Buenas tardes.

Con el permiso de la presidenta de la Mesa y de las y del integrante de la misma, agradezco a senadoras y senadores su presencia y atenciones en esta sesión.

Un honor coincidir con mis compañeras candidatas, celebrando la inminente llegada de la primera fiscal general de México, gracias a la terna de la primera presidenta de este país.

Me da mucho gusto que este proceso nos permita también seguir reflexionando sobre la Reforma Judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho. Una exigencia de seguridad ciudadana es lo que ha dado origen a toda esta revisión.

Y hago referencia a la Reforma Judicial, porque justo faltaban las fiscalías; las fiscalías, que son la primera cara que ve una víctima. De allí la importancia de su sensibilidad, de su capacitación, de la forma en que se dirige y que atiende como prioridad y con velocidad lo que la víctima lleva en ese momento y que puede constituir un delito.

Es también el primer eslabón y el origen de todo un proceso judicial, de allí su importancia, porque, si no está bien hecho, después no va a poder enderezarse.

Voy a atender también las preguntas y los comentarios que hicieron las y los senadores, y creo que en tres, pueden girar en tres ejes: La priorización de asuntos, la perspectiva de género y el combate a la corrupción.

Es innegable que hay un escenario de falta de personal en las fiscalías o de abogadas y abogados saturados de asuntos; son cientos de asuntos los que llevan los ministerios públicos y el personal, los peritos, la gente que integra las fiscalías.

Eso hace no sólo imposible la debida atención de cada uno, sino también que no les permite o que no tienen tiempo para capacitarse y para poder realizar de mejor manera su trabajo, ante el número excesivo de asuntos.

Por eso creo que la priorización es importante y puede ser en dos vertientes: uno de asuntos más delicados, que tengan impacto social, que haya un modelo que se va repitiendo y que entonces puedan ser llevados de manera diferente, buscando una capacitación especializada, la integración de cuerpos de alto nivel y, sobre todo, la coordinación con otras instancias, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la SEDENA, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional, con las fiscalías estatales, como lo han estado señalando ustedes, es necesario que una atención de macrocriminalidad se dé con la participación de todas las instancias y de todas las personas que se vean involucradas.

Esto se puede lograr a través de convenios, de la coordinación, que es una práctica que ya existe y que habría que estar reforzando.

Y también con las agencias internacionales, como también se comentó. Hace mucho rato que se habla de la globalización del delito, que se sabe que el Estado, hablan algunos autores de que el Estado se rompió hacia arriba y se rompió hacia abajo, lo cual pareciera oírse fuerte, no es que se haya roto, sino que de pronto hay asuntos que lo rebasan, porque se volvieron internacionales.

Se ha hablado de la internacionalización del derecho penal y, entonces, esta macrocriminalidad que ha tenido o que tiene ya una complejidad delictiva importante, con diversificación económica, requiere la participación de instancias no sólo nacionales o de entidades federativas, sino también de agencias internacionales o de sujetos internacionales, lo cual no transgrede la soberanía, siempre en el cuidado y en el respeto de nuestra soberanía.

Entonces, la priorización de estos asuntos podría permitir atender estos de macrocriminalidad y de impacto social generalizado y que lastima a la propia comunidad.

Y los delitos, otro tipo de delitos, quizás no violentos, de menor impacto, donde se requiere sobre todo la sensibilidad ante la víctima y que pueden irse canalizando para despresurizar el trabajo de las fiscalías y poder atender mejor los asuntos en mecanismos alternativos de solución de controversias o criterios de oportunidades.

Es muy importante seguir fortaleciendo estos mecanismos para dar un mejor servicio.

Y ahí también entra lo que ya comentaba, la coordinación y la comunicación con organizaciones civiles.

Eso es fundamental ante un escenario donde se volvió todo tan complejo, repito, se vuelve fundamental la comunicación, la coordinación, la participación de todas y todos, y sobre todo de las organizaciones civiles.

Es innegable, es visible, triste y doloroso el reconocimiento prácticamente generalizado de la violencia contra las mujeres y contra las niñas.

Sin lugar a dudas, necesitamos seguir trabajando en la perspectiva de género, no con una fiscalía especializada o con una coordinación, sino con una política transversal que implique protocolos obligatorios, una capacitación permanente también en quienes tienen que aplicarlos para que podamos ir avanzando en ese sentido.

Hay que aplicar la perspectiva de género en las penas, buscar que no sean, que en mujeres no se apliquen penas privativas de la libertad, incluso podría ser el primer paso para revisar la prisión preventiva de oficio.

Es impresionante la diferencia de que una mujer vaya a la cárcel a que un hombre vaya a la cárcel, no sólo su estancia en la prisión donde se ve que se abandonan, se dejan, sino el impacto social, se quedan las hijas y los hijos abandonados.

Cuando los hombres salen de la cárcel, generalmente salen a encontrar a sus familias, se reintegran, fueron visitados, tuvieron recursos económicos, y cuando una mujer entra a la cárcel se desintegra el tejido social.

Entonces, con perspectiva de género, con esta aplicación de la perspectiva de género, tenemos que ir logrando que esto se evite hasta que haya un escenario.

Sabemos que estas medidas son transitorias, pero ahorita hay que evitar penas privativas de libertad a las mujeres, hay que ver el tema del indulto para mujeres que están en las prisiones a fin de que puedan retomar y seguir haciendo su labor en ese contexto social.

También, hay que atender de manera prioritaria y urgente las necesidades forenses, sobre todo el tema de la cantidad de cuerpos sin identificar, a fin de que víctimas y madres buscadoras dejen de estar atendiendo ese tema cuando los cuerpos muchas veces están en las propias fiscalías.

Tiene que haber mayor sensibilidad, y con la sensibilidad, que no es suficiente, pero es importante, las medidas y todas las acciones para bajar ese número de cuerpos y para que no se vuelva a repetir.

Y, sin lugar a dudas, el combate de la corrupción en todas las instancias tendrá que ser una conducta, una acción permanente.

El crimen organizado ha insistido en infiltrarse en instituciones y es importantísimo que recuperemos los códigos de conducta, los principios y los valores como servidoras y servidores públicos, pero también en las familias y como sociedad.

Sin lugar a duda, los marcos normativos, tanto los constitucionales como los legales, son perfectibles, no hay norma perfecta; pero también quisiera, con todo respeto, señalar que no hay que pensar que las leyes son milagrosas, porque cuando esto se hace y se abusa de la emisión de leyes o de las reformas, se lastima al derecho, porque la gente piensa que es el derecho el que falla o es la justicia.

Y, entonces, más bien lo que creo es que hay que recordar que el proceso legislativo tiene diferentes etapas: Tiene una etapa prelegislativa, una etapa legislativa y una etapa poslegislativa.

Y creo que es en la etapa poslegislativa donde hay que seguir, hay que seguirla atendiendo y hay que seguir insistiendo.

La etapa poslegislativa implica que una vez que se emitió una ley o una norma, hay que ver si funcionó, hay que ver si atendió la problemática y, si no hay que perfeccionarla, hay que corregir lo que no está funcionando o si no denunciar si no se está aplicando. Y creo que esa etapa poslegislativa puede tener muy buenos resultados y lograr varias cosas para que las propias leyes o las normas vayan dando los resultados que se esperan cuando se emite.

En este sentido, creo que la autonomía de las fiscalías ya está normada, es constitucional, tiene todo el marco jurídico y ¿Qué es lo que lo que se necesita? pues ejercerla.

Muchas de las cosas dependen no de una norma, o del policía del policía, sino de una actitud personal, de una convicción de que la comunicación, la expresión respetuosa de lo que se puede y no se puede hacer y en determinado momento la decisión de retirarse y no hacer es lo que fortalece la autonomía y la legalidad en una sociedad.

Esto no está peleado con la coordinación y con la comunicación con las instancias, porque a veces nos espantamos porque hablamos entre, somos autónomos y hablamos con las instancias de gobierno, con los titulares, eso no es violación a la autonomía, esa es la coordinación y la comunicación obligada que debemos de tener todas y todos los servidores públicos para hacer mejor nuestro trabajo. Tenemos que avanzar en la madurez política y en la madurez del servicio público para dar mejores resultados.

Y en este contexto estoy segura de que coincidiremos con los decálogos que señaló, por ejemplo, el senador Colosio, porque seguramente se empatan con los principios familiares y personales que tenemos para actuar.

Para no dejar sin respuesta, creo que los temas y lo que he platicado, que lo fui armando conforme lo que fui escuchando, me falta la cosa juzgada.

Su servidora cree que no se puede violar el principio de cosa juzgada. Hay que atender la certeza jurídica de todo sistema, sería una locura empezar a revisar asuntos y hay que apegarnos a los principios jurídicos y a la técnica legal básica.

Espero que todos estos ejercicios, soy una convencida y lo demuestra la trayectoria y la actuación, de que debemos seguir transitando por el estado de derecho, fortaleciendo la legalidad a fin de que las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República, pueda garantizar la verdad, la justicia y la reparación que está exigiendo nuestra sociedad.

Muchísimas gracias.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores