Ciudad de México, 13 de diciembre de 2024

Sen. Liz Sánchez (LS): Gracias presidenta.

Con la llegada del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, las demandas del pueblo mexicano son atendidas.

Una de ellas, el acceso a la justicia y la legitimación del Poder Judicial a través del voto popular de jueces, ministros y magistrados.

Pese a que los integrantes del Poder Judicial siguen protegiendo sus privilegios, e incluso acusan de ataques desde el Poder Ejecutivo, las y los senadores del Partido del Trabajo, suscribimos las palabras de nuestra presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo: “Lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado”.

Por eso es un honor luchar con Claudia hoy. Porque frente a la corrupción y privilegios está un Proyecto de Nación que escucha la voluntad del pueblo de México.

Que no se olvide que 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios tienen parientes dentro del Poder Judicial y que se detectaron 6 mil 755 “redes familiares”. Eso es lo que siguen defendiendo.

Con la reforma al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre del presente año se marcó el inicio de un cambio estructural en nuestro sistema de justicia. En este sentido, las leyes secundarias necesitan ser armonizadas con la constitución vigente.

Los dictámenes que hoy discutimos son un paso más en la transformación profunda que responde a las demandas de justicia, equidad y transparencia que el pueblo de México ha exigido durante años.

El pasado 10 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a este Senado de la República dos iniciativas, cuyo objetivo es establecer las bases legales para una administración de justicia constitucional pronta, expedita, oportuna y que tenga como valor de guía el carácter supremo de la Constitución Nacional y los derechos de las personas, así como el interés social.

En este sentido, respecto a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución se busca resolver a tardanza de los juicios y su dilación, no sólo en materia tributaria, sino también en materia de amparo.

Además, se establece que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.

Se realiza el ajuste, en diversos artículos, en el cálculo de multas para que éstas pasen de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización (UMAs), en los casos en que resulte aplicable.

Y se armonizan diversos términos para utilizar lenguaje incluyente, cambiar de Distrito Federal a Ciudad de México y se armoniza lo correspondiente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En cuanto a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución se enfatiza que en ningún caso pueden dictarse suspensiones contra normas generales, ni en acción de inconstitucionalidad, ni en controversia constitucional.

Se prevé que no procede la impugnación de adiciones o reformas a la Constitución y se adiciona que en materia de controversias constitucionales estas son improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se establece la posibilidad de que las partes reciban la notificación de la resolución por vía electrónica y se incorpora lenguaje incluyente, dado que la redacción actual no lo consideraba.

Todos estos cambios, para dar certeza jurídica, legalidad y transparencia. Cuando las leyes son claras, accesibles y aplicables, los ciudadanos tienen la garantía de que sus derechos serán respetados y podrán defenderse en caso de vulneraciones.

No podemos ignorar el contexto en el que surge esta reforma. Durante años, el Poder Judicial ha sido señalado por nepotismo, opacidad e ineficacia.

La sociedad demanda un cambio, y estos dictámenes responden con una transformación estructural y normativa que será la base para recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Los cambios que hoy aprobaremos, son necesarios para mejorar el desempeño del sistema judicial. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de consolidar un sistema judicial moderno, eficaz y legítimo.

El Partido del Trabajo votará en favor de este dictamen, con la convicción de que estamos construyendo un México justo, donde las y los juzgadores sean garantes de la ley, pero por sobre todo garantes de una verdadera justicia para el pueblo de México.

Una persona juzgadora cercana al pueblo no es solo una aspiración, sino una necesidad imperante para construir un sistema de justicia justo, equitativo y confiable.

36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por crear un Poder Judicial que esté al servicio del pueblo, brinde justicia pronta y expedita en beneficio de todas las mexicanas y mexicanos.

Construyamos un país donde la justicia sea la norma y no la excepción.

Texto y Foto: Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Senadores