MENSAJE DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, Y EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, AL TÉRMINO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ciudad de México, 4 de abril de 2018
Consejero Lorenzo Córdova Vianello: Muchísimas gracias, señor Secretario; muy buenos días a todas y todos ustedes.
General García Jaramillo.
Señor Comisionado Nacional de Seguridad, maestro Renato Sales.
Buenos días a todas y a todos ustedes.
Quiero comenzar, señor Secretario, agradeciendo la oportunidad de esta reunión y la presentación que se nos ha hecho, del Protocolo de Seguridad que el Estado Mayor Presidencial y la Comisión Nacional de Seguridad han diseñado para proveer precisamente seguridad personal a la o los candidatos que así lo soliciten.
Para nosotros, y bien como decía el señor Secretario, no somos responsables de las medidas de seguridad de ningún candidato, incluyendo aquí a los candidatos, a la y los candidatos presidenciales, sí tenemos como señalaba el propio Secretario de Gobernación, una función, un mandato legal.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la presidencia del Consejo así lo dispone el artículo 244, párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, funge como una especie de conducto para las instancias responsables del Estado mexicano de proveer seguridad, de transmitir los requerimientos de seguridad personal que así lo soliciten los candidatos.
Creo que hacer un énfasis en esta secuencia, digamos, de responsabilidades legales, es particularmente importante.
El Instituto Nacional Electoral no es un órgano competente para juzgar y transmitir a las instancias de seguridad, por conducto de la Secretaría de Gobernación, que es la cabeza del Gabinete de Seguridad del Estado mexicano, del Gobierno Federal, no es el propio Instituto Nacional Electoral el que va a juzgar, el que debe juzgar las condiciones de seguridad, sino que son las y los candidatos y, eventualmente, los partidos políticos quienes hacen, quienes deben hacer la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral.
Estamos hablando de candidatas y candidatos a cargos federales, los cargos locales son, siguen las mismas reglas pero a través de los institutos electorales de los estados, insisto, son las candidatos, los candidatos, eventualmente los partidos políticos los que tienen que detonar una solicitud de protección, de seguridad personal a quienes aspiran a un cargo de elección popular.
Y es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, a través de su presidencia, el transmitir esta comunicación a las instancias del Estado mexicano responsables de la misma, es decir, de la seguridad.
Son estas instancias las que tendrán que proveer, definir uno, si esas solicitudes son procedentes o no y cuáles son las modalidades del eventual apoyo en materia de seguridad que se provean.
Es particularmente importante que en el caso evidentemente de una elección tan grande, la Presidencia de la República juega un papel, tiene un papel fundamental.
Que hoy hayamos tenido conocimiento de este protocolo, lo que hemos convenido con el Secretario de Gobernación, es que haré del conocimiento del mismo a la y los candidatos presidenciales, para que si así lo desean hagan la solicitud correspondiente, que será tramitada sin ninguna dilación a la propia Secretaría de Gobernación.
Creo que es momento propicio, señor Secretario, y siguiendo la pauta de lo que mencionaba en su intervención, para señalar lo siguiente:
El Instituto Nacional Electoral, lo hemos dicho en muchas ocasiones, me permitido reiterarlo aquí, es un órgano que tiene competencias constitucionales bien definidas.
Nosotros tenemos la función de organizar los procesos electorales federales y de manera concurrente con los organismos locales de los estados, también los procesos electorales locales, somos los responsables del arbitraje electoral, pero no somos ni podríamos pretender asumirnos como tales, responsables de generar condiciones de seguridad.
No tenemos ni un mandato constitucional para tal efecto, ni tenemos ni las herramientas, ni los conocimientos, ni los mecanismos para tal efecto.
Creo que es importante señalar que hay instancias, ya lo decía el señor Secretario, constitucionalmente mandatadas para proveer de seguridad y de las condiciones de paz pública, que son necesarias, esas sí, para que los procesos electorales se lleven a cabo.
Un sistema democrático requiere de paz pública, un proceso electoral requiere de paz pública, no solamente para que las campañas se desplieguen de cara a la ciudadanía, no solamente para que las autoridades electorales tengamos condiciones para operar y cumplir con nuestro mandato de organización de los comicios, sino también para que las y los ciudadanos mexicanos, que son los verdaderos autores de los procesos electorales, el INE organiza, pero son las y los ciudadanos los que hacen las elecciones, sea como funcionarios de casilla, sea como electores, tengan precisamente esas condiciones para cumplir con el rol al que están llamados a cumplir en democracia.
La seguridad y la paz pública, decía, es indispensable, pero no, y eso, y la construcción de esa seguridad de paz pública implica definiciones bien claras, responsabilidades bien definidas.
El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo, y somos, como lo he dicho en muchas ocasiones, celosos de nuestra autonomía.
Pero somos un órgano del Estado, y entendemos precisamente que la coordinación y la comunicación con las instancias de seguridad es indispensable para que podamos cumplir con nuestra tarea de organizar los comicios.
Insisto, no traslapando responsabilidades, no subrogándonos a la responsabilidad de proveer paz pública y seguridad que tiene el responsable claramente definidos, pero sí estableciendo canales de comunicación tan fluidos como sea posible y tan coordinados como sea necesario, precisamente para que las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales y, particularmente es éste, el que estamos viviendo, el proceso electoral más grande de nuestra historia democrática llegue a buen puerto.
Yo terminaría diciendo, si me permite, señor Secretario, que la organización de las elecciones supone una serie de responsabilidades compartidas.
Por supuesto las autoridades electorales tenemos una responsabilidad directa e inmediata en la organización de los comicios, en garantizar que el día de la elección las más de 157 mil casillas que prevemos instalar estén debidamente instaladas, estén integradas con los ciudadanos que han sido sorteados y capacitados para tal efecto.
Hay una responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos, que es desplegar en estas campañas que comenzaron hace cinco días, una, digamos un debate tan intenso y eventualmente ríspido como sea necesario, pero ojalá tan profundo y propositivo como lo requiere la atención y la discusión de los grandes problemas nacionales de cara a la ciudadanía.
Hay una responsabilidad de los medios de comunicación de proveer información lo más objetiva, lo más puntual, lo más oportuna posible, porque de eso va a depender al final que el voto sea informado y consecuentemente libre.
Y hay una responsabilidad de las y los gobiernos federal, locales y municipales, de apegarse, digamos al mandato de imparcialidad que la propia Constitución establece por un lado, pero también de generar las condiciones de seguridad.
Vuelvo al punto, la construcción de una elección implica un conjunto de responsabilidades compartidas.
Por lo que hace al Instituto Nacional y agradezco la disposición de la Secretaría de Gobernación de mantener esa comunicación fluida y permanente, para que en el ámbito de nuestras responsabilidades podamos cumplirle a la sociedad mexicana, no solamente generando paz pública, por un lado, sino por el otro lado, y las condiciones para que haya elecciones, sino también para que esas elecciones sean el marco para que las y los mexicanos el próximo primero de julio podamos votar en paz, pero sobre todo en libertad.