Ciudad de México, 20 de noviembre de 2024

La diputada del PAN indica posibles violaciones de competencias y de normatividad federal que podrían afectar la seguridad y bienestar de la población usuaria

Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, asevera que defenderán a los órganos autónomos y pugnarán por más presupuesto para los estados

La diputada María Guadalupe Jiménez Zamora (PAN) exhortó al Gobierno de Tlaxcala a retirar la Declaratoria de Necesidad Pública para regular el servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco–Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del estado, el 20 de septiembre de 2024.

Sostuvo que esta medida, al incluir tramos de jurisdicción federal, sin un acuerdo previo con la autoridad competente, presenta posibles violaciones de competencias y de normatividad federal, que no sólo contravienen la legislación, sino que también podrían afectar la seguridad y bienestar de la población usuaria.

“Reconocemos la intención de mejorar la movilidad en la entidad, es importante señalar que la regulación de dichas vías es una atribución exclusiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)”, manifestó en conferencia de prensa, acompañada por la diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, legisladores de su bancada y transportistas.

En ese sentido, informó que presentó un punto de acuerdo para que el Gobierno de Tlaxcala evalúe alternativas viables que respondan adecuadamente a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y respete las competencias de cada nivel de gobierno.

Jiménez Zamora expuso que la Declaratoria de Necesidad Pública establece lineamientos como la característica de los vehículos y las condiciones para la emisión de las concesiones, pero cualquier regulación en tramos federales, sin autorización correspondiente, constituye una invasión de competencias.

“Actuar fuera de la normatividad no sólo compromete el sistema, sino que afecta directamente a los transportistas que dependen de estas rutas para su sustento”, aseveró.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, cuestionó la determinación de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y sugirió que es “como un traje hecho a la medida, con dedicatoria para alguien o alguna empresa que posiblemente tenga algún interés”.

Agregó que la Declaratoria de Necesidad Pública emitida por el Gobierno de Tlaxcala carece de autorización de la autoridad federal como lo estipula la ley, y sin ella la entidad no tiene competencia para regular ni concesionar tramos federales, de lo contrario, genera conflicto de competencia, afectando el orden del sistema de transporte.

Pérez Díaz anunció que el PAN enviará un oficio directo al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que revise los términos de esta medida y resuelva de acuerdo a la ley.

A su vez, representantes de transportistas externaron su preocupación por la Declaratoria de Necesidad Pública y exigieron a la SICT reasumir sus funciones y facultades y diseñar un programa que facilite el ordenamiento del transporte público, respetando los derechos adquiridos de los transportistas que han operado por décadas.

Por su parte, la diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, externó su respaldo a estas demandas, pues el transporte público es un sector que impulsa el desarrollo y economía del país.

Respecto a la reforma en materia de organismos autónomos, la líder parlamentaria advirtió que defenderán, incluso en las calles, a los ciudadanos, como lo hicieron esta mañana al manifestarse en contra de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en Avenida Insurgentes Sur.

“No pueden borrar, así como así a siete organismos autónomos que le han costado mucho a los mexicanos. Al final del día la autonomía presupuestal y administrativa garantiza que haya un actuar imparcial y objetivo. Y lo que pretende, lejos de una simplificación administrativa, es engrosar una dictadura y eliminar estos mecanismos”, aseveró.

Apuntó que hay 7 mil 401 sujetos obligados en el país, entre ellos, sindicatos, ayuntamientos, gobiernos estatales, dependencias federales, la Cámara de Diputados, los propios organismos autónomos que deben rendir cuentas a los mexicanos. “La transparencia es la defensa que tenemos para saber qué se hace con el recurso que es de todo”, dijo.

Asimismo, aseguró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 hay un recorte a las entidades federativas que impacta a los sectores de salud, educación, seguridad, y “agradezco que el coordinador de la mayoría que me conceda la razón, pero vamos a ver cómo actúan el día de la discusión, si realmente vamos a poder mover el PEF 2025 y destinar más recursos a los estados”.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados