Las reformas de la 4T | Ricardo Monreal Ávila

Antilogía

Además del primer año de gobierno, el pasado domingo se cumplieron también 15 meses de la actual legislatura, la LXIV, que se ha caracterizado por el importante número de reformas constitucionales y legales que ha dado al país.

En este sentido, es importante hacer un corte de caja de los ordenamientos aprobados en este tiempo. El presidente AMLO abrió su discurso conmemorativo con el siguiente balance:

“Las principales reformas y leyes aprobadas por los legisladores han sido las del combate a la corrupción, la ley de austeridad republicana, la de extinción de dominio, para recuperar y devolver al pueblo lo robado; la reforma al artículo 28 de la Constitución, para prohibir la devolución de impuestos; la clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves; la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito; la revocación de mandato; la consulta popular; la nueva ley laboral, que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos; la ley de salud, para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos gratuitos.

“La cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma a la Constitución, que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, he enviado al Congreso una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, y a las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. En los hechos, pues, estas modificaciones configuran una nueva Constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la Cuarta Transformación de la vida pública del país de manera legal, democrática y pacífica”.

Han sido ocho reformas constitucionales y 59 modificaciones a leyes, códigos, reglamentos y decretos que, en conjunto, constituyen el nuevo marco legal con el que arrancó la 4T como programa rector de gobierno.

Sabemos que las reformas a la Constitución o las nuevas leyes por sí solas no generan cambios. Pero sin un marco legal, un programa de gobierno como el de la 4T sería autoritario y altamente vulnerable.

Tenemos el antecedente de las reformas del “Pacto por México” que impulsó el gobierno anterior, en acuerdo con la élite política y algunos sectores económicos dominantes. Fueron reformas cupulares, no populares —como la educativa, la energética y la fiscal—, que terminaron por retirar el apoyo ciudadano al gobierno de Peña Nieto.

Todas las reformas de la 4T han tenido un amplio respaldo popular, porque van en el sentido de lo que demanda la ciudadanía, a saber: combatir la corrupción, terminar con los abusos del fuero político, reducir el gasto suntuario, separar el poder político del poder económico, y devolver al pueblo lo robado.

No han sido reformas para privatizar bienes de la nación, subastar recursos naturales o imponer gasolinazos. Son reformas para darle poder y bienestar a la gente. Si se sometieran a un referendo ciudadano, las reformas constitucionales de la 4T pasarían la prueba de las urnas. Además de legales, serían legítimas, como de hecho lo son, por el respaldo de la sociedad.

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@RicardoMonrealA

Publicado por Milenio Digital