Ciudad de México, 16 de noviembre de 2023

Fue organizado por el CEDIP y las secretarías General y de Servicios Parlamentarios

La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) y las secretarías General y de Servicios Parlamentarios realizaron el curso “Movilidad humana y su posible armonización en términos legislativos”, con el objetivo de analizar este fenómeno en México y sus repercusiones.

Al inaugurar el curso, Hasuba Villa Bedolla, directora general del CEDIP, destacó que se deben reconocer las diversas vertientes culturales, económicas, políticas y humanitarias, para comprender la complejidad de este fenómeno y explorar posibles vías para su regulación equitativa hacia la construcción de un marco legal.

Dicha normativa, explicó, requiere no sólo reconocer la movilidad humana en su totalidad, sino garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que cruzan fronteras. “Reconocer esta multiplicidad de razones y su impacto es crucial para forjar marcos legislativos inclusivos y respetuosos con la dignidad humana”, afirmó.

En su mensaje de bienvenida, subrayó que la falta de resultados efectivos en el manejo de la movilidad humana requiere un enfoque integral para abordar el problema, el cual no sólo se limita a desplazamientos geográficos, sino es un reflejo de la complejidad de las sociedades, fenómeno que desafía las estructuras legales y políticas.

Hizo votos por que este curso sea una oportunidad para aprender, reflexionar e inspirar a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones éticas y efectivas para abordar esta problemática, con lo que la contribución de los investigadores es vital porque ofrecerá perspectivas académicas y legales sólidas, a fin de comprenderla.

Adela Santos Domínguez, investigadora del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en el área de Geopolítica y Asuntos Internacionales, adscrita al CEDIP, resaltó la conveniencia de que este tema se aborde con una perspectiva legal, humana y digna, para integrarlo a un marco normativo en un contexto viable jurídicamente, en cuyo análisis el CEDIP tiene mucho que aportar.

Al dar a conocer el programa general del curso, explicó que se realizará en modalidad virtual, a través de plataforma digital y redes sociales de la Cámara de Diputados. Además, informó sobre los objetivos y temáticas, en cuya primera sesión se abordaron la teoría y conceptos en torno a la migración.

El curso tendrá dos sesiones más, el 17 y 22 de noviembre, para escuchar todas las voces de los participantes. Refirió que los expertos en el tema tienen vinculación directa con las poblaciones migrantes y trabajan con asociaciones civiles.

Consideraciones de especialistas

Adriana González Arias, doctora en migraciones internacionales e integración social por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, sostuvo que el reto fundamental es atender la protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas en movilidad.

“La realidad que se vive con la llegada de migrantes al país, donde nadie se hace cargo de las personas, es muy preocupante, y un abandono del Estado”. Tenemos que trabajar mucho en generar la no discriminación, y en proteger los derechos humanos, afirmó.

Dijo que preocupa la situación y accesibilidad a los albergues y refugios, al detectarse un aumento de mexicanas y mexicanos que han sido desplazados de sus comunidades de origen de manera forzada por la violencia y buscan un lugar para vivir.

Tienen que ocultarse del crimen organizado, es un tema importante que debe contemplarse, porque entre el 75 y 80 por ciento de estos connacionales son atendidos en los albergues, y hay quienes se instalan en vías del tren, calles, debajo de los puentes o deambulan todos los días hasta llegar a su destino, provenientes de otras naciones.

Precisó que se ha invisibilizado a esta población, debido a que, a veces, “no es categorizable” porque no han solicitado un asilo ni han realizado algún trámite migratorio. No existe una denominación jurídica para atender su problemática, se dosifican los derechos fundamentales en función de esta realidad, lo que afecta de diferentes formas su estadía y salud.

La especialista también planteó los conceptos básicos para entender la migración y movilidad humana de los grupos que convergen en la ruta del centro-norte del occidente de México (Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California).

Expuso que el objetivo es construir alternativas que fortalezcan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de políticas públicas hacia la atención en integración de este sector con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y etaria.

Miguel Vilches Hinojosa, profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno en la Universidad de Guanajuato, expresó el interés de establecer en el marco jurídico que los migrantes tienen derechos humanos y que se les complica tenerlos garantizados y protegidos, porque parte de la discusión en este tema es pensar en las diferentes perspectivas y criterios que producen tipologías de migrantes.

Se han establecido categorías jurídico-políticas que provocan la dosificación de derechos según el tipo de migrantes o tipo que se les asigne, implicando riegos y precariedad, explicó.

“Reconocemos que hay un sistema económico y político migratorio en la región de Centro América y Norteamérica que detiene, expulsa y despoja de derechos a las personas no autorizando sus garantías, que genera una migración forzada y explota la corporalidad y el trabajo de quienes deciden salir de sus comunidades de origen”, apuntó.

Además, hay una tensión entre las categorías preestablecidas para entender y enmarcar a los grupos en movilidad, porque así está la ley y la política en los diferentes niveles de gobierno y la diversidad de itinerarios y circulación de personas expulsadas, abandonadas, desarraigadas, migrantes por sobrevivencia, que regresan y se mueven en trayectorias erráticas. Hay una tensión porque no todas las movilidades humanas se ajustan a las categorías.

Señaló que se detecta que dichas categorías están cambiando, que se está legislando y que la complejidad de itinerarios exige ese proceso jurídico. “Nos interesa afirmar los derechos humanos de estas poblaciones, nos interesa comprenderlo más allá de gestionarlo y sean categorías que estén revisándose ante el cambiante tipo de las migraciones”, enfatizó.

Resaltó la importancia de entender los procesos migrantes integralmente y evitar la invisibilidad que compromete la seguridad de sus derechos humanos, así como la elaboración de políticas públicas migratorias,

Refirió que sólo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene ya la categoría de movilidad humana cuando establece la protección de esta población y las acciones que debe tener en este contexto y también la Constitución Política de la Ciudad de México.

La movilidad humana tiene que ser un concepto analizado y puesto en práctica que permita afirmar el derecho humano a la libertad de movimiento, con todas las problemáticas que implican para la gestión que los estados tienen en la actualidad, puntualizó.

Texto y Foto: Cámara de Diputados