Ciudad de México, 25 de junio de 2025

Hoy se plantean políticas que buscan fortalecer nuestras instituciones y proteger a los y las ciudadanas, con nuevos modelos de actuación, sostuvo.

Aquí no estamos criminalizando a nadie, estamos fortaleciendo las herramientas para combatir la impunidad, subrayó la diputada Julia Arcelia Olguín.

La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, manifestó que el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el complemento normativo para consolidar un modelo integral de seguridad ciudadana basado en la prevención, profesionalización policial y la inteligencia estratégica.

Desde tribuna para fundamentar la propuesta, la legisladora indicó que esta nueva legislación no surge de la nada, sino que es el resultado de una revisión profunda de las deficiencias estructurales del sistema anterior y de las demandas sociales de mayor necesidad, así como de la necesidad también de armonizar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno bajo una lógica de colaboración, de transparencia y de resultados”.

“Actuando en congruencia con estos compromisos asumidos por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de seguridad y en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, hoy se plantean políticas que buscan fortalecer nuestras instituciones y proteger a los y las ciudadanas, con nuevos esquemas y modelos de actuación que nos orienten a seguir construyendo por una paz duradera en nuestro país”, indicó.

Saiden Quiroz, integrante de la bancada de Morena, agregó hoy con este dictamen, se materializa lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, pues se complementan las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que consisten en responder a los requerimientos de una sociedad de manera eficaz, eficiente y diligente en el desempeño de las funciones para alcanzar la paz social que todos los mexicanos anhelamos.

Asimismo, mencionó que la esencia de esta nueva ley, radica en los siguientes elementos para destacar: Primero, racionaliza el uso de los recursos federales en materia de seguridad pública, porque no se trata solo de gastar más, sino que se trata de gastar mejor. Se establecen también criterios claros en la aplicación y seguimiento, así como en la evaluación del gasto con la intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo, se profesionaliza a nuestras fuerzas de seguridad a través de un plan rector de formación con estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado. “Buscamos contar con una mejor policía, policías mejor capacitados, más éticos y con vocación de servicio”, detalló.

Como tercero, se fortalece la inter-operatividad institucional. Los registros nacionales deberán alimentarse diariamente con información confiable, lo que nos va a permitir respuestas más rápidas y eficaces. Esto, explicó, se articula directamente con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación.

En un Cuarto apartado, esta reforma flexibiliza los órganos de coordinación. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y las conferencias nacionales podrán sesionar de forma virtual o conjunta, adaptándose a los retos de cada momento y fortaleciendo el diálogo interinstitucional.

Quinto, se reconoce también expresamente a la Guardia Nacional como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública en seguimiento, por supuesto, al artículo 21 constitucional. Esta incorporación dijo, no es simbólica, sino que dota de certidumbre jurídica a su participación y, por supuesto, la integra plenamente a la coordinación nacional.

Y Sexto, se crean puentes con los Poderes Judiciales y otras instituciones para unificar criterios, compartir buenas prácticas y generar políticas públicas transversales, porque la seguridad no solo es tarea de la policía, es responsabilidad de todo el Estado mexicano. VII, se establece una policía y una política nacional de acreditación y certificación, tanto institucional como individual.

“Esta ley es más que una norma administrativa, es una visión de futuro, un modelo de seguridad con rostro humano, con capacidades técnicas y con compromisos éticos”, apuntó la diputada federal Jessica Saiden.

En ese contexto, Julia Arcelia Olguín Serna indicó que la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puntualiza que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el propósito de regular la integración, organización y el funcionamiento del sistema de seguridad en el país. También promueve una distribución clara de competencias entre la federación, los estados y los municipios, y una coordinación más efectiva en la implementación de políticas de seguridad.

Al fijar la postura de la bancada de Morena, expresó que se busca evitar duplicidades y conflictos de jurisdicción que entorpezcan las acciones de seguridad. Pretende alentar que las autoridades de los distintos niveles trabajen de manera conjunta y alineada bajo un marco normativo común. También, plantea cerrar un registro de usuarios de telefonía móvil y obliga a los operadores a inhabilitar las líneas que no estén asociadas a una persona, salvo los servicios de seguridad y emergencias.

Agregó que esta ley da lugar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, gobiernos estatales, la Presidencia de la Confederación Nacional de Seguridad Pública Municipal y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Púbica.

Olguín Serna también explicó que se incorpora una herramienta que ha generado debate: El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Lo decimos con toda claridad: No se trata de espiar a nadie, se trata de cerrar espacios al crimen que se esconde atrás del anonimato, al que extorsiona, al que secuestra utilizando redes sin rastro.

“A eso se enfrenta esta reforma, a quienes delinquen, no a la ciudadanía. Aquí no estamos criminalizando a nadie, estamos fortaleciendo las herramientas para combatir la impunidad y se hace con responsabilidad, con controles, con alineamientos y bajo la conducción institucional, apuntó.

Texto y Foto: Cámara de Diputados