La universalidad de la enseñanza superior requiere de financiamiento anual y progresivo

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020

Las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado analizan legislación secundaria

Congreso y Ejecutivo deben trabajar en las reglas de operación de un fideicomiso especial: diputado Romero Hicks

En el foro virtual “Construyendo la Nueva Legislación para la Educación Superior”, rectores de universidades, titulares de tecnológicos y politécnicos, investigadores y alumnos manifestaron que para ampliar la matrícula y llegar a la gratuidad se requiere un incremento anual progresivo, así como una visión descentralizada e igualitaria.

En el encuentro, organizado por las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, que tiene como objetivo analizar la legislación secundaria en la materia, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, y promotor de la iniciativa, señaló que ésta busca crear la Ley General de la Educación Superior, a fin de:

Garantizar el derecho a la educación, incorporar la interculturalidad y propiciar la movilidad nacional.

Otorgar mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para mejorar la planeación y el financiamiento.

Subrayó que es necesario que este marco normativo tenga un fondo federal especial para sus finanzas, de lo contrario quedará en letra muerta, por lo que se deberá trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo en las reglas de operación de un fideicomiso especial y la asignación presupuestal progresiva a los tres subsistemas de educación superior.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), indicó que este encuentro permitirá incorporar las observaciones de los investigadores, especialistas y académicos a la generación de un marco normativo que optimice la educación superior.

Esta ley debe aportar gobernanza

Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), comentó que se necesita un marco normativo moderno que permita mejor gobernanza para fortalecer la educación superior. Sugirió revisar la estructura federal, evitar reiterar su contenido y que no se incluya lo que corresponde al servicio social.

Pedro Castillo Novoa, de la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación Superior, explicó que las finanzas públicas son limitadas para responder a las necesidades financieras de este nivel educativo, donde además se tiene el reto de ofrecer la cobertura universal, acorde con el mandato constitucional y, al mismo tiempo, superar las crisis sanitaria y económica.

Antonio Ávila Díaz, director general del CENEVAL, indicó que la nueva Ley General de Educación Superior habrá de ser el baluarte jurídico para evitar que se restrinja la facultad y responsabilidad del gobierno o se limiten las libertades de cátedra, investigación, discusión de ideas, fijación de términos para el ingreso, promoción y permanencia de académicos.

Alejandro Miranda Ayala, director general del Consejo para la Acreditación Superior (Copaes), propuso que la iniciativa de ley fomente la existencia de modelos diferenciados de acreditación y la excelencia de aprendizaje, la transversalización de la perspectiva de género, la inclusión y la sustentabilidad.

Enrique Fernández Fassnacht, director general del Tecnológico Nacional de México, afirmó que el reto de esta nueva ley es generar certidumbre sobre el principio de autonomía, establecer las bases para un sistema mejor coordinado e integrado y que considere la creación de nuevas plazas para profesoras.

La directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Aideé Orozco Hernández, afirmó que este órgano se compromete a incorporar la visión humanista, los principios de ética científica, austeridad, equidad, bienestar social y cuidado ambiental, a fin de contribuir con los retos nacionales.

Participación de rectores, especialistas y alumnos

Los rectores y directores de las universidades autónomas de San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa, Oaxaca y Metropolitana, así como de instituciones superiores de la modalidad abierta y a distancia manifestaron que:

Los cambios a las leyes orgánicas requieren de consulta previa a las universidades.

La ley necesita ser clara en el concepto de gratuidad.

Es prioritario brindar mayores recursos a la educación abierta y a distancia.

Que haya piso parejo para no tener estudiantes ni universidades de primera o de segunda.

Docentes e investigadores de diversas universidades autónomas del país establecieron que esta ley necesita:

Garantizar sanciones administrativas para quienes incurran en actos de corrupción.

Evitar la discrecionalidad en la ejecución del gasto a través de la transparencia y rendición de cuentas.

Asignar recursos a la creación de plazas de tiempo completo, porque el 52 por ciento de los profesores laboran por horas.

Vincular la formación dual de la Secretaría de Educación Pública y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

        Dar acceso gratuito a la enseñanza profesional de excelencia en zonas de alta marginación social.

En sus intervenciones los especialistas, alumnos y representantes de la sociedad civil sugirieron agregar al marco jurídico los siguientes elementos:

Permitir que universidades participen en la reforma de sus leyes orgánicas.

Vincular de manera simultánea la teoría con la práctica para generar las competencias que demanda el sector laboral.

Atender las observaciones de las contralorías y evitar episodios como la llamada “Estafa Maestra”.

Crear nuevamente la subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.

Reconocer la excelencia educativa en el momento de asignar recursos.

Participación de senadores y diputado local

El senador Rubén Rocha Moya (Morena), presidente de la Comisión de Educación, destacó la importancia de la participación de los legisladores, directivos, docentes, investigadores, alumnos e integrantes sindicales para conocer sus propuestas en torno a la iniciativa en materia de educación superior.

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI), presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, propuso una mesa de trabajo con las secretarías de Hacienda y de Educación Pública, legisladores y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), a fin de revisar el aumento de recursos para este nivel de enseñanza.

A su vez, el senador Daniel Gutiérrez Castorena (Morena), integrante de la Comisión de Educación, dijo que es el momento de aclarar las dudas respecto de esta ley; una de las más importantes es la relacionada con el financiamiento respecto de la gratuidad.

Por su parte, la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena), integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que para resolver los problemas de la formación superior se ha trabajado en construir una legislación que garantice su universalidad.

 Del PAN, la senadora Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Educación, consideró que los recursos son la joya de la corona porque la gratuidad y universalidad sólo se cristalizarán en la medida en que se tenga un acompañamiento y sostenibilidad presupuestal.

La diputada local Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de Jalisco, destacó la autonomía universitaria e hizo énfasis en la libertad de cátedra para que los profesores enseñen a los estudiantes lo que tenga rigor científico y cultural.

Texto y Foto: Cámara de Diputados