Intervención de Dulce María Sauri Riancho, para referirse a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se convoca a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a un tercer periodo extraordinario de sesiones durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura

Miércoles 10 de julio de 2019

Muchas gracias, presidente.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votará a favor de esta convocatoria al tercer periodo de sesiones extraordinario del primero año de receso del ejercicio legislativo de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados.

Sin lugar a dudas, la propia convocatoria expresa con claridad cuáles son las razones para citar a las y los diputados para conocer en primer término, el conjunto de leyes secundarias en materia educativa, de acuerdo a lo que señalan los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de educación, así como la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio.

La causa superviniente de este Periodo Extraordinario, es ni más ni menos, que conocer el nombramiento del Secretario de Hacienda para el maestro Arturo Herrera Gutiérrez.

Esto nos lleva a que por segunda ocasión justamente en siete meses, porque el 10 de diciembre de 2018, aprobó la Cámara de Diputados el nombramiento del doctor Carlos Urzúa, como Secretario de Hacienda, lo hagamos nuevamente, pero las circunstancias son muy diferentes, y sobre esto quiero centrar mi intervención.

Traigo aquí copia de una carta multicitada a partir de la mañana del día de ayer, cuando en redes sociales se dio a conocer la renuncia del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

En ésta quiero centrar la atención de esta asamblea, en tres elementos clave, que indudablemente no se puede hacer un proceso de ratificación del nombramiento del Secretario de Hacienda en el maestro Herrera, si no se clarifican.

La primera es el párrafo donde señala que en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento.

Hemos tenido conocimiento que en la entrevista de esta mañana, el Presidente de la República ha admitido con claridad lo que en la Cámara de Diputados una y otra vez señalamos, cuando se dio el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

Que el Plan Nacional de Desarrollo no lo había elaborado la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a como señala la Ley de Planeación.

Que el Plan Nacional de Desarrollo carecía de objetivos, de estrategias, que no tenía metas ni indicadores, que por lo tanto era un instrumento que no era posible realizar su seguimiento y evaluación.

Que el Plan Nacional de Desarrollo, como eje del Sistema Nacional de Planeación, no iba a poder nutrir a los programas sectoriales, regionales, institucionales que forman parte esencial del Sistema Nacional de Planeación.

Porque el Plan Nacional de Desarrollo que conoció y aprobó la mayoría en la Cámara de Diputados, era una proclama de carácter político, tal como hoy, en voz del propio Presidente de la República, conocimos y se refrendó lo que entonces era simplemente una presunción con multitud de pruebas.

¿Cuántas otras decisiones en materia de política pública se han estado tomando en esta administración sin suficiente sustento?

Solamente quiero utilizar uno de los ejemplos emblemáticos que es el relativo a las estancias infantiles.

Política pública anulada, sin tener ni siquiera un diagnóstico que a la fecha nos lleve a precisar dónde se encuentra esta multitud de niñas y niños fantasmas que supuestamente pululaban las estancias infantiles.

Fantasmas son, ciertamente, para la Secretaría de Bienestar en estos momentos, que no ha logrado ubicarlas y por lo tanto dar cuenta cabal de dónde se encuentran.

Segundo párrafo, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, ¿quién le puede imponer al Secretario de Hacienda a un funcionario o funcionaria, si no es su jefe inmediato superior, el Presidente de la República?

Esto ya de entrada nos hablaría de una improvisación en la que no es el conocimiento, la experiencia, sino la lealtad incondicional la que se impone, y esto en la administración pública tiene costos muy elevados.

Tercero, motivado por personajes influyentes del actual gobierno, con un patente conflicto de interés. Subrayo esta última frase, patente conflicto de interés.

Resulta preocupante que el conflicto de interés denunciado por el doctor Carlos Urzúa, cabe exactamente en el artículo 109 fracción tercera de nuestra Constitución, en el que se establece que los servidores públicos deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

También se establece que incurra en conflicto de interés, la o el servidor público que intervenga por motivos de su empleo, cargo o comisión, y reciba algún tipo de beneficios.

Como su nombre lo indica, un conflicto de interés implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados; en el que la o el funcionario público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés es, cito: “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”, fin de la cita.

El conflicto de interés es considerado una falta administrativa grave, y no podemos ser omisos ante la aseveración que hace un exfuncionario de tan alto nivel.

Dilucidado el misterio del Plan Nacional de Desarrollo, que no es Plan, sino proclama, también subyace la pregunta, ¿si la decisión del doctor Urzúa no estuvo motivado por el plan de negocios de Pemex que debió haberse presentado hace semanas, meses? Que de acuerdo a lo que la ley establece para las empresas productivas del Estado, es de carácter anual, con un horizonte a cinco años.

Los próximos días develarán si ésta fue una de las razones fundamentales de la renuncia.

Y la tercera cuestión tiene que ver con un acuerdo que posiblemente pasó desapercibido, publicado en el Diario Oficial apenas del lunes pasado, tiene que ver con la concentración de funciones para diseñar y operar las compras consolidadas del Gobierno federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Podrá el nuevo Secretario designado por el Presidente de la República, enfrentar los problemas de nombramientos de funcionarios públicos sin suficiente experiencia para desempeñar el cargo?

¿Podrá enfrentar la toma de decisiones sobre inversiones y políticas públicas que no reúnan el requisito fundamental de una información sólida para poderlas sustentar?

¿Podrá enfrentar el problema de la concentración de las compras en la Oficialía Mayor como una de las causas más importantes de la falta de fluidez de los recursos públicos para sustentar los programas sociales?

Estas cuestiones son elementos fundamentales de la próxima comparecencia en la Cámara de Diputados, y de un proceso que de manera alguna puede ser solamente de carácter ornamental o un requisito a cumplir, sino un compromiso del Poder Legislativo de ejercer una función fundamental, como es la ratificación de este importante cargo en la administración pública y en las finanzas del país.

Sin duda alguna tiene cartas credenciales que el maestro Arturo Herrera Gutiérrez podrá esgrimir para poder ocupar la Secretaría, de la cual fungió como Subsecretario.

Pero aquí están presentes los fantasmas, estos sí materializados en tristes realidades que la administración pública actual tendrá que despejar para poder abrir el camino a una gestión de las finanzas públicas a la medida de lo que necesita y reclama el país.

Muchas gracias.

Texto y Foto: Cámara de Diputados