Ciudad de México, 19 de septiembre de 2024

-DIP. ABIGAIL ARREDONDO. – Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Hace cinco años, el 26 de marzo del año 2019, para ser exactos, el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales dieron su voto de confianza a este Gobierno Federal para resolver el problema de la inseguridad con la creación de la Guardia Nacional. En su momento se mencionó que la corporación vendría a fortalecer la vigilancia y el combate a la delincuencia, sobre todo al crimen organizado.

Comenzó con alrededor de 40 mil elementos y ahora alcanza más de los 128 mil en todo el país, no se puede negar que hubo voluntad para la construcción de una corporación sólida firme y profesional. Ese voto de confianza que dio la oposición y la ciudadanía descansaba en una sola condición mínima y básica, que la Guardia Nacional fuera de carácter civil, encabezada por un mando civil.

No obstante, fueron innumerables los intentos de esta administración por trasladar dicha organización a las filas del ejército, militarizando la seguridad pública de este país. El punto de quiebra fue la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 137 diagonal 2022, para dejar claro que de acuerdo a la Constitución la seguridad pública debía estar al mando de autoridades civiles y no militares. Esa y otras decisiones fueron la causa evidente de la triste recién publicada Reforma al Poder Judicial.

El que la seguridad pública esté bajo el mando civil responde a que la disciplina y formación de los cuerpos militares parte de una premisa, combatir al enemigo, lo que choca en una visión proteccionista de los derechos humanos que debe procurar el monopolio de la fuerza pública. Esto no es un criterio aislado o particular, pues en reiteradas ocasiones organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han señalado el impacto negativo que tiene la militarización de la seguridad hacia la población. Por ello, la intervención de las Fuerzas Armadas debe de ser extraordinaria, complementaria, temporal y proporcional para casos específicos y de suma urgencia.

No es que desconfiemos de las Fuerzas Armadas, todo lo contrario, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea son las instituciones más sólidas y respetadas del Estado mexicano, mantienen altos estándares de confianza en la ciudadanía.

Casos como el Plan DN-III son un claro ejemplo de compromiso y entrega que demuestran que estas Fuerzas siempre están apoyando a la población. Hay que decirlo, las y los militares son personas honorables, valientes, respetables de alta moral que defienden con orgullo a nuestra nación. Por ello, no es justo que la labor que desempeñen se vea empañada por asumir responsabilidades que de origen no les corresponden.

Si es cierto, la presencia del Ejército en tareas de seguridad lleva varios años, más de una década, la idea original era que estas corporaciones apoyaran en colaboración con las policías civiles, mientras tanto, estas últimas se fortalecían y creaban cuerpos profesionales de alto combate. No obstante, si las Fuerzas Armadas han tenido que entrar a ejecutar funciones de seguridad, ha sido justamente por la ineficiencia de este Gobierno y la crisis de terror que hoy viven miles y miles de familias mexicanas.

Crisis provocada por una estrategia fallida basada en una ocurrencia y un lema ofensivo, abrazos y no balazos. Casi 200 mil víctimas de homicidios, estados que están en llamas como Michoacán, Guerrero, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León.

En 11 días se cometieron 920 homicidios, hay una crisis y hoy ustedes han fallado porque lo que tenían que hacer era brindarle seguridad a la población. ¿No sería mejor impulsar una estrategia de fortalecimiento a las corporaciones locales que tienen el primer contacto con la población?, ustedes han renunciado a su responsabilidad de brindar seguridad a las y los mexicanos desde la administración pública, han claudicado en su función principal y prefirieron optar por la salida fácil que es pasarle esta emergencia al ejército, en lugar de fortalecer a las corporaciones de seguridad en los tres niveles de gobierno, de crear mayor infraestructura para las policías estatales y municipales y de designarles más presupuesto para fortalecer obviamente el mando civil.

Han optado por pasarle toda la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional y esperar a que se pacifique el país. ¿Y saben qué? Eso es imperdonable, por esas razones nuestro voto será en contra y nosotros decimos que respetemos este país y no a la militarización.

Texto y Foto: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados