Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, presidenta del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, durante la inauguración de las oficinas de la GOPAC en la Ciudad de México

Ciudad de México, 13 de julio de 2022

Muchísimas gracias a todos por estar aquí, es un privilegio estar compartiendo el presídium con Carlos Alberto Pérez Cuevas, multi citado aquí, multi reconocido, mi amiga, vicecoordinadora y extraordinaria legisladora y conocedora de los derechos humanos, la senadora Kenia López Rabadán, y por supuesto, por mi respetabilísimo senador Romero Hicks, que además preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Debo de darles aquí también un saludo al senador Juan Zepeda que preside la Comisión en la Cámara de Senadores y que por agenda no pudo empatar los tiempos para acompañarnos.

Y también un saludo a nuestra querida Mariana Gómez del Campo, ella también está en una función muy importante, participando en otra organización internacional que nos distingue.

Bienvenidos a los legisladores de Puebla y a los representantes de la legisladora Blanquita de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos.

Creo que podemos coincidir en que uno de los grandes retos que tenemos como país todavía lo es el combate o el control, o dicho de otra manera, lo que han venido llamando el control efectivo de la corrupción.

En enero pasado apenas, Transparencia Mexicana señalaba que nuestro país no ha mostrado avances, ya lo decía muy bien el senador Romero Hicks, en el índice de percepción de la corrupción: en 2019 se mejoró su calificación un punto y detuvo la caída de 5 años consecutivos, y en 2020 se mejoró en dos puntos, los últimos resultados de 2021 nos muestran que seguimos con esa misma calificación del 2020 y que también seguimos siendo de los peores países de la OCDE que han sido evaluados.

Las razones de que no haya avances son fundamentalmente tres y están relacionadas, primero, con la ausencia de sanciones en los casos emblemáticos de corrupción como los casos que todos conocemos: la Estafa Maestra, Odebrecht o Agronitrogenados; segundo, con que el supuesto combate a la corrupción no ha derivado en una recuperación de activos y aquí es importante señalar que todavía está pendiente en el Congreso de la Unión que se atienda la sentencia de la Suprema Corte relativa a la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y, tercero, porque ha sido casi inexistente la reparación del daño a las víctimas.

Yo añadiría un cuarto elemento: a pesar de que hubo una gran promesa de cambio que alentó, como todos sabemos, el triunfo del 2018, a cuatro años pues no hemos tenido la certeza de saber qué fue lo que ocurrió en los casos emblemáticos de corrupción que ya mencionaba, no han sido esclarecidos los hechos y pareciera que solamente de “dientes para afuera” y en el discurso se dice que se combate la corrupción. En los hechos no hay nada.

Por ejemplo, las tasas de prevalencia de corrupción que bianualmente el INEGI da a conocer a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, muestran que si bien los niveles de 2021 son menores a 2019, son ligeramente mayores a 2017; estamos hablando, escuchen bien este dato, de 14 mil 701 víctimas de corrupción por cada cien mil habitantes, siendo las áreas en que esto ocurre con mayor frecuencia el contacto con las autoridades de seguridad pública, los trámites ante el ministerio público y los permisos relacionados con la propiedad, y como bien lo señalaba el senador Romero, también en las cuestiones que tienen que ver con la obra pública y la realización de infraestructura.

Hace unas semanas en el Seminario Internacional de Derecho Comparado en materia de Anticorrupción organizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el doctor Jorge Alatorre exponía claramente que la Tercera Sección de la Sala Superior de ese Tribunal, que es la que tiene competencia para conocer de las responsabilidades administrativas consideradas graves, solamente cuenta con dos Magistrados, cuando por ley se requiere siempre la presencia de tres para que tenga validez la sesión. Así de atrasados andamos.

Además, también señaló la delicada situación en que están las fuerzas armadas, que al haber sido designadas para llevar a cabo y operar los grandes proyectos de infraestructura que son la insignia de este sexenio, esto de suyo, pues constituye ya un riesgo de corrupción.

Otra situación delicada la tenemos con la designación pendiente de los Comisionados del INAI; con la utilización para fines políticos y no jurídicos de las instituciones del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República; con el incremento en el uso clientelar del padrón de los programas sociales de cara a las elecciones estatales y federales y de muchos otros problemas que, contrario a lo que se dice en Palacio Nacional, todavía no se han acabado, ni se acabarán por decreto ni por agitar los pañuelitos blancos.

Como legisladores federales y estatales nuestra responsabilidad es entregar a la población un marco jurídico sólido que proteja sus derechos, los derechos de la gente, que garantice una mejor acción de gobierno, que establezca un diseño institucional óptimo, que delimite de atribuciones y facultades, y que sancione severamente a particulares o a servidores públicos que participen por acción o por omisión en hechos de corrupción.

Yo creo que a través de la apertura a la participación ciudadana de una mayor transparencia y de fortalecimiento a los mecanismos de rendición de cuentas, podemos establecer desde el Legislativo una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Porque toda reforma a la ley bien puede incorporar el antídoto anticorrupción, un componente anticorrupción, y ahí tenemos que estar muy atentos los legisladores a la hora de procesar las leyes en el Congreso de la Unión, pero los esfuerzos aislados, si bien son importantes, carecen del consenso o empuje entre las diversas fuerzas políticas y en ocasiones ha habido casos en que lo aprobado en una de las cámaras, y ustedes lo saben, me refiero a las federales, pues no prospera en la Cámara revisora.

Por eso, iniciativas como las de GOPAC  adquieren mayor relevancia porque se constituyen en un espacio de reflexión apartidista, paralelo a las estructuras de los congresos y de sus comisiones y se va nutriendo de su experiencia compartida de quienes actualmente somos legisladores y de quienes, como el doctor Pérez Cuevas, pues ya lo fueron – pronto saldrá, espero, una iniciativa donde les vamos a llamar Legisladores de Mandato Cumplido, como ya ocurre en Argentina- incluso de la experiencia de legisladores extranjeros y de las mejores prácticas internacionales, para poder plantear las rutas de acción parlamentaria para legislar en contra de la corrupción.

Y vale decirlo: este será un esfuerzo plural. Hoy ustedes pensarán “solo están los panistas aquí en frente”, pero algunos compañeros que han expresado su voluntad de participar en GOPAC, pues, por las diversas agendas, estamos en periodo de receso, no pudieron acudir a la convocatoria; sin embargo, están puestos para iniciar los trabajos.

Y, pues, decir por último, que para mi es un orgullo representar en esta posibilidad, como presidenta del capítulo México de GOPAC, poder iniciar los trabajos en estas oficinas para que juntos, con la participación de la ciudadanía y el apoyo de todos los legisladores, de manera abierta que tengan deseos de participar, podamos involucrarnos en la lucha en contra de la corrupción y planteemos propuestas legislativas que tengan eco en las Cámaras y puedan mejorar la vida de las y los mexicanos.

Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a los amables medios de comunicación que están ahora con nosotros y, por supuesto, a los legisladores aquí presentes y también a los que no pudieron acompañarnos esta mañana.

Muchísimas, muchísimas gracias a todos.

Texto, Foto y Videos: Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República