La implacable jefa del SAT | Mario Maldonado

Historias de NegoCEOs

Margarita Ríos-Farjat se ha convertido en una de las funcionarias del gobierno de la Cuarta Transformación con mayor poder. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la encomienda de aumentar la recaudación y para ello tendrá a su alcance una serie de reformas al código fiscal federal y a otras leyes para tipificar la defraudación fiscal como delito grave que merece prisión oficiosa.

“El SAT tiene dos caras, como el Dios Jano de la mitología romana: una cara amable, de acompañamiento a quienes sí quieren hacer sus contribuciones; y la cara dura, para quienes no desean cumplir y buscan vivir al margen de la ley”, me dijo la semana pasada la abogada y maestra en Derecho Fiscal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien también es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

Como buena regiomontana, la jefa del SAT habla con tono franco y golpeado. Impulsada por Alfonso Romo para integrarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Ríos-Farjat ha logrado hacer valer su rol como titular de uno de los organismos gubernamentales más complejos de la administración pública federal y uno en los que más intereses confluyen, tanto de la parte política como económica.

La nueva miscelánea fiscal propuesta por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, la cual incluye impuestos para la economía digital, las rentas, el ahorro, así como la actualización del IEPS a tabaco, refrescos y bebidas alcohólicas, entre otros, viene acompañada de la reforma a las leyes y el código fiscal federal que busca ser implacable para quien evada impuestos, use facturas falsas y utilice empresas fantasma.

Los ingresos presupuestarios estimados en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) del 2020 equivalen a 21.0% del PIB. Esto representa una disminución de 0.4 puntos del PIB con respecto a lo estimado por la SHCP al cierre de 2019, principalmente por la desaceleración económica global y la volatilidad de los precios del petróleo.

El principal componente de la ILIF son los ingresos tributarios, con 13.3% del PIB, seguido de los ingresos petroleros, con 3.8%. En el caso de los tributarios resalta la disminución en la recaudación del IVA con respecto a 2019, pese a los cambios propuestos en materia tributaria y fiscal.

No obstante, también se estima que de cada 10 pesos del Presupuesto 2020, seis provendrán de la recaudación de impuestos; es decir, unos 3.5 billones, cerca de 188 mil millones más que en 2019.

Cuando se le pregunta a la jefa del SAT sobre si las nuevas medidas que se contemplan en las reformas fiscales que se están discutiendo en el Congreso de la Unión rayan en el ‘terrorismo fiscal’, la funcionaria responde que no, que al contrario, los empresarios han cerrado filas con el gobierno para combatir la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, va más allá. “Vamos contra los políticos que se convirtieron en delincuentes o delincuentes en políticos. Se crearon más de 8 mil empresas para expedir cerca de 9 millones de facturas falsas; todo esto tiene que ver con fideicomisos, lavado de dinero, narcotráfico, saqueo presupuestal en la compra-venta de bienes y servicios gubernamentales y contrabando”, dice el senador.

Y asegura que esta iniciativa no es contra los empresarios, sino contra los evasores de alta peligrosidad, que se dedican de manera profesional a estas actividades. “Habrá todo un proceso que el SAT deberá llevar a cabo cuando haga auditorías y luego se presentarán las denuncias a la Fiscalía General de la República”.

El endurecimiento de las disposiciones legales busca darle entre 400 mil millones a 600 mil millones de pesos de ingresos anuales adicionales al Estado, según los cálculos del senador Armenta.

Con respecto a la condonación de impuestos, la Cuarta Transformación también tiene bien afilados los colmillos. “Mediante decreto presidencial, se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras”, dijo el Presidente en su primer informe.

“Este ofensivo privilegio significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del Presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos. Sólo en los dos últimos sexenios, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 213 mil millones de pesos”, les soltó.

Así que, como hemos contado aquí, el administrador general de Grandes Contribuyentes del SAT, Antonio Martínez Dagnino, será el encargado de ‘apretar’ a las grandes empresas que se beneficiaban de las condonaciones.

Martínez Dagnino sustituyó en el cargo a Oscar Molina Chie, un veterano de la Procuraduría Fiscal que culminó sus responsabilidades en la administración anterior con buenos números recaudatorios, como el récord de recuperación de recursos frente a grandes contribuyentes que rebasó 56 mil millones de pesos en el ejercicio de 2017.

Hay además un plan para asegurar 1.17 billones de pesos que por recaudación generaron los Grandes Contribuyentes en el último ejercicio fiscal.

Veremos qué tan afilados tienen los colmillos en el SAT. Lo que queda claro es que la nueva jefa del organismo quiere dejar huella como la implacable administradora que llevó la recaudación de impuestos a niveles récord.

Lomelí ¿a tribunales?

La inhabilitación y multa que le puso la semana pasada la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, a Laboratorios Solfrán S.A. y Lomedic S.A. de C.V., es posible que pare en tribunales por supuestamente contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público e ignorar la Ley de Sociedades Mercantiles.

A la titular de la SFP, defensora del director general de la CFE, Manuel Bartlett, le reclaman el haber abierto un expediente contra dos empresas pese a que legalmente estas no habrían causado daño patrimonial a alguna institución.

El otro tema es el señalamiento de que las empresas fueran propiedad de Lomelí, ex delegado federal de Jalisco, pues en los hechos no es socio de Laboratorios Solfrán, y en Lomedic dejó su participación accionaria en 2012.

Twitter: @MarioMal

Publicado por El Universal