Ciudad de México, 3 de septiembre de 2024

-DIP. JERICÓ ABRAMO. – Muchas gracias compañeras y compañeros diputados, gracias diputado presidente, amigas y amigos de todo el país. Gracias a mi grupo parlamentario, coordinador, por la oportunidad de hablar a nombre de millones de mexicanos, no se oye, no se oye, así, sí, para hablar a nombre de millones de mexicanos que quieren un país de justicia.

Antes que nada, compañero presidente, quiero decirle que a raíz de la suspensión que se tiene en el grupo parlamentario del PRI, participamos en este debate a cautela, debido a la suspensión, y quiero hacer la entrega de la suspensión de los dos jueces que existe, para que no se lleve a cabo este debate, porque estaríamos entrando en desacato, hago entrega.

Compañeras y compañeros, pueblo de México, agradezco el privilegio de subir a esta tribuna para posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, para esta reforma que pretende adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. En este momento histórico para México, mi postura y la de mi Grupo Parlamentario, debe ser de la mayor altura de miras, por lo que las palabras que dará un servidor, serán además de responsables, contundentes en contra de este dictamen.

Y esta postura es así de clara, por el hecho de que los que estamos a punto de discutir estos días en este Pleno de la Cámara de Diputados, es el tema más importante en la búsqueda de la defensa de las instituciones democráticas de nuestro país, desde la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, pues todos los derechos adquiridos desde entonces se están poniendo en riesgo. La independencia de poderes supone por naturaleza jurídica equilibrio entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como una garantía de los contrapesos que esta independencia provee, impiden que alguno u otros de los poderes vulneren los derechos de las y los mexicanos. Ojo compañeras y compañeros legisladores, que no vulneren los derechos de las y los mexicanos.

La reforma propuesta en este dictamen, vulnera la independencia del Poder Judicial, sometiendo a una modificación legislativa concebida para alinear a los intereses del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a una ideología que lejos de beneficiar el devenir de nuestro país, pone en grave riesgo el futuro democrático y el Estado de Derecho.

En el fervor del promover este dictamen y su aprobación, se han afirmado una serie de argumentos inconclusos, que sólo cuentan una parte del problema del acceso a la justicia en México. Es decir, compañeras y compañeros legisladores, que parten de un diagnóstico mal elaborado y por consecuencia su propuesta, además que no resuelve el problema de los accesos a la justicia para las y los mexicanos, tendrá consecuencias negativas e irreductibles para el sistema de procuración y administración de justicia en México.

Una propuesta que no se preocupa por las víctimas, que no explica cómo las modificaciones de propuestas ayudarán a atenderlas, que no construye garantías para la reparación del daño y que no solventa en ningún momento los problemas estructurales que prevalecen en nuestro gran país, tales como la impunidad que al día de hoy datos oficiales nos dicen que es el 94 por ciento. Tan sólo en el año 2022 hubo en México 2.2 millones de delitos, de esos más del 60 por ciento se concluyeron en ese mismo año, se cerraron las carpetas, el resto, solamente de ese 40 por ciento, el 4 por ciento llegó a su conclusión. Si tiene fallas el Poder Judicial, pero juntos podemos construir una mejor agenda, no de imposición, sí de discusión.

Quiero hablar de algo que está equivocado en esta reforma. Lo primero, sobre la modificación al Artículo 106 y 107, que pretende suprimir los efectos generales a determinadas sentencias de amparo y con esto dejaríamos de tener un instrumento jurídico que prevenga daños irreparables a diferentes colectividades y personas.

Durante la pandemia, para poner un ejemplo, el Poder Judicial, por medio de una suspensión, restituyó derechos vulnerados contra la salud, la vida y los derechos laborales de médicos y enfermeras, quienes, sin estar con la capacitación suficiente al momento, corrían en riesgo sus vidas y fueron mandados a trabajar sin las necesidades suficientes para poder atender a los mexicanos.

También se concedieron amparos para proporcionar vacunas a médicos del sector público para enfrentar y atender a los pacientes. Este tipo de sanciones, compañeras y compañeros legisladores, donde se vulneran derechos específicos, se dan en el sector salud, en el medio ambiental, en el magisterio, en el laboral y en todo tipo de sectores. El derecho y la aplicación de los instrumentos, como las suspensiones de los amparos, tienen la potencialidad de brindar protección ante daños irreparables, porque al limitar su aplicación en términos generales, es sin duda una de las peores decisiones que podríamos tomar como Congreso.

Y la segunda modificación a la cual quiero hacer mención, es la del Artículo 96, que supone la elección de jueces y magistrados y juzgadores. Esta misma es un modelo que no tiene ni pies ni cabeza, con un impacto presupuestal no medible, no explicable y no aplicable. Esto no está cuantificado en esta reforma y no se ha dicho a esta Legislatura ni a la pasada cuánto le va a costar al pueblo de México estas elecciones.

Se han puesto muchos ejemplos del número de boletas que tendría que tener un ciudadano para poder sufragar por jueces y magistrados y hasta el momento no hay un organismo jurídico claro o del gobierno o de las instituciones que nos pueda aclarar cómo procedería ese trámite electoral. El día de hoy, compañeras y compañeros, tengo la responsabilidad de darle voz a los miles de jóvenes y estudiantes que están allá afuera, que quieren voz, que quieren ser atendidos, que no fueron escuchados y que hoy merecen que todas y todos nosotros les demos el espacio, la atención y el respeto que merecen. A ellos nuestro reconocimiento, no están solos, estamos con ellos y vamos a representarlos en esta Cámara de Diputados.

A todas las universidades públicas, privadas, a todas y todos los intelectuales, académicos, a la sociedad civil, al pueblo de México, aquí vendremos a trabajar para que esta iniciativa de dictamen no caiga en esta gravedad de consecuencias que le esperan al país. Con argumentos y datos duros y conocimientos del sistema jurídico tenemos que dar la lucha jurídica, política y democrática. Hoy, diputadas y diputados, no escuchar esas voces universitarias y de jóvenes que están ahí afuera y que se alzan y cierran filas y que apasionadamente nos advierten de forma honesta y desinteresada que hay un error que se está cometiendo para el futuro de nuestra nación y lo va a cobrar la historia.

Es por eso que determinadamente decimos que no a este dictamen, es por eso que, aunque tienen los votos para aprobarlo, este dictamen no tiene y nunca después del día de hoy podrán tener la calidad moral para caminar con la frente en alto. Por eso estamos aquí, para dar historia, para dar registro y para defender al pueblo de México. En el centro de la Agenda Legislativa deberán estar las y los millones de mexicanos que no han contado con un acceso a la justicia claro, pronto y expedito, que han sido víctimas de algún delito y los familiares que por cientos de miles sufren la pérdida de sus seres queridos, sin que el Estado muchas veces le responda.

Doscientos mil homicidios han ocurrido en México en los últimos años a lo largo y ancho de nuestro país, cifras de extorsión que no se pueden controlar. Michoacán y sus productores agrícolas sometidos por el crimen, comunidades enteras desplazadas en Chiapas porque nos dan cuenta de que no partimos del mismo diagnóstico, pues el México al que me refiero es un México roto, un México con dolor, en donde se buscan más las venganzas como lo es la pretensión de aniquilar, lo es la pretensión de aniquilar el Estado de derecho vulnerando al poder judicial que atender con mejores instituciones a las y los mexicanos. Esta reforma nunca pensó en los problemas estructurales, no toca a las fiscalías de la República ni la de los estados, no toca a los defensores de oficio, los servicios periciales, el andamiaje institucional ni a las altas cargas de trabajo de todos los actores antes mencionados.

En México, amigas y amigos legisladores, los ministerios públicos conocen 118 casos al año, con qué capacidad, recursos y personal pueden hacerlo, cómo integran la averiguación y están fuera de la reforma, compañeras y compañeros legisladores. Los jueces deben de resolver 334 casos al año en promedio, mientras que un defensor público atiende 157 casos, un perito presta 467 servicios al año. Se los traduzco a cualquiera de todas y todos ustedes, necesitas un perito para que vaya a notificar un predio que está siendo invadido o robado o cualquier cosa y el perito tiene cuatro casos al día, no trae cámara, le falta gasolina, no tiene vehículo y no está armado con lo suficiente para poder dignificar la función que le existe el pueblo de México.

En México hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de 18 jueces por cada 100 mil habitantes. Como resultado, solamente el 4.3 por ciento de las carpetas de investigación resultan en vinculación a proceso. Claro hay que dignificar al Poder Judicial, claro hay que mejorarlo como al Legislativo y al Ejecutivo, ningún poder es perfecto, más si es perfectible si todos nos ponemos del lado correcto de la historia, que es defender al país.

Si la intención de presentar esta iniciativa reformadora es beneficiar a las personas más pobres, a los grupos en situación de vulnerabilidad, concediéndoles mecanismos efectivos de acceso a la justicia, estoy seguro que al planteamiento no es el correcto, sin embargo, este momento histórico nos brinda una oportunidad coyuntural como Cámara de Diputados.

Hay una oportunidad de conciliar a México amigas y amigos y generar unidad en torno a las necesidades más apremiantes. Desde aquí hago el llamado respetuoso para generar las oportunidades necesarias, desde aquí vamos juntos y hago un llamado a la Presidenta Electa de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que en un acto histórico que podría ser un hito de la historia nacional, proponga posponer la discusión de este dictamen hasta que podamos hacer un diagnóstico conjunto y que un gran acuerdo nacional permita que realicemos todas las acciones necesarias para solucionar los problemas de nuestro país.

Los primeros efectos de la posible aprobación de este dictamen ya se asomaron, ahí están afuera, pues en las últimas semanas los mercados internacionales mostraron un estrés que no beneficia a nuestra economía, esto se aprecia en la macroeconómico con el incremento del dólar ante el peso y las declaraciones de diferentes calificadoras internacionales. El sistema económico internacional ya está advirtiéndole a México los riesgos de las consecuencias de no tener un estado de derecho sólido y poderes autónomos confiables para las inversiones privadas. Las relaciones diplomáticas y comerciales en nuestro país con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, empiezan a mermar.

Es por eso compañeras y compañeros legisladores, que no sólo votaremos en contra de este dictamen, sino que también los invitamos a una reflexión honesta, que incluya el modelo dialéctico, que permita una confronta, una tesis con una antítesis y que nos permita obtener una síntesis que facilite la toma de decisiones, pues ante tal momento de definición en un país de espíritu democrático debemos de rescatar a México.

Por tal motivo y para concluir y amando a la última reflexión, afirmo que la virtud está en el equilibrio. Así pues, insisto, no rompamos el equilibrio democrático de México, pues puede tomarnos una generación completa para que logre restituirse y nuestras hijas y nuestros hijos, todo nuestro país, serán las principales víctimas de esta decisión.

Por eso no nos demos un balazo en el pie, cuando la política se utiliza para hacer justicia, pierde la política y pierde la justicia. Hagamos justicia, hagamos buena política y hagamos un mejor México.

Muchas gracias.

Texto y Foto: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados