Ciudad de México, 28 de octubre de 2025

Ayudará a dar certeza jurídica a las inversiones y avanzar en los compromisos internacionales, destaca Maki Esther Ortiz

México necesita una política pública sólida, respaldada por una regulación moderna, ambiciosa y de vanguardia, que responda a la magnitud de los retos ambientales que enfrentamos como nación, expresó Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

Dijo que el Poder Legislativo tiene la alta responsabilidad de actualizar la Ley General de Cambio Climático para integrar diversos componentes, que permitan regular las soluciones basadas en la naturaleza como elemento central de la mitigación y adaptación, pues sólo así se puede dar certeza jurídica a las inversiones y que México avance en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Nuestro país, agregó, tiene la oportunidad de convertir las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en una palanca de cambio que nos permitan concretar acciones regulatorias de conservación, restauración y justicia climática.

Al inaugurar el foro “Construcción de un marco regulatorio que consolide la acción climática en México”, subrayó que “es el momento de legislar con la visión de integrar la naturaleza y el clima en un sólo instrumento regulatorio, y asegurar que la acción climática no sea aspiracional, sino tangible”.

Ortiz Domínguez refirió que, de acuerdo con organismos internacionales, las soluciones basadas en la naturaleza representan una palanca fundamental para la mitigación de emisiones y para la adaptación del cambio climático.

Agregó que, de acuerdo con el último Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se estima que el 75 por ciento de la superficie terrestre ya ha sido significativamente alterada por actividades humanas, que un millón de plantas y animales están amenazadas de extinción y que cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques.

La actualización de la contribución determinada a nivel nacional (NDC 2022) plantea un compromiso de reducir 35 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera incondicional y hasta un 40 por ciento, bajo un nivel de apoyo internacional para el 2030.

Al tomar la palabra, Diana Guzmán, directora de Políticas de Mitigación al Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que actualizar la Ley General de Cambio Climático ayudará a reflejar las prioridades de los mexicanos y fortalecerá la participación de todos los actores.

“La propuesta de ley que estamos trabajando busca responder a un contexto global y nacional profundamente transformado, en el que la emergencia climática exige medidas más ambiciosas, mecanismos financieros innovadores, mayor transparencia en el seguimiento de resultados y una coordinación efectiva entre instituciones”, subrayó.

En tanto, Gabriela Rodríguez, directora de Cambio Climático de la Embajada Británica en México, refirió que los países que cuentan con una ley de cambio climático tienen nueve veces más retorno de inversión económica, en contraste de los que no la tienen; además de que es un instrumento que permite el crecimiento acelerado y sostenible, así como hacer frente a las catástrofes climáticas.

Por su parte, Andrés Ávila Akerberg, director Ejecutivo de Política y Legislación Ambiental (POLEA), consideró necesario revisar las experiencias de otras naciones para conocer sus resultados y legislaciones. Agregó que Chile, Colombia, Portugal y España, que actualizaron sus leyes recientemente, establecieron las metas hacia la neutralidad de carbono.

Avelina Ruiz Vilar, subdirectora de Política Climática de Iniciativa Climática de México, dijo que para “avanzar hacia la transformación que requerimos, se necesita una nueva gobernanza que apunte a un nuevo modelo de desarrollo y que dicho modelo esté sostenido por una nueva estructura legal e institucional”.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores