Ciudad de México, 29 de octubre de 2025

Aunque la legislación otorga un marco de acción, no incluye propuestas para evitar la colusión de autoridades con delincuentes y pone en riesgo a las propias víctimas.

Más que reclamos y culpas al pasado, la seguridad en nuestro país requiere propuestas y acciones enfocadas en alcanzar la paz, pues las cifras mueven, irrefrenablemente, a la reflexión luego de los últimos datos del INEGI que revelan un importante incremento en la percepción de inseguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Dichos números reflejan las profundas preocupaciones ciudadanas que a su vez ponen de manifiesto todas las problemáticas derivadas de la criminalidad, ya ampliamente normalizada entre la población, particularmente en el tema de extorsión.

Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, durante la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la Diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Mónica Sandoval, sostuvo que el dictamen otorga un marco de actuación al Estado Mexicano para emprender acciones que enfrenten la problemática, pero no incluye propuestas concretas que pudieran robustecerlo, y al contrario, representa varios riesgos.

Aunque exista información sobre el delito, con esta Ley las autoridades podrán responsabilizar a las víctimas de extorsión por no prevenir el suceso, amén que se otorga a la Policía Federal Ministerial y al Ministerio Público, la posibilidad de consultar la información generada por el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, sin reglas claras y sin el debido cuidado de datos personales.

Tampoco se garantizan los mecanismos necesarios para evitar la coalición entre autoridades y organizaciones del Crimen Organizado, ya que en repetidas ocasiones se ha acreditado que son las propias autoridades quienes filtran los datos de las personas que interponen denuncias al respecto para acosarles y amenazarles.

Si bien reconoció la inclusión de una de sus iniciativas formulada en coordinación con la legisladora, Ana González, lamentó que otras propuestas no hayan sido integradas al dictamen final. En ese sentido, enfatizó que una de las tareas más indispensables para el Grupo Parlamentario del tricolor es precisamente, la seguridad, por lo que se presentó una propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, como una herramienta para garantizar el pleno desarrollo de la comunidad.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados