Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025

Los ordenamientos regulan el acceso al recurso y priorizan el consumo humano

Senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios fijaron postura en torno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo es regular el acceso a este recurso y priorizar el consumo humano.

La propuesta de la Ley General de Aguas, enviada por la Cámara de Diputados, está conformada por 45 artículos y dos transitorios que regulan el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

Además, establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; y establece competencias y casos de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno.

También precisa que se regirá por principios como no discriminación, sustentabilidad, universalidad, prevención y precaución, y participación ciudadana; subraya que se deberán cumplir elementos como calidad, disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, entre otros, para asegurar el derecho humano al agua.

El proyecto plantea que las políticas públicas en materia hídrica y sanitarias deberán fortalecer los sistemas de vigilancia de la salud pública, saneamiento e higiene y contribuir a la construcción de comunidades ambientalmente saludables a través de un manejo de los riesgos ambientales a la salud asociados con el agua, saneamiento e higiene.

Así como la implementación de una Estrategia Nacional Hídrica, elaborada por diversas dependencias federales, para evaluar y diagnosticar la vulnerabilidad hídrica de ecosistemas, centros de población, equipamiento e infraestructura, sectores productivos y sociales; además, tomará en cuenta las necesidades de la población, de las actividades económicas y ecosistemas a nivel local, regional y nacional en materia de agua

También incluye la regulación de los Sistemas de Captación de Agua Pluvial para consumo personal y doméstico, donde dispone que las entidades federativas deben promover en todo momento la instalación de estos sistemas, acorde a las necesidades regionales y sin que ello afecte el ciclo natural hidrológico.

Del mismo modo, reconoce a los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento que no estén ubicadas en el área de operación de los servicios municipales de agua y saneamiento, intermunicipales o metropolitanos para brindar y gestionar el servicio de agua potable, los cuales sólo podrán prestar los servicios de agua y saneamiento para uso personal y doméstico, sin fines de lucro.

En tanto, las reformas a la Ley General de Aguas establecen que cualquier autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga que se otorgue conforme a la presente ley debe priorizar el consumo humano y doméstico del agua bajo los principios establecidos en la misma.

Y que en caso de que exista riesgo de disponibilidad de agua para consumo humano o doméstico, “la Autoridad del Agua”, previa valoración técnica e información oportuna a las personas usuarias, disminuirá o cancelará el volumen de agua concesionada, en los términos previstos por esta ley.

En la legislación también se establece que, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua a que se refiere el presente ordenamiento, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.

Se precisa que “La Autoridad del Agua”, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original y por el plazo remanente de su vigencia, en los términos previstos en la presente ley, exceptuando el análisis de la disponibilidad.

En el documento se subraya que, cuando se trate de unidades, distritos o sistemas de riego, la explotación, uso o aprovechamiento y distribución interna de agua se hará cumpliendo con los términos de los reglamentos respectivos que estos expidan, sin que en ningún caso pueda variar parcial o totalmente el uso concesionado.

Tratándose de actividades primarias de uso agrícola, pecuario o acuícola la combinación de éstas no implicará un cambio de uso, se puntualiza.

La senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, aseguró que con estas reformas se garantiza el derecho humano al agua para las y los mexicanos, pero principalmente para los productores que alimentan a nuestro país. Con esta ley, resaltó, se eliminará la sobreexplotación de los mantos acuíferos, se terminará con el acaparamiento, con la desigualdad en la distribución y con el mercado negro de la compraventa de este valioso recurso de la nación.

Mario Humberto Vázquez Robles, senador del PAN, consideró que el campo está desmantelado y ahora traicionado con esta reforma, que no fue ni siquiera consultada con los productores ni con las comunidades. “Esta ley se construye sobre una falsa narrativa de acaparamiento del líquido y que supuestamente hay personas que se enriquecen con la comercialización del recurso, pero si ese es el caso digan quiénes son”, expresó.

La senadora Mely Romero Celis, del PRI, señaló que “se está viviendo un momento que pasará a la historia como la más grande traición al pueblo de México”, traición a quienes confiaron en la Cuarta Transformación, pues decidieron ver a los campesinos como un “estorbo” y no como el corazón productivo del país, toda vez que simularon diálogo cuando la decisión ya estaba tomada, que es, concentrar todo el poder del agua en manos del poder federal sin transparencia y sin rendir cuentas.

Por el PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez asentó que en la minuta que se somete a consideración muchas de las peticiones del campo quedaron incorporadas, lo que permite un balance entre el interés productivo y asegurar el interés superior del derecho al agua, por lo que la minuta reconoce la posibilidad de heredar títulos de concesión, aclara el procedimiento para la reasignación de volúmenes, respeta la permanencia de los derechos en el contexto agrario y ganadero, entre otros.

Del PT, Alejandro González Yáñez explicó que esta reforma busca acabar con la mafia del agua, con el caciquismo, con el abuso y los abusadores de este recurso, con la injusta distribución del agua, pero, sobre todo, busca la justicia hídrica para México, y se reconoce como un bien público; se crea la Secretaría del Agua, como un organismo encargado de la regulación, no se crea más burocracia o más presupuesto administrativo.

Por MC, Néstor Camarillo Medina, dijo que su bancada no será cómplice de una ley que le da la espalda a los campesinos, que ignora a los productores, que no consultó a los pueblos originarios y que en lugar de resolver la crisis hídrica la agrava con el centralismo y la discrecionalidad; se envuelve en la bandera de “devolverle al pueblo” el recurso, pero lo que realmente hará es arrebatar la autonomía del agua a las regiones, para concentrarlo en un escritorio.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores