Los Usos del Poder | Alfonso Zárate

Huachicol de cuello blanco

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Son muchos los mecanismos que se han diseñado a lo largo de los años para beneficiar a unos cuantos con cargo a los dineros públicos; lo que ha mostrado un Estado al servicio de minorías: contratos a modo, sobrefacturaciones, concesiones… Los “consentidos” no necesariamente han cambiado con cada administración, algunos son trapecistas consumados, maestros de la seducción, que logran acomodarse con quien esté en el poder.

En la construcción de un sistema de privilegios para los cercanos a la autoridad, una pieza clave ha sido la cancelación o la condonación de impuestos, decisiones que han tenido dirección y rumbo. ¿Qué ha habido detrás de esos arreglos entre la autoridad y un puñado de empresarios —algunos de los más ricos de México— que han lastimado a las finanzas públicas? Ante la opacidad que ha rodeado el tema, solo queda construir hipótesis. Quizás, en algunos casos se benefició a quienes contribuyeron de manera generosa en la campaña presidencial y a quienes el “charolero” —generalmente un enviado de alguno de los empresarios más ricos que, en su nombre, pasaba la charola para las contribuciones—, les ofreció que de ganar la elección les regresaría su aportación “copeteada”. En otros casos, tal vez, han sido trueques (“amor con amor se paga”) o, simplemente, la “generosidad” del presidente con sus amigos. En conclusión: condonaciones y cancelaciones perfilan una relación perversa entre el poder político y el poder económico en detrimento de los intereses del país.

De acuerdo a la información que este lunes ofreció Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, tanto disposiciones de la Ley de Ingresos como la facultad presidencial contenida en el artículo 39 del Código Fiscal sustentaron las condonaciones fiscales que se otorgaron a partir del gobierno de Vicente Fox y hasta el de Enrique Peña Nieto, y que alcanzan un valor actual de 400 mil millones de pesos de los cuales más del 54 por ciento (213 mil millones) benefició a solo 108 personas morales (45 promovieron recursos para evitar que se dieran a conocer sus nombres), según informó Ríos-Farjat. De acuerdo con la investigación de Dulce Olvera, tan solo en el gobierno de Peña Nieto los montos de las condonaciones superan los 270 mil millones de pesos (Sinembargo, 4 de enero de 2019).

Se trata de un verdadero atraco a la nación en el que están involucrados personajes “respetabilísimos” que aparecen, con frecuencia, en las páginas de sociales y alguno de los cuales forma parte del Consejo Asesor Empresarial. En contraste, millones de mexicanos hacen enormes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones fiscales y regiones enteras del país sufren de pobreza extrema: sin clínicas ni hospitales, sin agua potable en sus hogares, con escuelas que carecen de lo básico (piso, drenaje, baños). La plétora de unos cuantos lograda con estas malas artes contribuye a explicar la miseria de los más.

No puede ignorarse que hay casos en los que la cancelación de créditos se justifica (el propio Código Fiscal las establece, como ocurre con el propósito de atender la recuperación de una región tras un desastre) o también por la incosteabilidad en el cobro o por la insolvencia del deudor. Pero estos no han sido los casos de algunas de las empresas beneficiadas: durante los últimos doce años están algunas que pertenecen a los hombres más ricos de México.

Por eso es una buena noticia la decisión que anunció el presidente López Obrador de renunciar a su facultad de condonar impuestos, condonaciones que calificó como “huachicol de cuello blanco”, al tiempo que se pronunció por aplicar en la recaudación el principio de progresividad: que contribuyan más quienes tienen más ingresos. También anticipó que toda la información, conteniendo los nombres de las personas físicas o morales beneficiadas, será enviada al Inai y al Poder Judicial.

El Ejecutivo Federal se compromete “a no otorgar mediante decretos presidenciales o cualesquiera otra disposición legal o administrativa, condonaciones o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.” No más huachicoleo de cuello blanco.

Presidente de GCI.

@alfonsozarate

Publicado por El Universal