En sesión extraordinaria, la Comisión de Gobernación y Población presidida por la diputada Graciela Ortiz González (PRI), aprobó dos puntos de acuerdo con exhortos en materia de censo a niñas y niños migrantes sin madre, padre o tutor, y apoyos para damnificados por daños en el monumento histórico “El Parián” de Tlaquepaque, Jalisco.
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2024
Se impondrían penas severas a la tala ilegal, caza furtiva, comercio de maderas y comercialización de especies en peligro de extinción, señala la diputada del PVEM
La diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) presentó una iniciativa para reformar los códigos Penal Federal y el Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para clasificar como delitos graves las actividades que dañen el entorno ecológico y sancionarlas hasta con diez años de prisión.
La propuesta plantea imponer penas severas y multas duplicadas para quienes incurran en prácticas destructivas como la tala ilegal, caza furtiva, el comercio de maderas y la comercialización de especies en peligro de extinción, explicó la legisladora en comunicado.
Asimismo, se pretende sancionar la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la descarga ilegal de aguas residuales y el daño a ecosistemas críticos como manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales que puedan portar enfermedades contagiosas para los ecosistemas, abundó.
Benavides Cobos destacó la gravedad de los delitos ambientales en México que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2016 estos crímenes generaron entre 91 mil millones y 259 mil millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en el cuarto crimen más lucrativo después del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
Puntualizó que México pierde aproximadamente 500 mil hectáreas de bosque al año debido a la tala ilegal, y que la caza furtiva y el tráfico de especies están afectando gravemente la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida.
La iniciativa se enfoca en tres pilares: incrementar las sanciones contra quienes atenten contra los recursos naturales, clasificar los delitos ambientales como graves para garantizar su persecución y fortalecer la reparación del daño, exigiendo la restauración de los ecosistemas afectados, explicó.
Texto y Foto: Cámara de Diputados