Infamia | Alejandro Encinas

El sábado pasado, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dictó la libertad absoluta e inmediata, de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Estas libertades se suman a las cuatro sentencias absolutorias dictadas por el propio Ventura Ramos, el pasado 30 de agosto, por las que se vio favorecido Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, quien operaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los estudiantes. En este caso, como en los posteriores, el juez determinó que no existían elementos para acreditar los delitos de secuestro y delincuencia organizada, desestimando 44 de las 162 pruebas presentadas en contra de López Astudillo, limitando el análisis de su sentencia a 162 de los 791 tomos que integran la averiguación, afirmando que el implicado fue sometido a tortura por elementos de la Procuraduría General de la República, sin señalar ni sancionar a los responsables de la misma.

Las pruebas restantes, de acuerdo con el juez, fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Bélicos, así como por diversos servidores públicos, particularmente policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco.

Así, uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas y sus cómplices, han quedado en libertad, sentando las bases para que otros implicados puedan obtener su libertad, entre éstos: Ramiro Ocampo Pineda, César Nava González o Sidronio Casarrubias Salgado, principales dirigentes del cartel de Guerreros Unidos.

Con éstas, suman 77 las libertades otorgadas a las personas detenidas por la comisión de diversos delitos, quedando recluidas solamente 65 de las 142 personas privadas de la libertad. De mantenerse esta tendencia, es posible que, en los próximos días, algunos implicados más sean liberados, pese a los delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio, delitos contra la salud; violación a la Ley Federal de Armas y Fuegos, que cometieron.

La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada para el Caso de Ayotzinapa, solicitó y realizó la entrevista a 50 personas detenidas, de las cuales 14 consintieron la aplicación del Protocolo de Estambul para verificar si efectivamente habían sido torturadas por peritos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sin embargo, el juez negó la prórroga y de esta manera otorgó la libertad inmediata y absoluta de estas personas, por lo que la FGR ha anunciado que controvertirá estas sentencias y que lleva a cabo la investigación de los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación.

Sin embargo, es necesario señalar que las sentencias emitidas por el juez no observaron la jurisprudencia del 21 de julio de 2019 que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores.

El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, replicando las viejas inercias de corrupción, incapacidad, y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron en la investigación y a quienes cometieron los delitos.

Es necesario llevar a cabo una revisión profunda del sistema de justicia en nuestro país para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia y particularmente, medidas de no repetición de los hechos. Garantizar los derechos humanos de las personas responsables de la comisión de delitos, pero de manera fundamental, privilegiar la justicia y los derechos de las víctimas.

Las sentencias de Ventura Ramos representan una infamia, una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad; alientan el silencio y la impunidad; impiden conocer la verdad, y evidencian la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país.

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Publicado por El Universal