiscales que se conceden cuando sucede un grave fenómeno meteorológico como huracán o un terremoto y queda la planta productiva seriamente lesionada y los ingresos de las personas. Así como también excepciones tendrán que contemplarse cuando se trate de plagas o epidemias.

Todas ellas de ser concedidas, tendrían que ser firmadas por el Presidente de la República.

En ese sentido, las tres reformas a los artículos constitucionales que propone la citada iniciativa, sin lugar a dudas, harán real materializar específicamente el propósito de prohibir las condonaciones de impuestos.

Si esto no se da, simple y llanamente no pasaremos de que sea un buen propósito del Ejecutivo Federal, y seguirá siendo una exigencia de la sociedad, sobre todo en el sentido de hacer transparente esta facultad.

Muchas gracias.


Segunda intervención de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, para presentar propuesta de modificación respecto al dictamen en relación con el oficio del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por el cual solicita se llame a comparecer a las y los titulares de las Secretarías de Bienestar; de Hacienda y Crédito Público; y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que expliquen el motivo de la negativa a aceptar la recomendación 29/2019, durante la Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de agosto de 2019.

Gracias, presidente.

Necesitamos reconducir este debate, irnos a lo que verdaderamente estamos analizando y definiendo en estos momentos.

Por lo tanto, solicito atentamente, señor presidente, que la secretaría proceda a dar lectura al artículo 102 constitucional, párrafos primero y segundo. Perdón, es 102 constitucional, apartado B, párrafo primero y segundo.

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El debate que hoy estamos sosteniendo en esta Comisión Permanente es de gran trascendencia para el país, debemos tener en cuenta la responsabilidad de las palabras pronunciadas en esta Tribuna, sobre el tema tan delicado que estamos abordando.

La postura que cada una, cada uno de nosotros adoptemos, incluso el sentido de nuestro voto, marcarán la visión de país que queremos entregar a las siguientes generaciones.

Este día tenemos la responsabilidad de proteger los cimientos que garantizan el reconocimiento y la vigencia efectiva de los derechos humanos, elemento esencial en un Estado democrático.

Votar en contra, como se perfila por parte del grupo mayoritario, puede atentar incluso contra la amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que buscaba entre otros relevantes temas, fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Votar en contra de que funcionarios que han rechazado una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comparezcan ante el Senado de la República o ante la Comisión Permanente.

Pretender rechazar el dictamen que califica como no procedente la solicitud que realiza la CNDH con fundamento en sus facultades constitucionales y legales, dejará, sin duda alguna, un pésimo precedente en los mecanismos constitucionales que garantizan la protección de los derechos humanos en México.

El artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevé el mecanismo para aquellos casos en donde las recomendaciones emitidas no sea aceptadas por algún servidor público o dependencia.

Al momento en que la mayoría parlamentaria pretende aprobar o más bien desechar un dictamen que establece la solicitud u obsequia la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para invitar a comparecer a los funcionarios, que no es, vamos a decir, procedente, y a la vez genera que el Poder Legislativo, es decir nosotras y nosotros, renunciemos a nuestro papel como actores en la defensa de los derechos humanos en el país.

Permitirlo implica que este Congreso califique la actuación de la CNDH, vulnerando su autonomía y supeditando sus decisiones y sus alcances al contentillo del Poder Legislativo.

Permitirlo implica que cuando existe un gobierno y una mayoría parlamentaria del mismo partido político, el sistema de protección de derechos humanos falle, pues estas solicitudes nunca prosperarían.

Permitirlo implica que, en vez de abonar a la transparencia y rendición de cuentas, en donde órganos autónomos, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se escuchen, dialogan y construyan, abrimos la puerta a la opacidad.

Permitirlo implica que aquellas personas afectadas, la sociedad civil, la ciudadanía, escuche los argumentos y las autoridades, queda cancelado.

Permitirlo implica impedir a las autoridades señaladas en la recomendación también defenderse y con argumentos sólidos justificar su negativa.

Desgraciadamente todo se reduce a la intención de la mayoría de evitar que los servidores públicos señalados asistan a esta Soberanía, llámese Comisión Permanente, llámese Senado de la República, a transparentar su posición.

Genera que el Poder Legislativo en vez de abonar al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, se convierta en un obstáculo al ejercicio de las atribuciones constitucionales que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo más delicado, es que con la negativa, convalidamos las posibles violaciones de los derechos humanos de mexicanas y mexicanos.

Es importante resaltar las grandes incongruencias de este gobierno.

La estrategia nacional de seguridad pública enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República el Periodo Ordinario pasado, propone tipificar como delito el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En consecuencia, propone darle dientes a la CNDH para que ésta haga su trabajo en forma más eficaz, al darle vinculación punitiva a sus recomendaciones y así reducir el número de violaciones a los derechos humanos, ¿dónde quedó ese compromiso?

El dictamen que estamos discutiendo y que fue votado en sentido positivo en la Comisión, pero con un voto particular en contra, mismo que ya fue retirado y que anticipa que MORENA va a votar en contra en este Pleno, no era un dictamen fácil en cuanto que tenía más de 224 páginas.

Un dictamen que buscó en aras de la transparencia registrar todas las recomendaciones hechas públicas por parte de las cuatro autoridades aludidas.

Un dictamen que incluye la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esta negativa, y a la vez también señala dónde están los puntos que fundamental la solicitud al Poder Legislativo para activar el mecanismo al que hemos hecho alusión.

El tema de fondo sin lugar a dudas es delicado, la recomendación de la Comisión en materia de estancias infantiles no es inventada, tiene su fundamento…

Muchas gracias presidente, y le ruego que me trate con la misma generosidad de quien me precedió.

Correcto, ya me apagaron los numeritos rojos, pero me acuerdo hasta dónde llegaron.

Hay 204 quejas que se presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que dieron fundamento a que cinco mil 340 personas que se dijeron agraviadas por la mala instrumentación de ese programa que priva a las niñas y a los niños y a los menores de esta atención del programa de estancias infantiles.

Yo propuse en la Comisión y lo presento ahora como una reserva, para que no solo en forma, que fue mi primera intención en la primera comisión de moción suspensiva para regresar el dictamen para que le diéramos cuenta a la Mesa Directiva de la invitación, de la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que la Permanente turnara al Senado de la República esta solicitud de la CNDH.

Y no se trata de abdicar de una atribución que tiene la Permanente, se trata en el fondo de dar el tiempo para que esta función pueda ser desarrollada a plenitud por el Poder Legislativo, porque es una función de control en materia de respeto a los derechos humanos en México, que no puede por una coyuntura de naturaleza política, ser vulnerada o en última instancia desechada en estos momentos de México.

Demos tiempo para la reflexión, que la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea turnada por esta Comisión Permanente al Senado de la República, para que éste resuelva retomar el papel de defensor de parte del sistema de defensa de los derechos humanos que la Constitución y la ley le confieren.

Muchas gracias y espero la pregunta.

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PREGUNTA SEN. BEATRIZ PAREDES RANGEL.- Gracias señor presidente. Distinguida diputada, por lo que usted explicó, había propuesto también en la sesión de la Comisión, la posibilidad de que este dictamen se regresara a la Mesa Directiva.

Quisiera preguntarle, ¿su propuesta tiene que ver con salvaguardar el señorío, la institucionalidad, la robustez del Senado de la República para que no se distorsione el papel que estamos jugando en el sistema de salvaguarda de los derechos humanos?

Finalmente, si los funcionarios consideran que sus razones son suficientes, vendrán aquí a esgrimirlas y podrán tener el respaldo de cualquier manera de a quienes convenzan y de la mayoría que existe en el Senado.

¿Usted considera que votar en contra del dictamen lesiona gravemente al sistema de derechos humanos y al Poder Legislativo?

-DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO.- Comienzo por el final de su pregunta, sí considero que lesiona gravemente al sistema de protección de los derechos humanos, el votar en sentido negativo la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la comparecencia de las y los servidores públicos aludidos en la negativa de aceptar su recomendación, 29/2019.

Y sí lo considero en dos sentidos:

El primero de ellos porque tiene que ver con los mecanismos constitucionales de protección y control en materia de derechos humanos.

Aquí lo dije y lo reitero desde esta Tribuna, es fundamental el papel del Poder Legislativo para que este mecanismo se desarrolle, y muy particularmente el Senado de la República.

No en balde el informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se rinde ante este Senado.

No en balde la facultad en los periodos ordinarios para intervenir cuando existen diferencias como las que en este momento estamos analizando la tiene el Senado de la República.

La segunda cuestión tiene que ver también con el tema del tiempo, indudablemente no voy a analizar las razones por las cuales hasta el día de ayer fue dictaminada esta solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de que fue presentada el 26 de julio.

Lo que sí puedo señalar es que nos restan solamente 10 días para dar por clausuradas, el 31 de agosto en forma ineludible, los trabajos de esta Comisión Permanente.

Y dada la naturaleza del mecanismo, que por cierto desde 2011 en que fue introducido en la Constitución no ha sido activado sino hasta ahora en el Poder Legislativo federal, se necesita tiempo para procesar la solicitud.

Por eso, mi primera intervención en la Primera Comisión fue en el sentido de devolver a la Mesa Directiva la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que ésta pudiera a la vez, dentro de los asuntos pendientes, entregarla al Senado de la República, para que con toda propiedad es el Senado analice el tema.

Y no me refiero exclusivamente al de las estancias infantiles que es de gran relevancia, me refiero al mecanismo de protección y de control del sistema de derechos humanos en México.

Esa es la razón también de que ahora vengo a proponer esta reserva. No se trata de desechar la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos simplemente, se trata de ver más allá.

Hoy son las estancias infantiles, mañana puede ser una recomendación que tenga que ver con la actuación de grupos armados, más con la situación que tenemos en materia de Guardia Nacional.

Necesitamos que haya un pleno compromiso del Poder Legislativo y particularmente del Senado de la República.

No estoy señalando que automáticamente aprobemos las comparecencias de los cuatro funcionarios y funcionarias, sino lo que estoy señalando es que le solicitemos a la Mesa Directiva que la solicitud de la CNDH sea entrega para su canalización al Senado de la República.

Es cuanto, señor presidente.

Texto y Foto: Cámara de Diputados