La mejor política de seguridad, justicia y paz | Ricardo Monreal Ávila

Antilogía

Los eventos de inseguridad no cesan. Culiacán, LeBarón, Nuevo Laredo y más de 30 mil ejecuciones en 11 meses parecieran indicar que la violencia no ha tomado nota de que está en curso un cambio de régimen político, una nueva forma de concebir y actuar en la vida pública.

Está por cumplirse un ciclo generacional (los nacidos en 2005) de quienes han crecido con el tema de la inseguridad en su entorno familiar, escolar, vecinal y social. Han visto pasar desde guerras santas contra el crimen hasta narcoseries en Netflix, que superan el realismo mágico; desde el surgimiento de cárteles criminales icónicos hasta la caída de capos que ya vienen con sus clones o suplentes genéticos; desde la caída de gobiernos por no poder con la inseguridad hasta el relevo de siglas en la Presidencia, con la esperanza de ahora sí terminar con la violencia.

Y debajo de todo este mundo de degradación y deterioro emergen el dolor y el cráneo descarnado del apocalipsis social: más de 250 mil personas ejecutadas, más de un millón de víctimas que lloran a sus deudos o buscan a sus desaparecidos, más de 350 mil desplazados internos en casi 15 años de miedo, terror y duelo nacional.

¿Hay solución? Solución única, inmediata y sin algún tipo de costo no existe. Pero de todo lo que se ha intentado en estos años se pueden tomar prácticas, políticas y propuestas que podrían cambiar el curso de anomia destructiva que hoy vivimos.

Hay, por lo menos, tres niveles de incidencia en los que se debe actuar sin bajar la guardia. Uno es eliminar el nivel de corrupción e impunidad con el que operan los grupos criminales. La delincuencia organizada es, ante todo, delincuencia protegida. La protección puede ser gubernamental, policial, judicial o las tres juntas. En este sentido, la propuesta actual de combatir la corrupción gubernamental va en el sentido correcto.

El segundo nivel es la reforma de los aparatos de seguridad pública y las instituciones de procuración de justicia. Aquí se encuentra la clave para terminar con la impunidad que, junto con la corrupción, es el principal estímulo de la violencia. El circuito policías-agentes ministeriales-jueces se debe alinear en torno al objetivo de mayor asertividad, integridad y profesionalismo en la resolución de los casos. Asimismo, la reforma debe tener un contenido explícito de justicia transicional (protección a los derechos humanos y reparación del daño) y garantías de no repetición de agravios.

El tercer nivel es la justicia social. Se debe revertir la extensa base sociodemográfica que actualmente tiene la delincuencia. Dar opciones de vida, educación, salud, empleo y desarrollo a las y los jóvenes que hoy fácilmente se enrolan en las conductas generadoras de violencia. Eso buscan los programas sociales en curso, cuyo perfil es preventivo e indicativo, no punitivo ni intrusivo. Esta dimensión requiere de toda una generación para ver sus frutos.

En pocas palabras, la mejor política de seguridad, justicia y paz que necesita México es una política económica que genere empleos estables bien remunerados, y una política social que reduzca las desigualdades estructurales.

La violencia actual se incubó durante dos generaciones. Revertirla en un lustro sería la coronación del cambio de régimen político que está en curso.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

@RicardoMonrealA

Publicado por Milenio Digital