Ciudad de México, 29 de abril de 2025

El diputado de Morena se compromete a revisar los contratos de las empresas involucradas en estos fraudes y trabajar para que los responsables sean sancionados y los afectados reciban una reparación adecuada

El diputado Gilberto Herrera Ruiz (Morena) expresó su respaldo a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que denuncian que en los fraccionamientos El Roble, El Encino, Quercus y Tierra Noble Juriquilla las empresas Grupo Desarrollador Camelot, Generación de Desarrollo Sustentables y Carter Desarrollos, en Querétaro, les vendieron terrenos sin infraestructura básica y en algunos casos ni siquiera han entregado los lotes prometidos.

En rueda de prensa acompañado de las y los afectados, encabezados por Mario Ramírez, se comprometió a vigilar el caso, revisar los contratos de las empresas involucradas en estos fraudes y trabajar para que las y los responsables sean sancionados y las y los afectados reciban una reparación adecuada.

En su oportunidad, Angélica Arvizu, Mario Ramírez y Javier Ramírez mencionaron que este fraude afecta no sólo a familias locales, sino también a inversionistas extranjeros, sumando un daño económico de aproximadamente 15 mil millones de pesos.

“En estos desarrollos se identifican alrededor de 30 mil propiedades entre lotes y viviendas, que representan un fraude por alrededor de 15 mil millones de pesos en daños económicos directos y más de 20 millones de pesos en gastos de representación legal”, añadieron.

En ese sentido, pidieron una investigación profunda por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de diligencia de las fiscalías locales, que han cerrado casos sin investigar adecuadamente y han desestimado pruebas clave; la creación de una legislación urgente que proteja a los ciudadanos frente a fraudes inmobiliarios, garantizando el derecho a la propiedad y evitando la repetición de estos delitos.

“Hemos tomado acciones legales, hay más de 400 carpetas abiertas pero trabadas y hemos agotado diversos recursos para buscar el apoyo de las autoridades estatales y municipales, sin embargo, esa ayuda no ha llegado, por el contrario, existe negligencia descarada en las fiscalías donde no están revisando las evidencias que les hemos aportado”.

Mencionaron que también han observado la colaboración de notarías y firmas de abogados que representan y facilitan las actividades de estos presuntos grupos criminales y notan poco interés de parte de las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Sustentable, encabezada por Marco Antonio Del Prete Tercero y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la Comisión Estatal de Infraestructura.

Asimismo, solicitaron la intervención del Gobierno Federal, a través de la presidenta de la República, para que se apoye las víctimas y se sancione a los responsables con penas de hasta 15 años de prisión.

El ciudadano Mario Ramírez comentó que el presunto fraude ha tenido un impacto emocional y social en sus vidas, ya que muchos de ellos han perdido sus ahorros de toda la vida y enfrentan dificultades familiares debido a la incertidumbre sobre su patrimonio, así como afectaciones en salud y sus relaciones familiares, debido al estrés prolongado de la situación.

“Hay personas afectadas que llevan más de 10 años buscando recuperar su dinero. Es como vivir con una enfermedad crónico degenerativa que te va debilitando y dañando a tu círculo cercano”, dijo.

Instó a no comprar propiedades en preventa sin las debidas garantías y sin verificar la legalidad de los terrenos y pidió que las autoridades actúen con seriedad frente a estos fraudes, ya que algunas autoridades en Querétaro han respaldado a los responsables de estas estafas.

Expuso que la problemática inmobiliaria, aunque se ha identificado principalmente en Querétaro, refleja una situación que también afecta a otras regiones del país, como la Ciudad de México.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados